Política Enfrentamiento entre PJ y vicepresidente. Mucho ruido y pocas nueces.

Pólvora Mojada

Giampietri fue citado por el pedido de un presunto criminal del Grupo Colina., quien sostiene que el vicepresidente puede asegurar que en las FF.AA. no existieron grupos de aniquilamiento.

La vocal Inés Villa Bonilla no se toma unas vacaciones desde hace seis años, cuando asumió el mando de la Primera Sala Penal Anticorrupción. Esa indesmayable capacidad de trabajo debería haber llevado a buen término una serie de procesos emblemáticos. Pero lo ocurrido la última semana sugiere otra situación.

Su decisión de citar como testigo del juicio contra el Grupo Colina al vicepresidente y congresista Luis Giampietri motivó un sonado enfrentamiento entre el Congreso y el Sistema Anticorrupción. El parlamentario Javier Valle Riestra promovió una iniciativa para rechazar la medida.

Es obvio que el fujimorismo tiene en el tope de su agenda el desmantelamiento de ese sistema. Y CARETAS advirtió tempranamente sobre sus coqueteos con el oficialismo (ver ediciones 1946, 1949).

Para el martes 3 el Congreso tenía programada la discusión de una inaceptable moción para investigar la política antiterrorista de los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Giampietri cometió el grueso despropósito de responsabilizar al fallecido Paniagua por iniciar la persecución contra las Fuerzas Armadas, cuando lo que hizo el presidente del Gobierno de Transición fue enfrentarse a una cúpula militar gangrenada por la corrupción.

La deficiente modulación política del vicepresidente lo ha convertido en un blanco favorito de algunos sectores políticos y defensores de los Derechos Humanos.

Y si bien es cierto que Giampietri no tiene por qué gozar de privilegios, pues se ha resistido a declarar en el Tribunal de Villa Bonilla, tampoco es usual que un vicepresidente de la República sea sentado en el banquillo –así sea como testigo– en medio de circunstancias gratuitas y casi extravagantes.

La citación oficializada por la jueza Villa respondió al pedido de la defensa de José Tena Jacinto, sindicado como miembro del Grupo Colina, quién solicitó la presencia del congresista como testigo de cargo para formularle una sola cuestión: “Con su conocimiento de las estructuras y funcionamiento de las Fuerzas del Orden, permitirá demostrar que al interior de éstas jamás existieron Grupos de Aniquilamiento ni Escuadrones Paramilitares, llámese como se llame” (fuente: acta de la audiencia).

La situación se vuelve más insólita al tomar en cuenta que Tena Jacinto confesó hace varios meses, y con lujo de detalles, su participación en el crimen de La Cantuta.

Giampietri no tiene cómo ganar. ¿Iba a respaldar la versión de un criminal? ¿O acaso se pretende que revele el oscuro entramado de los escuadrones de la muerte entrenados con la tolerancia de sectores militares?

Cuestión de justicia

Paradójicamente, la propia jueza Villa se ha negado a declarar como testigo en un par de procesos.

José Dellepiane, ex secretario de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial (1995-1998), solicitó su testimonio porque en el famoso vídeo 888 Vladimiro Montesinos la mencionó. En el vladivídeo el ‘Doc’ también le declaraba la guerra a Dellepiane.

César Almeyda, ex abogado del ex presidente Alejandro Toledo, también pidió su intervención como testigo porque su nombre aparecía mencionado en el audio apenas audible de su conversación con el suicidado general Óscar Villanueva.

Los procesos seguidos contra Dellepiane, que ha pasado varias temporadas a la sombra, son un ejemplo de exceso difícil de rebatir. La Corte Transitoria de Tráfico de Drogas fue cerrada por Dellepiane en 1997, cuando este era la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial. Entonces Villa declaró a la prensa contra él.

A pesar de eso, Villa no se inhibió en el caso Dellepiane. Cuando la recusó, ella misma respondió negativamente. Tal situación motivó que la Corte Suprema le enmiende la plana y derivara la recusación a otra corte.

La Suprema ha llamado su atención sobre la retención indebida de otros expedientes sobre los que no tenía competencia. Específicamente han sido los casos de Juan Carlos Hurtado Miller, Dionisio Romero y el salvataje financiero del Banco Wiese.

Causas como la de Jacqueline Beltrán y el ex ministro Walter Chacón han sido vistas por Villa Bonilla, y ambas adolecieron de serios excesos advertidos por CARETAS.

Baja Productividad

El argumento utilizado para cerrar la sala contra casos de narcotráfico fue el de la baja productividad. Esas deficiencias parecen reproducirse en las salas penales anticorrupción. La carga procesal de una sala común en Lima se mueve entre el amplio rango de 400 y 2,500 expedientes. Las seis salas anticorrupción, por el contrario, manejan una carga procesal sumada de 130 (2005) y 335 casos (206).

La Primera Sala Penal Especial, cuya titularidad recae en la doctora Villa Bonilla, ostenta un récord bastante lento de resolución de casos. El año 2005 terminó con un solo juicio. El año pasado mejoró y archivó catorce juicios, número todavía muy insuficiente. Las dilaciones no provienen solamente de las estrategias de los acusados, sino que los propios jueces extienden hasta sesenta audiencias por caso, lo que explica por qué algunos procesos se prolongan por seis o más años. Las detenciones efectivas y arrestos domiciliarios rompen todas las medidas de tiempo sin llegar a sentencias firmes.

En otro episodio desconcertante de julio del 2000, la jueza Villa ordenó la detención de un miembro del público que esperaba la siguiente audiencia, solo porque tenía rasgos que calzaban con la descripción dada en ese momento por una agraviada de robo. Lucio Villafuerte pasó tras rejas 24 horas y el hecho motivó un Hábeas Corpus del Tribunal Constitucional (expediente 983) que remarcó “la arbitrariedad de la detención”.