Derechos Humanos El periodista Hugo Bustíos Saavedra fue asesinado en las afueras de Huanta el 24 de noviembre de 1988 y otro colega, Eduardo Rojas Arce, resultó herido. Han pasado, pues, casi 19 años, pero ahora la Sala Penal Superior ha activado el caso en Lima y podría dictar sentencia en menos de dos meses.

La Justicia Tarda Pero a Veces Llega (VER)

El periodista asesinado Hugo Bustíos Saavedra en 1988.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo tiene registrado como el Caso 10,548 y desde hace más de una década insta al Estado peruano a realizar “de inmediato, una investigación seria, imparcial y eficaz”.

La CIDH desconoce los resultados de un juicio en el fuero militar que declaró inocentes a los dos sospechosos principales: el entonces el comandante EP Víctor La Vera Hernández, Jefe Político-Militar de Huanta, y el capitán EP Amador Vidal Sanbento, sindicado por testigos como el autor material principal de la agresión.

La CIDH también desconoce la ley de amnistía promulgada por el régimen de Fujimori en 1999 porque viola estipulaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La semana pasada el director de CARETAS, Enrique Zileri, fue citado como testigo por la Sala. Esta revista está muy relacionada al caso. Bustíos era nuestro corresponsal en Huanta. Había reemplazado allí a Abilio Arroyo, periodista radial de la zona que también colaboraba con la revista. Marco Zileri, entonces el editor a cargo de las corresponsalías en provincias, decidió traer a Arroyo en 1986 a Lima debido a los riesgos que corría allá.

La sesión de la Sala Penal sirvió para revisar nuevamente los acontecimientos del 24 de noviembre de 1988.

El Asesinato

Bustíos había partido de Huanta en su motocicleta acompañado por Eduardo Rojas hacia el caserío de Quinrapa para cubrir el asesinato de una mujer, Primitiva Sulca, y su hijo por senderistas. Ambos estaban vinculados a rondas campesinas.

El viaje acarreaba riesgo porque Sendero había decretado un “paro armado” en la zona, pero la hija de la occisa era vecina de Bustíos.

Al llegar a Quinrapa una patrulla militar rechazó su presencia indicando que no tenían autorización para estar allí.

Los periodistas volvieron acompañando a policías que se anticipaban a la presencia del fiscal, pero se les dijo que debían conseguir una autorización en la base Castropampa en Huanta.

Bustíos habló en la base con La Vera Hernández en las condiciones que se describe más adelante, y fue al recorrer nuevamente el trayecto, y de pasar intercambiando saludos con una patrulla policial, que fueron abaleados a la altura de Erapata, a unos 2 kilómetros del centro de Huanta.

Bustíos cayó y fue rematado con un explosivo que se arrojó sobre su cuerpo.

Rojas, más joven y ágil, echó a correr. Lo alcanzaron disparos en un brazo, una pierna, al costado del abdomen y en una cámara que portaba, pero llegó hasta donde estaban apostados, 300 metros más adelante, soldados y policías en el caserío de Quinrapa.

Al día siguiente, CARETAS envió de inmediato en un vuelo de Faucett a Arroyo, que era buen amigo de Bustíos, y al fotógrafo Óscar Medrano, ayacuchano y actual presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos.

Poco después embarcaron en un avión, proporcionado por la FAP a instancias del Presidente de la República, Enrique Zileri, Bernardino Rodríguez, Decano Interino del Colegio de Periodistas, Walter Bustíos, hermano del fallecido y corresponsal de la revista Sí, Odilón Farfán, otro periodista ayacuchano, y Pablo Grimberg, también de CARETAS.

Desde Huamanga un helicóptero del Ejército trasladó a parte de la delegación a Huanta.

Allí, en la base militar de Castropampa, los visitantes fueron recibidos por La Vera Hernández quien les proporcionó un vehículo policial y una escolta militar.

La zona estaba prácticamente paralizada por el paro senderista. La comitiva se trasladó de inmediato a la vivienda de Bustíos para ofrecer sus condolencias a la familia y luego a Erapata, para iniciar las indagaciones del caso.

Al volver al velatorio, CARETAS recibió el primer testimonio de un agricultor de Erapata identificado como Alejandro Ortiz Cerna. Éste aseguró que elementos militares habían disparado contra los periodistas y que Vidal Sanbento, oficial de singular aspecto conocido en la zona como ‘Ojos de gato’, dirigió al grupo y tiró el explosivo.

Rojas, mientras tanto, se encontraba en su vivienda mal herido, razón por la que, previa consulta con sus familiares, Zileri y Rodríguez gestionaron su inmediato trasladado a Lima

En la semana siguiente, CARETAS envió nuevamente a Huanta a Arroyo y al fotógrafo Jorge Ochoa, recogiendo el testimonio de otros cinco agricultores de la zona y de un policía, quienes coincidieron en identificar como militares a los atacantes y a Vidal Sanbento.

Reiteradas ediciones de CARETAS fueron dando cuenta de las coincidentes versiones registradas por sus periodistas.

Sin embargo, las investigaciones a nivel oficial tuvieron serios problemas.

El entonces fiscal de la provincia de Huanta, Maximiliano de la Cruz Rondinel, empujó la presunción que los atacantes eran terroristas.

Algunos testigos fueron detenidos y amenazados por militares. Varios se trasladaron a Lima en busca de seguridad y CARETAS solicitó garantías para ellos ante el Fiscal de la Nación Hugo Denegri.

Sin embargo, el testigo principal, Alejandro Ortiz, ratificó la versión dada a la revista ante la notaria María Mujica en Lima.

En febrero del 1989, un fiscal ad hoc, Gilberto Berrocal, ordenó que se archive provisionalmente el caso por razones nimias.

Poco después fue asesinado en Huanta el testigo Ortiz. Según las investigaciones de entonces, los autores habrían sido senderistas.

En enero de 1990, el nuevo Fiscal de la Nación, Manuel Catacora, reabrió el caso y cuatro meses después, gracias a gestiones de CARETAS y del Comité de Protección de Periodistas de Nueva York que entonces dirigía la peruana Sonia Goldenberg, la CIDH apremió al gobierno peruano a tomar medidas para proteger a los testigos.

En marzo de 1991 falleció Rojas Arce, pero antes, en su lecho de muerte, ratificó ante Diego García Sayán de la Comisión Andina de Juristas, y Pablo Rojas y Augusto Zúñiga de la Comisión de DD.HH., la versión de que sus atacantes fueron militares. Rojas fue filmado en su cuarto de hospital, y presentes estuvieron también Enrique Zileri, Arroyo y la notaria Mujica.

En junio de ese año el juez de Huanta, Moisés Ochoa, abrió instrucción sobre el caso Bustíos ordenando la detención del ya Coronel EP (r) Víctor La Vera Hernández y el Mayor EP (r) Amador Vidal Sanbento.

Ambos oficiales habían dejado Ayacucho poco después de los acontecimientos, pero el juez fue objeto de amenazas y un grupo de soldados rompieron la puerta de su casa, intimidando a su madre.

En octubre de ese año, el Consejo de Justicia Militar declaró inocentes a los militares aludidos y una resolución de la Corte Suprema, presidida por Luis Serpa Segura, en octubre de 1992 resuelve la contienda de competencias a favor del fuero castrense.

Pero el caso Bustíos ha quedado registrado por la Corte con el número 10,548 y su desarrollo en la Sala Penal Superior ha propiciado un encuentro entre la revista y los actores que intervienen en el proceso judicial.