Narcotráfico A pesar de multiplicación de sembríos de coca, el VRAE naufraga en la miseria extrema.

Valle de Lágrimas (VER)

El 60% no accede a servicios de salud. Entre enero y marzo 12 mujeres murieron durante el parto.

Los cultivadores más pobres son los más dependientes de la coca. El 47% tienen entre una y tres hectáreas. Allí la coca ocupa el 60% del área cultivada. Ese porcentaje se reduce entre quienes tienen de 4 a 8 hectáreas (35%), de 9 a 15 (8%), y de 16 a más (4%). En esos casos los cultivos de panllevar ganan terreno. El temperamento al cambio, sin embargo, se marca según el lugar. Del lado del río Ene hay mejor disposición, pues la producción agrícola es más diversificada. En el lado del Apurímac, la coca reina.

En los últimos ocho años, las hectáreas de coca en el Valle del Río Apurímac y Ene han sido duplicadas. Ahora son casi 16 mil. La infestación de la hoja debería, según el discurso de los dirigentes cocaleros, ser inversamente proporcional a la curva de pobreza. No es por nada que, de las siete alcaldías distritales más importantes, el movimiento del líder Nelson Palomino se llevó cinco.

Última toma satelital. En ocho años la cantidad de coca se duplicó y ahora suma 16 mil hectáreas. No solo se procesa pasta básica, sino también clorhidrato de cocaína.

Pero la realidad confirma lo que ya se intuye con los enclaves cocaleros y del narcotráfico en el Perú: aquí la pobreza, dramática en el resto del país, se tupe tanto como la selva donde habita (ver cuadro). Todos los índices se van al subsuelo.

“Los alcaldes quieren impulsar el desarrollo pero tienen fuertes intereses que los detienen”, declara Jorge Durand, el responsable socio-político del VRAE nombrado en febrero pasado (CARETAS 1964). Para el sociólogo, “la creación de Estado en esta zona” comprende una “visión territorial de tres departamentos, cuatro provincias y trece distritos”.

Para este año se vienen ejecutando programas de desarrollo social por S/.45 millones, de infraestructura básica por S/.95 millones y de desarrollo productivo por S/.8 millones. Según la presentación del Ministerio de Defensa, se espera incrementar “sustancialmente” el presupuesto de 150 millones para el próximo año.

¿Es posible ganarse a una población de 300 mil habitantes, desamparada por el Estado e influenciada por el extremismo y el narcotráfico? El ministro Allan Wagner confía en que sí. “El programa busca dotar de infraestructuras y servicios necesarios para una economía legal. La coca proliferó porque es el único producto que se puede transar y tiene salida segura. Pero la gente está deseosa por vivir de una actividad distinta. Saben lo que significa caer en las manos del narcotráfico”.

Rosario Santa Gadea, integrante del gabinete del VRAE y asesora de Wagner, subraya que el plan no implica la militarización del valle. Todo lo contrario, añade el ministro. “Tomamos la determinación de evitar el incremento de la presencia militar, buscar que la Policía se hiciera más presente y que los otros sectores del Estado realicen las obras de infraestructura”.

Para Wagner, esto pasa por unificar el comando de operaciones militares, antes repartidas en el batallón de infantería y hoy reunidas en la base de Pichari. También por el refinamiento de la Inteligencia en la zona, lo que desemboca en acciones como la de la nota siguiente (ver recuadro).

Con el elemento militar menos visible, el objetivo se concentra en hacer notar los proyectos de mayor impacto. Además de la electrificación, saneamiento, Educación y Salud, en el tope de la lista están las carreteras. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene identificados tres ejes viales en el VRAE. La situación es más urgente con el eje 18 (Cusco-Quillabamba-San Francisco-Ayacucho), donde hay 320 kilómetros sin asfaltar. De estos, 157 corresponden al tramo Quinua-San Francisco. Consultada, la ministra Verónica Zavala confirmó que ese segmento será asfaltado este año.

Pero las carreteras no bastarán.

Durand aclara que será requerido un proceso de “desintoxicación” en la tierra. La situación es calamitosa. El rendimiento de kilos por hectárea en los principales cultivos de la zona es mucho menor que en el resto del país, y eso se debe a la deforestación y el cultivo de la hoja. Tanto el uso indiscriminado de químicos como la propia naturaleza de la planta ejercen un fuerte efecto depredador sobre los suelos.

El ejemplo más extremo es el del arroz. El promedio nacional es de 4,100 kilos por hectárea. En el VRAE alcanza apenas a 800 kilos por hectárea. Lo mismo ocurre con el café, el cacao, el ajonjolí y el maní.

A pesar de las condiciones, hace pocas semanas una variedad de aceite de sacha inchi producido en el VRAE obtuvo un importante reconocimiento en Francia, por ser el de más cantidad de Omega 8 en el mundo.

Para apuntalar el cambio hay alrededor de 280 proyectos considerados viables por el malhadado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que deben ser reactivados. Los pasos deben darse firmes pero extremadamente cuidadosos. “El narcotráfico tiene muchas formas de reacción”, remata Durand. “Y la población siempre es su escudo”. (Enrique Chávez)