Actualidad Conversaciones con autoridades regionales se inician en crispado ambiente de violencia postelectoral y endebles minorías victoriosas.

El Chongo y el Chato (VER)

Martes 28, 1:45 p.m., Palacio de Gobierno. Presidente Alan García y electo alcalde de Trujillo, Cesar Acuña, bromean a su salida de la “Mesa de Concertación por la Descentralización”.

Las contusiones producidas por la violencia postelectoral registrada en diversas zonas del país luego de las elecciones del domingo 19, disminuyeron con el intercambio de sonrisas, encomios y promesas efectuadas en Palacio de Gobierno a inicios de esta semana. Las reuniones que el presidente Alan García sostuvo con autoridades regionales y provinciales para delinear la nueva política de descentralización (ver más en la página siguiente) han servido de paños fríos frente a un escenario particular: luego de la quema de ánforas y la toma de locales de votación y municipios distritales, las elecciones han dejado un mapa político disperso, y una crisis de gobernabilidad latente con autoridades locales elegidas con porcentajes bastante discretos.

El gobierno piensa aprovechar la situación y el intercambio fluido con las nuevas autoridades elegidas es una clara muestra de ello. Sin embargo, el panorama podría tornarse mucho más complejo.

“Esos 206 detenidos han dado el primer paso hacia el terrorismo y deben ser acusados y enjuiciados por esa razón”, dijo García el domingo 26, a propósito de las personas apresadas por los hechos de violencia. Al cierre de edición, se habían producido 130 casos de desorden público en distritos y provincias de todo el país, con el siguiente desagregado: Amazonas (4), Ancash (12), Apurímac (3), Arequipa (4), Ayacucho (2), Cajamarca (22), Callao (1), Cusco (7), Huancavelica (8), Huánuco (2), Ica (4), Junín (7), La Libertad (3), Lambayeque (1), Lima (7), Loreto (7), Moquegua (1), Pasco (4), Piura (8), Puno (11), San Martín (6), Tumbes (2) y Ucayali (2). En casi todos los sitios se registró toma del local de votación y quema del material electoral.

El domingo 19, en Cotabambas, Apurímac, 1,500 pobladores rodearon el centro de votación impidiendo la salida del personal de la ONPE hasta el día siguiente. Igual situación se vivió en Chota, Celendín y Contumazá en Cajamarca. En Jaén, incluso se ocupó la casa del alcalde. El lunes 20, en Chavín de Huantar, Huaraz, un soldado de apenas 18 años murió al caer a un precipicio de 500 metros cuando intentaba huir de una turba que protestaba por la presencia de “votos golondrinos” en los comicios. El martes 21, 500 personas que se oponían a la reelección de Rennán Espinoza en Puente Piedra, destrozaron el Palacio Municipal. Al día siguiente se bloqueó la Avenida Túpac Amaru en Carabayllo, esta vez en protesta por la reelección de Miguel Ríos de Unidad Nacional.

Pero la violencia no sólo se ha circunscrito a las zonas alejadas del país o a los conos de Lima. El candidato de Unidad Nacional a la alcaldía de San Isidro, Guillermo Thornberry, fue agredido de manera brutal la noche del viernes 24. Thornberry sacó 20%, Jorge Salmón 27% y Antonio Meier entró como una tromba con más de 43% en los resultados finales. Dadas las circunstancias y las personas resulta absurdo que un perdedor mande golpear. El caso se encuentra en investigación.

Balance Precario

En algunas jurisdicciones el porcentaje de votos es dramático y está intrínsecamente relacionado con el tema de la violencia. Según el conteo de la ONPE, en 61 provincias de las 159 que tiene el Perú se han elegido alcaldes con menos del 25% de los votos. Los casos más sensibles se vuelven a registrar en Puno en las provincias de Lampa (15.6%), Moho (15.1%) y San Román (13.7%). Avanza País, partido que obtuvo la presidencia regional con 18.9%, no tiene presencia en ninguna provincia o distrito, lo que hace bastante complicada su gestión como gobierno. Todas estas jurisdicciones podrían ser “Ilaves” en potencia, o “escenarios políticos con una situación social inestable”, según Eduardo Ballón, de Propuesta Ciudadana. En el 2002, Cirilo Robles obtuvo 22.1% en unas elecciones atomizadas, con más de diez candidatos participando. Dos años después, en abril de 2004, fue linchado en la Plaza de Armas de la ciudad. Los virtuales alcaldes presentan porcentajes aún más bajos de elección en estos comicios.

Es en este contexto donde el debate sobre la segunda vuelta electoral para las regionales y municipales ha vuelto a tallar. El presidente de la comisión de Constitución, Aurelio Pastor (APRA), señaló a CARETAS que presentará una iniciativa legislativa para establecer una valla mínima de 33% en la elección de estas autoridades. Pero el plazo para el cierre de la legislatura vence el 15 de diciembre, por lo que el tema recién sería visto en marzo del próximo año. En el Congreso anterior se presentaron hasta tres iniciativas legislativas que no prosperaron.

¿Cuáles han sido los motivos que atizaron la violencia postelectoral? La ONPE y el JNE iniciaron una sorda disputa tratando de culparse mutuamente por la aparición de los denominados “votos golondrinos”. Estos se registraron en su mayoría en distritos y provincias de Puno, Cajamarca y Ancash, los departamentos con mayor índice de hechos violentos. Según la ONPE, la fiscalización efectuada tres meses atrás por el JNE, con el objetivo de actualizar el padrón electoral, incurrió en errores que terminaron por borrar del mapa a más de nueve mil electores. La RENIEC cotejó el padrón y determinó que al menos cinco mil electores estaban en condiciones de votar. Otra causa fue la encuesta a boca de urna, que motivó inclusive un comentario a favor de su desaparición por parte del Presidente de la República. En efecto, no son encuestas reales y sus resultados pueden generar expectativas erróneas. Prohibirlas, por lo tanto, no atentaría contra la libertad de información. (C.H.)