Corrupción ¿Por qué Kouri se reunió con el vicepresidente argentino Scioli? La conexión CCI.

Peaje a la Casa Rosada (VER)

La presentación de Alex Kouri en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el lunes 21, estuvo plagada de efectos mediáticos. Con astucia, el presidente regional del Callao intentó reducir la discusión sobre las irregularidades en la Vía Expresa del Callao a una supuesta persecución política del congresista Víctor Andrés García Belaunde. En dos oportunidades, amenazó con retirarse de la sesión. Al final, terminó pagando peaje.

Kouri admitió que el cobro de peaje fue necesario para autofinanciar la obra y que la parte física sólo costó US$ 3.2 millones. Según el certificado de inversión de la Vía Expresa, el costo total se disparó a US$ 18 millones. “Es que no se están contando otros gastos”, intentó justificar.

También confirmó el viaje a Buenos Aires del 25 de julio de 2006, donde se reunió con Daniel Scioli, vicepresidente de la República de Argentina, en la Casa Rosada. “Lo pagué con mi dinero y fue parte de mi campaña electoral”, dijo.

En el mismo avión que partió de Lima viajaba Roberto Lowry, gerente de Convial Callao, consorcio concesionario de la criticada obra.

CARETAS estuvo la semana pasada en la capital argentina y recopiló información sobre CCI Concesiones S.A., la accionista mayoritaria del consorcio Convial Callao. Los patrones que han llamado aquí a la sospecha, se repiten allá en gran escala.

CCI Concesiones se formó en 1996, luego de la fusión de cinco empresas argentinas: Servente Constructora, Semaco S.A., Aragón Construcciones, Aragón S.A. y Hermasa S.A. La fusión incluyó las sociedades que estas empresas habían formado con anterioridad y que tenían las concesiones viales más importantes de ese país.

Estas eran: Coviares S.A. (Autopista La Plata – Buenos Aires/ Autopista Ezeiza – Cañuelas); Covimet S.A. (Autopista 9 de julio – Lugones); Covisur S.A. (Ruta Nacional N° 2 Bs. As. – Mar del Plata); Covicentro S.A. (Ruta N° 9 / A-12); Covinorte S.A. (Corredor / Ruta 34 / Rosario – La Banda); y Concanor S.A. (Corredor / Rutas 9 y 34 / Stgo. Del Estero – Salta).

CCI tenía participación en 3 de los 5 principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, y en más de 2,000 kilómetros de concesiones (25% de la red vial del país). Las caras visibles del holding eran los empresarios Roberto Servente, Carlos Aragón y Benito Roggio, bastante conocidos e influyentes en el círculo político de ese país.

Al momento de su fusión, muchas de las sociedades presentaban pasivos considerables. Servente, Aragón y Roggio formaron Coviares a finales de los 70’s. En 1981, ganaron la licitación para la ejecución de la autopista Buenos Aires – La Plata. La obra fue concluida por tramos recién en el 2002.

En 1995, luego de la renegociación del contrato que extendía el plazo de concesión hasta el 2017, se habilitaron 25 km de la vía en donde se empezó a cobrar peaje a 3.80 pesos (en ese momento el peso valía igual que el dólar americano). Con esto, se pretendía financiar el resto de la obra y la deuda que Coviares había adquirido con el sistema financiero argentino, ascendente, en ese momento, a US$ 200 millones.

En el 2001, luego de la “pesificación” de los contratos, Coviares accedió a otro crédito por 238 millones de pesos, otorgado por la sindicatura de bancos. Según un informe del Ministerio de Planificación, “esto le permitió la reestructuración de sus pasivos y la obtención de fondos frescos para terminar la obra”.

En marzo de este año, el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) instó a la empresa a terminar “en 90 días” la repavimentación de un tramo de la autopista que necesitaba urgente mantenimiento. De no hacerlo, “se le rescindiría el contrato”.

Actualmente, Coviares debe al Estado argentino 346,3 millones de pesos. CCI tiene el 70% de las acciones.

No es el único caso. En el 2000, Servente y Aragón vendieron sus participaciones accionariales que tenían en la concesión de la autopista Ezeiza – Cañuelas. Luego de la crisis argentina, en el 2003, Covimet, otra empresa integrante del holding de CCI, fue cuestionada por la construcción de la autopista Illia, en pleno corazón de Buenos Aires. El gobierno central le quitó la concesión luego de que el Estado subvencionara la obra, de sólo 3 kilómetros, por cerca de US$ 432 millones. El caso implicó una investigación en la que fueron involucrados Servente y el ex presidente Fernando de la Rúa, por supuestamente favorecer a la empresa cuando era jefe del gobierno de Buenos Aires, en 1998.

Ese mismo año, el Ministerio de Planificación e Inversión convocó a una nueva licitación para los corredores viales de la red nacional. CCI no calificó para participar porque no cumplía “con los requisitos económicos y técnicos establecidos”. De esta manera, perdió presencia en concesiones nacionales obtenidas en 1990. En abril de este año, el Occovi le canceló un nuevo contrato por la pavimentación de la Ruta Nacional 9. El motivo: demora en los plazos de construcción.

Servente, Aragón y Roggio pertenecen a un sector empresarial fuertemente vinculado a la política y a los gobiernos de turno en Argentina. En 2005, el diputado Adrián Pérez, del Partido Afirmación para una República Igualitaria, denunció que Coviares S.A. figuraba en una relación de empresas que habían aportado dinero para la campaña de Alianza Frente Para la Victoria, el partido de Néstor Kirchner. El aporte era solo de US$ 9 mil, pero el partido tuvo que devolver el dinero. Servente ha tenido también cercanía con presidentes como Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

Kouri comienza a responder tardía e insuficientemente. Fiscalización va a pedir facultades de comisión investigadora para poder levantar el secreto bancario de los implicados. En la nota siguiente, una forma de hacer negocios en el Río de la Plata. (Carlos Hidalgo)