Extradición Presidente fija su posición frente a Fujimori en recta final de proceso de extradición.

Deslinde y Desmarque (VER)

El martes 13, AGP cortó por lo sano en Torre Tagle.

Una nota periodística que no debió tener mayor trascendencia motivó esta semana uno de los deslindes más significativos que el presidente Alan García ha pronunciado con respecto a Alberto Fujimori.

Escoltado por el canciller José Antonio García Belaunde y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, AGP respondió el martes 13 a la nueva versión de un supuesto “pacto” para no extraditar al prófugo ex Presidente.

“Es absolutamente falso”, subrayó sobre el artículo publicado dos días antes en el diario chileno El Mercurio. “Yo he sido víctima de la dictadura de Fujimori… El primer gran objetivo a destruir por el régimen de facto que nació en 1992 fue el ex presidente García”, dijo refiriéndose a sí mismo en tercera persona, a lo Ollanta Humala. “Por su culpa permanecí casi diez años lejos de mi patria y mi partido”.

La nueva aclaración de García llega cuando la Corte Suprema chilena acaba de notificar a la defensa de Fujimori sobre los doce cargos que se le imputan. Los abogados tienen veinte días, que corren desde el viernes 9, para hacer sus descargos. Tras el dictamen del Ministerio Público la Suprema dará a conocer su decisión. Se calcula que esto ocurrirá en mayo.

Los herederos políticos de Fujimori, los parlamentarios Keiko y Santiago, insistieron en la existencia de coincidencias y no de un pacto. Es otra manifestación de la nueva convivencia política advertida por CARETAS 1949.

El AntiCholo

La explicación más próxima al Ejecutivo la dio el premier Jorge del Castillo, que el lunes 12 repitió que García no tenía por qué pronunciarse sobre un tema que corría por carriles judiciales.

Otro prominente miembro del gabinete ensaya una interpretación más compleja. Según esta, el personaje político Alan 2.0 ha tomado la firme resolución de ser, no solamente el anti-Toledo, sino también el anti-Alan de 1985-1990. Para muestra de lo último, el predecible y mesurado mensaje a la Nación de la semana pasada (CARETAS 1962).

Ser el anti-Cholo no implica solamente implementar políticas de austeridad, sincronizar relojes y abandonar cualquier resquicio de frivolidad. También es renunciar a las banderas de la extradición de Fujimori, enarboladas permanentemente por el mandatario de la Chakana. En noviembre pasado García declaró que no usaría “todos los días el antifujimorismo en mi boca para hacer gobierno”.

Si se mira en frío, el posible escenario de la extradición despertaría migraña casi en cualquier inquilino de Palacio de Gobierno. Toledo hizo todas las gestiones para cerrar las vías de escape de Fujimori apenas éste llegó a Chile y se peleó con Japón mientras ese país lo alojó. Pero ello no significa que creyera conveniente tener a su rival enjuiciado en Lima durante los últimos meses de su gobierno.

García aprendió del acelerado desgaste de su predecesor (CARETAS 1961) y monitorea cuidadoso su popularidad con recetas en algunos casos discutibles (pena de muerte), pero hasta ahora efectivas. La perspectiva del chino encerrado en San Jorge, o podando los bonsai desde su arresto domiciliario en Pampa Bonita, representa una indeseable distracción en la agenda que García lucha por controlar al milímetro.

El argumento de la neutralidad

Un conocedor de la política chilena le recuerda a CARETAS el pobre récord de extradiciones de la Corte Suprema de ese país. Además señala que las relaciones entre el máximo tribunal y el Ejecutivo de Bachelet no son todo lo fluidas que podrían pensar los aficionados de las teorías conspirativas.

¿No resulta caricaturesco pensar en las circunstancias en las que García hubiera solicitado a la presidenta que mueva sus influencias en la Suprema para evitar la extradición? “Si Alan le pide algo así, la Michelle lo va a mirar y se va a reír”, se figura la fuente consultada.

El ex procurador Ronald Gamarra piensa que la definición es cuestión de gestos y que los jueces, por más independientes, también tienen olfato político. Esta semana hizo circular por correo electrónico sus opiniones sobre la recta final del proceso de Fujimori: “La extradición es una de las instituciones jurídicas más políticas, sobre todo en América Latina. De esa suerte no escapa Perú, pero tampoco Chile, pese al permanente discurso sobre la pureza legal del Poder Judicial mapocho… No cabe duda alguna que, dependiendo de la fuerza del Estado peruano, Chile decidirá qué estándar aplicará en materia probatoria para conceder o denegar la solicitud; de manera tal que, si evidenciamos voluntad política pro extradición, nos medirán con el rasero de la “presunción de responsabilidad” y no con el elevado baremo de “prueba de responsabilidad”.

Señala que hasta ahora la defensa del Estado peruano lleva la ventaja. Para Gamarra falta que “el presidente García abandone el falso argumento de la ‘neutralidad’ y la ‘no politización’ de la extradición, y señale con firmeza que la ratificación de la pretensión por parte de quien planteó la solicitud (el Estado peruano, no el gobierno de Alejandro Toledo), no puede calificarse de intromisión indebida; que la insistencia en la extradición por parte de quien es la principal víctima de los delitos que se imputan (el Estado peruano, tratándose de los delitos de corrupción), no es una absurda injerencia” (www.justiciaviva.org.pe).

No falta mucho para saber si Fujimori aterrizará en el Jorge Chávez mientras dura el presente gobierno. Pero el desmarque de García sugiere que la extradición, y el legado del autoritario ex Presidente, pueden sumarse a las partituras que el actual mandatario mantiene en el atril. (E.CH.)