Actualidad Ivcher presiona al gobierno, mueve influencias e interpone amparos para no pagar impuestos.

‘Perro Muerto’ por S/. 54 Millones

Ivcher envió una carta al Presidente de la República para explicarle su versión de los hechos. AGP derivó la misiva al sector Justicia.

El empresario Baruch Ivcher no quiere pagar impuestos. Los tributos acumulados de su canal de televisión, Frecuencia Latina, superan los S/. 54 millones de soles y para evitar su cancelación ha recurrido a una escandalosa cacería de recursos de amparo, movimientos de influencias en el exterior y hasta una carta al Presidente de la República.

Ivcher desconoce la deuda tributaria generada entre el 5 de setiembre de 1997 y el 30 de marzo del 2001 (S/.18.46 millones) porque en ese periodo los hermanos Samuel y Mendel Winter le arrebataron la empresa. Pero también se niega a pagar los tributos gravados a su propia administración luego de recuperar la presidencia del directorio (S/.12.5 millones hasta el 2003), pues considera que el Estado va a registrar los montos como saldos de la deuda tributaria correspondiente a la administración Winter.

El total asciende a S/. 30’979,229. Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Economía, el monto actualizado con los intereses se cifra en alrededor de S/. 54.3 millones.

Hace pocos meses, Ivcher llegó al extremo de enviarle una carta al Presidente de la República para exponerle el caso. Alan García no tomó ningún partido y derivó la misiva a la ministra de Justicia, María Zavala.

Entonces el empresario se consiguió un defensor de alto perfil. El abogado chileno Claudio Grossman ha hecho llegar una carta al Ministerio de Justicia en la que advierte que el cobro de impuestos iría en contravía a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que se derivó la cuestionada indemnización de US$ 6.2 millones pagados a Ivcher por el Estado en el 2005.

El pronunciamiento de Grossman constituye un serio conflicto de intereses, pues presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando la Corte ventiló el caso de Ivcher.

No es la primera vez que Grossman se involucra en casos altamente cuestionables. En el 2005 asumió, también ante la Comisión Interamericana, la defensa del grupo Lucchetti. En ese momento el millonario chileno Andrónico Luksic argumentó que el Estado peruano violaba su derecho a la igualdad, y el de otros dos directivos de la empresa, en el juicio seguido por haber entregado una fuerte suma de dinero a Vladimiro Montesinos para que permitiera la construcción de la planta de Lucchetti en la zona ecológica de los pantanos de Villa.

Luis Jiménez, quien durante 21 años ocupó importantes cargos en la OEA, fue sumamente crítico de la asesoría que Grossman prestó a Luksic. El artículo que publicó en CARETAS 1896 vuelve a caer hoy como anillo al dedo:

“En muchos activistas de derechos humanos existe un profundo malestar por esta situación de patrocinio de magnates en apuros políticos por parte de antiguos miembros de la Comisión o jueces de la Corte que reciben trato preferencial en los procedimientos, especialmente ante la Comisión. Mientras los casos de muchas personas languidecen ante la CIDH, sin que su Secretaría Ejecutiva se digne a responder las comunicaciones de los reclamantes, otros casos reciben trato preferente”.

Luksic terminó por retirar su demanda.

Carrusel de Amparos

El caso de Ivcher, por el contrario, no se ha agotado en la instancia nacional.

Para evitar el pago, y al mejor y sospechoso estilo de las ilegales salas tragamonedas, se solicitaron recursos de amparo en juzgados de Lima, Cajamarca y Trujillo, y hasta en el Tribunal Constitucional (TC), interpuestos por diferentes demandantes.

En Lima, Ivcher demandó a la SUNAT y el MEF. El 7 de junio del 2005, el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró improcedente la demanda. El argumento principal del juez Jaime Abanto Torres es que los beneficios de la sentencia de la Corte Interamericana se refieren a la persona natural Baruch Ivcher y no a la persona jurídica Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A.

El 13 de enero de 2005 insistieron en Cajamarca los trabajadores Eutimio Marín Casahuamán y José Pérez Terán. Indicaron que el cobro de la deuda y los tributos amenazan su derecho al trabajo. El 24 de febrero de 2005, la jueza Olga Castañeda Ayulo, del Tercer Juzgado Civil, declaró fundada la demanda. El 13 de abril Compañía Latinoamericana de Televisión S.A. se presentó como liticonsorte facultativo (parte del proceso) y fue admitida. La SUNAT apeló y la Sala Especializada en lo Civil declaró improcedente el amparo el 31 mayo del 2005. Los trabajadores llevaron el caso al Tribunal Constitucional, que el 12 de setiembre del mismo año archivó la demanda y advirtió “una manifiesta desnaturalización del proceso de amparo” por la estrategia de acudir a juzgados cajamarquinos (CARETAS 1960).

En Trujillo, los trabajadores Luis Gallardo Cerna y Luis Cruz Rivera repitieron el plato. El juez Antonio Escobedo Medina, del Cuarto Juzgado Civil, declaró fundado el amparo. La SUNAT apeló y hasta ahora no se eleva el caso a la Sala. Gallardo Cerna también se fue al TC. La vista de causa fue el 28 de setiembre del año pasado, 2006, y desde entonces no se dicta la sentencia que debería zanjar definitivamente este cambalache tributario.