Opinión

Cosechando Tempestades

Cuando recién iniciado este gobierno el presidente García anunció su voluntad de reducir el sueldo a los funcionarios calificados del Estado, se le advirtió que ello iría en directo desmedro de la calidad de servicios que este prestaba a la ciudadanía. y que una medida de esa naturaleza sería perjudicial para el país. Uno de esos servicios importantísimos es el de la administración de justicia constitucional. Allí no sólo se trata de dar a cada uno lo suyo, según la vieja definición del derecho, sino de poner freno al abuso que desde el poder se ejerce inconstitucionalmente en contra de los ciudadanos, ya se trate del poder público o del mismísimo poder privado.

Hoy la opinión pública en general piensa que no hay una baraja suficiente entre los mencionados para integrar el TC como para continuar con la importancia de esa institución que forjaron especialmente Alva Orlandini, González Ojeda, García Toma y Bardelli Lartirigoyen.

En ello, hay que decirlo directamente, tiene mucho que ver la remuneración que se ofrece por tanto y tan especializado trabajo y por tan suprema responsabilidad. El estipendio que recibe hoy un magistrado no supera lo que en su correcto ejercicio profesional puede alcanzar cualquiera de los postulantes con el mínimo de las calificaciones. No se trata de hacerse millonario en el servicio público, pero tampoco se puede exigir a los que a esa tarea se dedican, que se gasten lo que decentemente puedan haber ahorrado completando con esos fondos propios lo que quiere ahorrar el Estado.

Los americanos dicen “if you pay peanuts, you’ll have monkeys for servers”. Pues bien, ese puede ser el triste final al que nos lleve toda esta hipérbole ensayada en aras del aplauso fácil. Entre los aciertos que Roberto Dañino y Alejandro Toledo tuvieron inicialmente, estuvo el comprender que no se puede ahorrar en lo importante. Así como si uno compra material de segunda, tendrá que lamentar los desperfectos muy pronto, eso puede pasar dentro de pocas semanas con el TC.

Esto no se puede obviar y por ello es preciso urgir con seriedad al Presidente y al Congreso a que superen esta situación, aunque sea sólo para el caso del TC y los magistrados del Poder Judicial o con una ley específica, o con un Decreto de Urgencia. La fecha de la presentación de candidatos al órgano constitucional se ha iniciado el 3 de febrero. No hay tiempo que perder. Si se quiere reclutar a personas de calidad, hay que pagar los sueldos que corresponden a esa calidad. Aquí no debe haber espacio para las hipocresías.

Finalmente, en este punto, es evidente, como lo ha recordado y pedido el congresista Lescano, que no puedan presentarse siquiera a integrar este Tribunal, quienes participaron en un gobierno golpista y dictatorial. La Carta de 1979 fue enfática en eso. Quienes se hubieran comprometido con las dictaduras no podrían ser elegidos al Tribunal, por muy brillantes que sean mentalmente, porque no se trata de cuanto se sabe, sino cuanto el Juez vive y está comprometido con el Derecho. He aquí una de las diferencias importantes entre una Carta democrática y un papel dictatorial. Hay que aferrarnos, por lo menos y aunque falte el coraje para más, al espíritu de la primera. (Alberto Borea Odria)