Actualidad Presidente Alan García fijó ambiciosas metas y planteó Pacto Social que permita bajar la temperatura de la calle.

El Calibre Del Mensaje (VER)

“El hombre es un lobo para el hombre”. La colmilluda definición de Thomas Hobbes explicaba la necesidad de celebrar contratos sociales para formar sociedades viables. Dos siglos después las encuestas sugieren que, así no seamos lobos, los peruanos nos sumimos en la confusión y recelamos desconfiados del compatriota de al lado. En ese desánimo nacional el Presidente de la República pronuncia un discurso de 28 de julio en el que se fija metas muy ambiciosas y propone un nuevo pacto social. No para refundar la sociedad, como soñaba Ollanta Humala, sino para que empleadores y empleados, lobos y lobeznos, se pongan de acuerdo “sobre la productividad, el empleo y los salarios” en un contexto de crecimiento exportador y de ventas.

Con el correr de los días, la del pacto social terminó por ser la idea fuerza de una larga intervención de dos horas. Es cierto que el desembalse de cifras provocaba, por momentos, adelantar el pisco sour patrio.

En discursos así de prolongados, el posterior análisis mediático suele hacer olvidar su contenido. Buena parte de los titulares llamó la atención sobre las omisiones. Alan García prometía reducir la pobreza al 30%, aumentar el PBI a US$ 140 mil millones y la inversión total a US$ 100 mil millones, sin explicar el cómo. Pero si seguía en el desmenuce se iba a colgar del cronómetro de Fidel Castro y la parada militar del día siguiente hubiera tenido que posponerse.

Más entretenido era Alan Primero, qué duda cabe. Aquél que hace exactamente veinte años sazonó su discurso del día de independencia con el anuncio de la estatización de la banca.

De hecho, la proverbial desconfianza hacia el mandatario parece empozada en algunas de sus acciones de hace veinte años, y no en la situación actual. A pesar del estremecimiento social, los indicadores económicos de hoy (CARETAS 1986) son diametralmente opuestos a los de 1987. En medio de ese desastre, a García le salió el tiro por la culata, se echó al país en contra y parió al candidato Mario Vargas Llosa. Hoy el novelista declara su aprobación por las políticas del gobierno.

Con parecida moderación parecen guiarse diarios como El Comercio, que tituló la “vara alta” que AGP se impuso con su discurso. Totalmente distinto a otro tabloide del mismo grupo, como Perú 21, que destacó en primera el pedido de perdón a los maestros y una foto como para ser pegada en el refrigerador de Palacio y recordarle al Presidente la dieta impostergable. Era un síntoma más de la confusión en la psiquis peruana o un perfecto modelo de escopeta de dos cañones que despertaría envidia hasta en Alfonso Ugarte.

Luego del discurso, el pisco y la lectura de todos los periódicos a la mañana siguiente, lo del pacto social sonaba cada vez más plausible.

Según el premier Jorge del Castillo, la inspiración bebe de tres principales fuentes: España, Irlanda y Finlandia.

Tras la muerte de Franco, la clase política española negoció en 1977 los Pactos de la Moncloa. En resumidas cuentas, y a pesar del salto de la economía en las décadas anteriores, las perspectivas eran pesimistas. Las reservas se drenaban a razón de US$ 100 millones diarios, la crisis energética avanzaba a pasos agigantados, la deuda era cada vez más abultada, la inflación se acercaba a los estándares sudamericanos de entonces y el desempleo afectaba a casi un millón de personas.

En términos laborales, los sindicatos aceptaron postergar sus aspiraciones y fue acordado incrementar los salarios de acuerdo a la inflación prevista. También se implementaron normas para permitir la contratación temporal.

Los logros económicos alcanzados a partir de los pactos fueron eclipsados por las consecuencias políticas que dibujaron el mapa político de la España actual.

Diez años más tarde, Irlanda lanzó su Programa Para la Recuperación Nacional. De nuevo, las cifras acercaban al país al colapso. El argentino Julio Sevares del diario Clarín recuerda que la deuda nacional equivalía al 150% del PBI y el desempleo bordeaba el 20%. El déficit público estaba por las nubes.

Los actores políticos, sindicales y empresariales acordaron un ambicioso plan para frenar la evasión tributaria. A ello se añadieron programas de infraestructura, formación de recursos humanos y Educación. En el último rubro la inversión estatal alcanzó el heroico porcentaje de 20% del PBI, lo que disparó el número de irlandeses con educación superior. A ello sucedió la proliferación de mano de obra calificada y el boom de las empresas tecnológicas instaladas allí. El país saneó sus números, creció al ritmo del 8% anual durante los noventa y redujo el desempleo al 4%: una de las tasas más bajas del mundo.

El finlandés es otro cuento. Ya en los cincuenta el trípode Estado-empresarios-sindicatos consensuó escalas de salarios y precios. Tras el desplome soviético y los subsecuentes problemas económicos volvieron a la fórmula, aplicada hasta hoy para definir los grandes rumbos del pequeño país.

La diferencia con esos tres casos, y a pesar de todas las distancias con respecto al nivel de desarrollo, es que el Perú no pasa por una crisis macroeconómica. Las variables enunciadas para la España posfranquista tendrían que invertirse. Las reservas internacionales, según calculó el Presidente, serán de US$ 30 mil millones hacia el 2011. La deuda decreciente, se concluye en reciente informe del MEF, “ya no es un problema” y equivale al 32.6% del PBI. La inflación del año pasado fue de 1.9% y se proyecta una tasa de 1.2% para el 2007.

El propuesto pacto social peruano se precipita por la escalada social que sacudió al país en las últimas semanas. Si alguna lección se aprende del episodio es que no se puede descender en una espiral de protestas y al mismo tiempo acercarse a las metas planteadas en el discurso del 28 de julio. Al riesgo país, cada vez más bajo y con el grado de inversión en el horizonte cercano, se opone la desigualdad social medida por el coeficiente de Gini (ver cuadros). Si bien el Perú no figura entre los peores de la lista regional, las inequidades latinoamericanas no son para enorgullecerse en ningún caso.

El hecho es que Alan García pone su carta sobre la mesa para administrar la bonanza y afinar los urgentes mecanismos de redistribución. No porque deba buscar recursos para hacer caja.

La discusión sobre el salario mínimo es la primera salva. Un vistazo inicial nos dice que los S/.500 vigentes representan la remuneración más baja de la región (ver recuadro).

Pero una segunda cernida revela que: 1. En Lima el sueldo promedio es de casi S/. 870 y a nivel nacional es de S/. 792. 2. Quienes ganan el equivalente al salario mínimo tienen solamente educación primaria (recuérdese el despegue irlandés asociado al nivel educativo y que en el Perú esa inversión no llega al 4% del PBI). 3. De los 12 millones 139 mil personas pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA), el experto Pedro Francke estima que solo entre 300 mil y 500 mil personas perciben el salario mínimo. Menos del 5% del total.

Más aún, un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía establece que el nivel de informalidad en Lima se acerca al 60%. En departamentos como Cajamarca, Puno, Huánuco, Huancavelica, Junín, Cusco, Apurímac y Ayacucho los empleados informales son alrededor del 90%.

A nivel nacional, los trabajadores públicos son aproximadamente el 10%. Un 65% son informales y un 25% son trabajadores formales privados. Los sindicalizados son apenas el 0.6% de la PEA.

¿Cómo ordenar la discusión en un gallinero así de revuelto?

Allí se medirá la muñeca de Víctor García Toma, ex magistrado del Tribunal Constitucional designado por Del Castillo como coordinador del Pacto Social.

El Organismo tendrá asientos para representantes de la empresa grande, pequeña y mediana. Por el lado de los trabajadores será escuchada la voz de los sindicalizados, la mayoría no sindicalizada y los informales. Los gobiernos regionales con más representatividad también contarán con su sitio (ver recuadro).

Si es alcanzado el consenso sobre el salario mínimo y de allí son facilitadas las condiciones para aquietar la marea social, se habrá logrado casi tanto como las invenciones políticas de los teóricos clásicos del contrato social.

¿Qué dirían Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) y Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) sentados en la mesa del nuevo pacto? Sus preferencias iban desde lo monárquico absoluto hasta lo republicano. Sin embargo, varios de sus postulados comunes podrían reeditarse para los desencuentros entre los peruanos:

–El contrato social y su deliberación protege a las sociedades de caer en la violencia.

–Limita el ejercicio y abuso del poder.

–A pesar de que el liberalismo se sirvió de Hobbes y Locke para justificar la hegemonía del capital, aquella limitación del poder también abarca, según varias interpretaciones, la recuperación de la Política como contención frente a los excesos del poder económico.

De hecho, el buen Locke se refirió a los antiguos habitantes peruanos para sostener su definición de estado natural en su Segundo Tratado Sobre el Gobierno:

“Estos hombres no tuvieron, durante mucho tiempo, reyes ni comunidades, viviendo en bandos… pero cuando se ofrece la ocasión, en la paz o en la guerra, escogen los jefes conforme les conviene”.

Después de todo, quizás Locke no se hubiera sentido tan perdido entre las paredes del Acuerdo Nacional. (Enrique Chávez)