Actualidad El plazo se cumple la próxima semana. Lo frío, lo caliente y lo tibio en el plan de emergencia propuesto en la campaña.

El Balance de los 180 Días (VER)

Los plazos de evaluación gubernamental no suelen despertar consenso.

Cuando la prensa quiso ponerles nota a los cien primeros días del segundo gobierno de Alan García, el mandatario pidió esperar a los dos años y medio. Además tildó de “fracasados” a quienes proponían examinar su gestión luego de tres meses de fajarse la banda presidencial.

El primer ministro Jorge del Castillo consideró “mezquina” la intención de la oposición y recordó que los apristas criticaron a Alejandro Toledo a cien días de comenzar su mandato porque entonces este “estaba hasta el cien”.

Las fechas escogidas por la prensa para practicar el ritual del examen pueden ser muchas.

Pero en esta ocasión fue la propia campaña aprista la que impuso la vara. En diciembre del 2005 el candidato García anunció en el Campo de Marte un plan de emergencia para los primeros 180 días. Cuatro meses más tarde sus lineamientos se publicaron en la edición 1919 de CARETAS.

“En 180 días no salen las obras públicas”, justifica Del Castillo en su despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue él, para más señas, quien dirigió la elaboración de dicho plan.

“Los logros que se muestran en seis meses son las tendencias”, agrega. “En 180 días no salen las obras públicas, las cosechas. El 3 de febrero, por ejemplo, sale la carretera de Combayo. En una semana zarpa el primer cargamento de paltas hacia la Unión Europea. Es el primer envío de (el programa) Sierra Exportadora”, dice para recalcar el valor simbólico.

Del Castillo cita logros innegables en este primer tramo. El acuerdo de aporte extraordinario minero y la reducción de la renta básica cobrada por Telefónica coronan su lista.

A pesar del significativo revés para el APRA, las “elecciones limpias” de noviembre pasado permitieron, para Del Castillo, establecer “un buen equilibrio de poderes con aporte municipal”.

Los tropiezos han sido pocos y evidentes. En verdad guardan relación con los mismos ejes: la aparente coincidencia entre la agenda aprista y la fujimorista, y su consecuencia en el entusiasmo presidencial con la pena de muerte (ver editorial).

La insistencia en las propuestas de pena capital se alimenta en el propósito de no desconectarse con la población y prestarles mucha atención a las encuestas. Pero los sondeos de popularidad demuestran que ésta no ha variado tanto. Los primeros y promisorios números, más que medir la aceptación de García, reflejaban el optimismo frente a una nueva situación (ver cuadro comparativo).

El principio del gobierno también fue marcado por cuestionamientos tempranos a licitaciones del programa Mi Vivienda (CARETAS 1938) e intentos de Agustín Mantilla (“personaje maldito”, a decir de AGP) por influir en la agenda (CARETAS 1941).

La masacre de fin de año en el Valle del Río Apurímac y Ene perpetrada por narcotraficantes confirmó la que parece ser una macabra tradición navideña. Puso en evidencia, además, que a estas alturas la política antidrogas del gobierno sigue enmarcándose con un signo de interrogación.

Evaluación de las promesas

La redacción de CARETAS peinó todos los sectores aludidos en el mencionado plan de 180 días para cotejar las promesas electorales de García con los resultados.

El balance es interesante.

De 32 ítems se puede comprobar el cumplimiento pleno, a estas alturas, en once de ellos.

A esos se les añade nueve procesos que van a mitad de camino.
Doce, por el contrario, no se han cumplido.

Algunos puntos a favor impresionan. Dos ejemplos:

A la fecha, 43,295 personas de escasos recursos se han inscrito al seguro SISALUD, un producto del Sistema Integral de Salud. Mediante el pago de 10 soles mensuales, los asegurados acceden a consultas médicas y atención de emergencias.

Bajo la modalidad del ya existente programa A Trabajar Urbano, y entre diciembre y enero, se asignaron 50 mil puestos de trabajo.

Entre las nueve promesas honradas en parte, son de destacar:

- La entrega de más recursos y atribuciones a regiones y municipalidades. La realidad ha moderado el ímpetu de AGP al respecto. Si bien se vienen transfiriendo más funciones, la capacidad de gestión en los gobiernos regionales obliga a llevar el proceso con mesura. Manifestación de ello es el montaje de oficinas descentralizadas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en las regiones que, sin embargo, siguen bajo control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

- Del mismo modo, la descentralización de la educación arrancará cuidadosa con un programa piloto de 50 municipios y 150 colegios en todo el país. En Lima van Surco, Surquillo, Miraflores, La Molina y Los Olivos.

- Sobre la formación de 20 mil nuevos policías, se ampliaron las vacantes en la Escuela. De 951 en el 2005 se pasó a 1,922 en octubre del 2006. Pero si los números se mantienen en ese nivel se hablaría de apenas cinco mil policías más hacia el final del gobierno.

- El objetivo era entregar 100 mil títulos de propiedad en los primeros 180 días. Al 31 de diciembre se habían entregado 46,986.

- De los 250 inspectores adicionales planeados en el Ministerio de Trabajo se ha nombrado a 130 inspectores. Se prevé capacitar y nombrar a 100 inspectores más en el primer semestre de 2007, y 150 más en el segundo semestre.

- Las compras colectivas del Estado se han iniciado con la subasta inversa de medicinas en el sector Salud (S/.184 millones).

Algunas de las promesas incumplidas nacieron, si se quiere, con trampita:

- Se prometió ampliar la entrega del vaso de leche pero, a la hora de consultar con los sectores, se establece que la responsabilidad del programa es municipal y no hay datos certeros. ¿Por qué entonces se incluyeron variables por fuera del alcance gubernamental?

- Algo similar pasa con el cobro de los activos “del Estado a los acreedores, quienes se beneficiaron con las privatizaciones”. Fue una de las banderas de García en campaña y hoy en el gobierno alegan que la decisión depende del Poder Judicial. Sider Corp debe más de US$ 75 millones por la privatización de la siderúrgica de Chimbote y representa el 90% de la deuda de esta naturaleza mantenida con el Estado.

Otros saldos en rojo ya tienen plan de acción pero no califican porque los procesos recién están por echarse a andar:

- Se planea extender la hora adicional de clases, este año, a los colegios con un solo turno.

- En lo referente a la concesión de las 28 carreteras de penetración costa-sierra: según la oficina de prensa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre la primera y segunda semana de febrero el Gobierno anunciará detalles –plazos de ejecución, requisitos para empresas– en un acto público programado en Huánuco.

Vale la pena destacar dos promesas truncas que bien podrían quedarse así:

- En el Congreso se aprobó la ley para eliminar prefecturas, subprefecturas y gobernaciones a partir del 1 de enero; pero esto no ha ocurrido. Podrían tener que ver las recientes situaciones de descontrol social acaecidas en Chiclayo y Andahuaylas. Ante el vacío, los prefectos asumieron el control político en ambos casos. A eso hay que añadir que el mantenimiento de esos cargos solo le cuesta al Estado S/.30 millones al año.

- En el Consejo de Ministros no se toca el posible retorno del Ministerio de Pesquería. Campañas de impacto como la de la anchoveta se han cocinado en el viceministerio que depende de la cartera de Producción y los resultados indican que ese pescado chapotea bien como está.

Para terminar, la Contraloría informó que de S/.1,937 millones presupuestados para el schock de inversiones, solo se han ejecutado S/.160 millones. El dato refleja las taras estructurales de un país como el Perú, hasta en los años de buenos vientos.