Nacional Presidente García se puso a la cabeza de operativos y esfuerzos se enfrentaron a las precarias herramientas del Estado.

Aplaca Señor tu Ira. Epicentro Político (VER)

Alma en Vilo .-La bendición de un sacerdote no aplacó el desconsuelo de esta sobreviviente en el cementerio de Pisco.

La activa y visible presencia del Ejecutivo en la zona del desastre brindó una idea del alcance de los reflejos del presidente Alan García.

El mandatario se manifestó la misma noche del miércoles 15 y a la mañana siguiente se puso a la cabeza de los operativos. La encuesta publicada por Apoyo cifró en 76% el apoyo a esa decisión.

Con todo, la magnitud de la tragedia de 513 muertos, 1,090 heridos y 37,521 viviendas reducidas a escombros, motiva que, en palabras del premier Jorge del Castillo, “todo lo que hagas sea insuficiente”.

García, sin embargo, hizo lo que debía.

Las lecciones del sismo son muchas, pero las más apremiantes tienen que ver con la implementación de un sistema de Defensa Civil verdaderamente coordinador y preparado para afrontar lo inevitable en un país sísmico. Es una necesidad postergada por sucesivos gobiernos.

La reconstrucción de Pisco también permitirá comprobar que la precariedad y las casas de naipe no salen barato.

Una semana después del sismo, la crítica interna del gobierno comienza con la manifiesta debilidad del Instituto de Defensa Civil (Indeci). A sus magros recursos se sumó la insuficiente reserva de carpas, vitales en los momentos actuales. La cooperación internacional donará unas 20 mil, y la gran mayoría provendrán de Naciones Unidas.

Quedó patente la urgencia de reorganizar el método de trabajo del Instituto de Defensa Civil (Indeci) en este tipo de circunstancias.

Por ley, este debe trabajar con los presidentes regionales y los alcaldes. Algunas autoridades colaboraron, pero más notorios fueron los casos del alcalde de Pisco, Juan Mendoza, y el presidente de Ica, Rómulo Treviño, desaparecidos en acción por razones distintas (ver nota aparte). El burgomaestre de Chincha, José Navarro, se las arregló para pelearse con los miembros del gobierno, como Mercedes Aráoz, que llegaron hasta allí.

Más daño significó el caso de la subgerente de Defensa Civil en La Victoria, María Teresa Rosas García, investigada por quedarse con media tonelada de donaciones en su casa.

Del mismo modo, el retraso en las primeras acciones del Ejército y la Policía fueron motivo de enojo por parte del presidente García.

Luego hubo discrepancias en torno a los saqueos en Chincha. Los ministros Aráoz e Ismael Benavides, estacionados en Chincha, alertaron de los desórdenes al premier Jorge del Castillo. Sin embargo, los altos mandos militares le insistieron al titular de Defensa, Allan Wagner, que la situación seguía en orden.

El sismo volvió a poner en evidencia la pobre logística estatal de transporte. Los aviones Antonov utilizables fueron apenas cuatro, y los Hércules, dos. El país cuenta solo con dos helicópteros de altura. Frente al desastre, el Presidente y el ministro de Economía, Luis Carranza, bien podrían repensar la política de austeridad en la materia. La FAP dio buen uso a lo poco que tenía a su disposición y también ayudó la cercanía a Lima de la base en Pisco.

Pero otras zonas son de mucho más difícil acceso. La de Castrovirreyna, en las alturas de Chincha, se encuentra entre las más afectadas, y al cierre de esta edición el Estado no se podía haber hecho todavía presente.

La reconstrucción de Pisco, cuyo centro quedó derruido casi al 100%, se iba a discutir en el Consejo de Ministros del miércoles 22 en Palacio de Gobierno.

El presidente García propuso la designación de un “zar” encargado de supervisar el proceso. Quizás influyeron los consejos de su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, quien en su significativa visita de fin de semana le advirtió sobre la necesidad de centralizar las decisiones.

Un experto consultado relevó la importancia de constituir un “centro de gravedad” o pequeña gerencia dedicada a la aplicación eficiente de los recursos, que rinda cuentas al poder político pero “aislada de las exigencias que se traducen, a veces, en tareas irrealizables y plazos imposibles”.

Luego de experiencias anteriores que terminaron en extendidas corruptelas, el premier Jorge del Castillo se inclina por tercerizar la reconstrucción con la empresa privada.

Por lo pronto, el programa Construyendo Perú del Ministerio de Vivienda contrató a 4,000 pisqueños, pagados por adelantado y con jornal diario de 14 soles, para comenzar a trabajar.

Las familias que perdieron sus casas contarán con S/.6,000 otorgados por el gobierno para invertir en la reconstrucción.

Además, un familiar directo de cada víctima mortal recibirá S/.1,000. Del mismo modo, los hospitalizados en Lima dispondrán de S/.800 para los familiares que los acompañen.

También se repartirán 50,000 bolsas sanitarias unipersonales, con artículos de aseo.

Aparte de las donaciones de empresas y particulares, el gobierno gastará S/.23 millones de soles para alimentar a unos 100 mil damnificados durante sesenta días. Las bolsas de víveres serán aprobadas por el programa de alimentos de las Naciones Unidas. La empresa Río Tinto, por su parte, correrá con las dos mil raciones que consumirán diariamente los efectivos de las Fuerzas Armadas, valorizadas en unos US$ 100 mil durante los próximos dos meses.

Además de la empresa privada, el gobierno ha recurrido a las municipalidades. Distritos limeños como Lince, San Isidro y La Molina “adoptarán” áreas afectadas de Cañete. San Miguel hará lo propio en El Carmen.

A partir de la próxima semana el Instituto Nacional de Estadística realizará un censo de damnificados y comenzará el armado de 500 aulas provisionales, pues el plan es iniciar las clases sin esperar culminar la reconstrucción cuyo final todavía no tiene fecha marcada en el calendario.