Actualidad Impulso del Presidente al nuevo debate sobre pena de muerte equivale a cazar problemas innecesarios y transmitir imagen chocante.

Tres Pies al Gato (VER)

Alan García pronunció un enfático discurso en la inauguración del año judicial el pasado miércoles 3. Aunque allí no se refirió al tema de la pena de muerte, en el Congreso el tema ya se preparaba para ser debatido en el pleno.

Es como si el presidente Alan García fuera un jugador que, embriagado de buena suerte, se arriesga con apuestas desbocadas.

Por admisión propia, el Perú que le ha tocado gobernar por segunda vez es favorecido por un contexto casi nunca visto en su historia republicana (CARETAS 1957). Sin embargo insiste con embarcarse en una campaña para implantar la pena de muerte que ya linda con la necrofilia política.

El Presidente ha pretendido responder a un supuesto clamor popular que todavía no se sabe muy bien cómo se mide. Las encuestas y los columnistas obsesionados por privilegiar el tema en agenda no parecen ser los termómetros más confiables. Algo similar ocurre con el debate en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver nota siguiente).

Esta vez la mano de cartas no tiene por donde ganar.
Si naufraga su iniciativa para implantar la sanción capital por delito de terrorismo, se inferirá que a menos de seis meses de iniciado su mandato carece de capacidad de influir al Legislativo en los que considera sus proyectos bandera.

Pero si logra la aprobación de la ley se enfrentará a la estigmatización internacional. Justo cuando la inserción al mundo globalizado, ese que quiere desterrar para siempre la pena de marras, es su necesidad y objetivo.

Sería apenas el problema inmediato, al que le seguirá la dramática lista repasada en el editorial adjunto.

El Juego del Congreso

Tras consultar con varios de sus más cercanos colaboradores, se puede concluir que la pelota ha sido jugada en frontón entre el Presidente y la cédula parlamentaria. Prominentes miembros del gabinete consultados mostraron reticencia con el tema para luego reconocer su desacuerdo.

El proyecto de ley llegó al Congreso el 11 de noviembre con la rúbrica de García y, como corresponde, la del premier Jorge del Castillo. Traía consigo la solicitud de ser tramitada con urgencia.
Cuando en diciembre último fueron asesinados cinco policías y dos trabajadores de Enaco en la localidad de Machente, AGP aprovechó para emplazar de nuevo el tema en la palestra.

“Los terroristas necesitan, insisto, recibir la máxima energía y la mayor sanción que la ley humana y divina permite”, dijo, y le recordó al Parlamento el trámite de su pedido.

La secuencia planificada terminó en desbarajuste. Se esperaba que la Comisión de Justicia emitiera su dictamen sobre el proyecto para que luego la de Constitución hiciera lo propio. Luego pasaría a ser debatido y votado en el pleno.

En vísperas de navidad el congresista aprista Aurelio Pastor ratificó ese propósito a la agencia IPS. “Por supuesto que (en Constitución) no nos vamos a adelantar a la Comisión de Justicia, eso lo aseguro. Nosotros también hemos solicitado opiniones de expertos”.

Pero el ventarrón del martes 9 se llevó las promesas. El presidente del grupo de Constitución, Raúl Castro, informó sobre el acuerdo para evaluar las opiniones de los juristas que fueron invitados el lunes 8* y aplazar la presentación del dictamen en un asunto tan trascendente.

Esa misma tarde se dio a conocer que la Comisión de Constitución, aquella presidida por Pastor, se adelantó y ya tenía un predictamen favorable al proyecto del Ejecutivo.

Como fuera, las opiniones que tuvieran ambas comisiones fueron dejadas de lado por la Junta de Portavoces del Congreso, que fijó en esta semana el plazo para su presentación. Caso contrario, el debate sería trasladado al pleno exonerado del trámite de comisión. Léase: sin dictamen.

En el pleno tampoco se requerirá de mayoría calificada (81 votos) para aprobar la ley. Bastará con los 61 escaños de la mayoría simple. Muy poca cosa si se toma en cuenta el calibre de la discusión.

Sucede que la ley no modifica un artículo de la Constitución, para lo que sería requerida la mayoría calificada, sino que hace efectiva la sanción contemplada en el artículo 140 de la carta magna de 1993.

Al cierre de edición la estructura de la votación era incierta. Los cálculos más optimistas arrojaban el faltante de unos seis votos para aprobar la ley.

Miembros del Partido Nacionalista, Unidad Nacional y la Alianza Parlamentaria de Centro expresaron que votarían en contra.

Hay disidentes apristas como Javier Valle Riestra (que dice votará en contra) y de Unidad Nacional como Lourdes Alcorta (se encuentra a favor).

Los quince votos de la Alianza por el Futuro, por el contrario, estaban casi asegurados. La ley los beneficiaría en más de una manera. Legitima un discutible aspecto de la Constitución de 1993 y los otorga a los grupos terroristas la condición de gran amenaza latente en la que se basa parte de la supervivencia política de los fujimoristas.

Trascendió que además el parlamentario nacionalista Isaac Mekler sondeaba entre la escisión upepista sobre los votos a negociar allí.

Mal Irreversible

En el frente externo el papel ya se convierte en papelón.

García dice que quiere abrir la cancha y no depender exclusivamente del TLC con Estados Unidos.

Pues bien. En las próximas semanas comenzarán las negociaciones entre la Unión Europea y la tambaleante Comunidad Andina para arribar a un acuerdo de asociación. Perplejos, los europeos se rascan la cabeza ante la propuesta de García.

El canciller italiano Máximo D’Alema acaba de visitar el Perú y firmó un canje de deuda por desarrollo social. Luego de la bárbara ejecución de Saddam Hussein, su gobierno que estrena asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inicia una campaña para proscribir la pena de muerte en todo el mundo.

Alemania, que preside la UE, apoya la postura que es al fin y al cabo la posición oficial de la Unión.

El martes 9 se dio a conocer una nota prensa de la UE. Allí se expresa “profunda preocupación” por el debate en el Congreso. Reitera que la pena de muerte “es un castigo cruel y una violación del derecho a la vida… no otorga valor agregado en términos de disuasión… cualquier mal uso de la justicia, lo cual es inevitable en cualquier sistema legal, sería irreversible”.

De repente García lleva su olfato más al Asia. No la del kilómetro 97, sino la de verdad. China y Japón, dos países con los que anhela profundizar relaciones comerciales, practican la pena capital. El nuevo secretario general de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki Moon, tomó distancia del comprometido abolicionismo de su antecesor Kofi Annan y dijo que su aplicación es asunto de cada país.

Pero en el camino AGP sella una alianza con los más reaccionarios sectores locales de derecha. A punta de querer convertirse en el anti Toledo, termina por tocar de nuevo el extremo de Fujimori y dejar que la cola menee al perro. (Enrique Chávez)

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* En la parte superior en formato PDF se puede acceder al documento elaborado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la presentación en el Congreso de la doctora Elizabeth Salmón.