Debate Naciones Unidas pide indemnizar a joven a la que el Estado negó aborto terapéutico. Políticos se oponen por temor a que se modifique legislación sobre el tema.

Aborto y Tormenta (VER)

K.N.L.H. vive ahora fuera del país. Se detectó que el feto tenía una malformación mortal pero no se autorizó el aborto.

Otro caso que enfrenta al Perú con las instancias supranacionales ha despertado la honda preocupación de personajes políticos como el ministro Rafael Rey y la congresista Fabiola Morales.

No se relaciona con ejecuciones extrajudiciales ni debelamiento de motines carcelarios. Tensa, sí, una fibra sensible y menos audible en la discusión pública, como es la legislación peruana sobre aborto.

Para variar, el caso tampoco opone al país a la tan mentada Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que tiene en la otra orilla nada menos que a Naciones Unidas.

Expediente NN.UU.

K.N.L.H. salió embarazada en marzo del 2001, cuando tenía 17 años. A los tres meses de gestación, el 27 de junio de ese año, se hizo una ecografía en el hospital nacional Arzobispo Loayza.

El 3 de julio el gineco-obstetra Ygor Pérez Solf le comunicó que el examen establecía que el feto era anencefálico. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos resume la malformación desarrollada en la primera etapa del embarazo como "ausencia de una gran parte del cerebro y el cráneo", que se produce como consecuencia de un defecto en el tubo neural. "No se recomienda ningún tipo de terapia ya que se trata de una cuestión mortal… en cuestión de días".

El doctor Pérez recomendó la interrupción del embarazo por legrado uterino, a lo que la paciente accedió. Cuando el 19 de julio llegó al hospital para ser internada le informaron que se requería del permiso firmado del director del hospital, Maximiliano Cárdenas, quien cinco días más tarde respondió por escrito que conforme al artículo 119 del Código Penal, "el aborto terapéutico solo está permitido cuando la suspensión del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave permanente".

En la actualidad, el doctor Cárdenas, quien denegó el permiso, es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.

La asistenta social Amanda Gayoso evaluó el caso y recomendó el aborto, pero los funcionarios médicos adscritos al Ministerio de Salud siguieron en sus trece. La psiquiatra Marta B. Rendón concluyó en informe médico del 20 de agosto que la situación dio "lugar a maleficencia grave para la madre, pues se la ha sometido innecesariamente a llevar a término un embarazo cuyo desenlace fatal se conocía de antemano y se ha contribuido significativamente a desencadenar un cuadro de depresión con las graves repercusiones que esta enfermedad tiene para el desarrollo de una adolescente y para la futura salud mental de la paciente".

Con una demora de tres semanas, K.N.L.H. dio a luz el 13 de enero del 2002. La niña murió luego de cuatro días y durante ese período fue amamantada por su madre, que luego se hundió en una profunda depresión también diagnosticada por la doctora Rondón.

La influyente ONG Center for Reproductive Rights (www.crlp.org) estudió el expediente clínico. Posteriormente denunció el caso, junto con DEMUS (Estudio Para la Defensa y los Derechos de la Mujer) y CLADEM (Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su sesión del 24 de octubre de 2005 aprobó el dictamen y concluyó que el Estado peruano violó los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Determinó que el Estado debía indemnizar a K.N.L.H. y "adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro". Dio un plazo máximo de 90 días para recibir la respuesta del Estado y pidió que el dictamen sea publicado en el diario oficial.

Ninguna de las recomendaciones se ha cumplido hasta el día de hoy.

Marcación a Presión

En los últimos meses, el caso ha concitado la atención de varios políticos. El ministro de la Producción, Rafael Rey, dirigió un oficio al canciller, José Antonio García Belaunde, en el que expresa su preocupación por que las recomendaciones sean de carácter obligatorio y por que sienten un precedente. CARETAS lo llamó a su despacho: "Sobre ese tema no quiero hablar", respondió por intermedio de su oficina de prensa.

La congresista de Unidad Nacional, Fabiola Morales, le dijo a esta revista que envió dos comunicaciones a Torre Tagle. Entre sus preguntas destacan:

"¿Ya ha sido difundido el dictamen del presente caso, tal como ha sido solicitado por el Comité de Derechos Humanos? ¿Se convertirá en precedente para resolver casos futuros como se propone, al margen de lo que señalen las leyes y la Constitución del país? ¿Se han establecido las medidas que en el apartado 11 del informe señalan implementarán el Ministerio de Justicia y la Cancillería desde la perspectiva de la prevención así como la indemnización a la que hubiera lugar? De ser el caso, ¿cuáles son las medidas y desde cuándo se implementarán?".

García Belaunde le respondió detalladamente. Si bien reconoce que los dictámenes no son jurídicamente vinculantes –como sí lo son las sentencias de la Corte Interamericana-, advierte que "son recomendaciones que el Perú debería adoptar de buena fe, de acuerdo a su legislación interna, por el hecho de ser parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y haberse sometido voluntaria y soberanamente a la competencia del Comité de Derechos Humanos".

El canciller niega que su ministerio promueva "la modificación de la legislación penal actual respecto del aborto terapéutico" y añade que el trámite de la resolución de Naciones Unidas le corresponde al Ministerio de Justicia.

Igual de alerta se ha mostrado el ex titular de Salud, Fernando Carbone, que ha llegado a recolectar firmas para oponerse al cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas. CARETAS intentó en vano comunicarse con él.

Jaqueca Legal

En los pasillos del sector Justicia el golpe sí ha sido acusado. Si el Estado no reacciona, el dictamen ninguneado será incluido en el informe final de NN.UU. este año. Además, el caso de K.N.L.H. también ha llamado la atención del Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer del mismo organismo. Abrirse varios frentes dentro de Naciones Unidas puede complicar la situación.

El problema básico consiste en la vaguedad de la legislación en el país.

El 22 de febrero del 2006 el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el informe 20-2006. El documento ejerce en realidad control de daños pues llegó de modo extemporáneo, cuatro meses después del dictamen. El Código Penal solo admite el aborto terapéutico cuando el embarazo arriesga la vida de la gestante. Según el informe del CNDH la intervención en cuestión era un aborto eugenésico, no contemplado en el mencionado Código Penal.

Ese argumento legal es rebatido por la primera evaluación del Center for Reproductive Rights, que sí considera que la anencefalia del feto "pone en peligro la vida de la madre".

CARETAS ha podido establecer que la ministra de Justicia, María Zavala, ordenó explorar recientemente las posibilidades de salida legal que permitan cumplir el dictamen. Janet Oyarce es la asesora de la ministra encargada y el debate se desarrolla a nivel viceministerial.

Esta semana DEMUS presentará al CNDH un documento en el que incluye el posible monto de la indemnización. Ha trascendido que la cifra oscilaría entre US$ 10 mil y US$ 20 mil.

Pero esa es en realidad una discusión de centavos.

Del documento enviado por Morales a la Cancillería se desprende que la migraña del ala conservadora en la materia es incubada en la condición emblemática del caso. El cumplimiento de las recomendaciones precipitaría, según ese orden de ideas, la modificación de la ley y la apertura al debate en el tema del aborto. No se puede remover tantas olas, pues el Perú no es un islote.

El año pasado Colombia fue culturalmente remecida por una demanda constitucional, finalmente triunfante, para despenalizar el aborto. Y apenas la última semana la revista Time colgaba en su carátula lo que bautizó como "The Grassroots Abortion War": algo así como "las guerras populares del aborto", libradas en torno a la proliferación de centros médicos privados que intentan disuadir a las mujeres embarazadas de inclinarse por dicha decisión. En Estados Unidos el aborto es legal.

Es por todas esas razones que hasta los más férreos, e influyentes, opositores al aborto prefieren mover sus fichas con una combinación de persistencia y cautela, solo sustentable en la fe. (Enrique Chávez)