Justicia Corte Suprema chilena alista fallo definitivo sobre extradición.

El Que Pestañea Pierde (VER)

En la hacienda Chicureo, Fujimori dice esperar tranquilo el fallo final.

Luego de veinte meses, el proceso de extradición de Alberto Fujimori llega a su hora cero. El martes 28 los cinco magistrados de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile iniciaron las reuniones de deliberación para arribar a la sentencia definitiva.

Luego de casi seis horas, el presidente del tribunal, Alberto Chaigneau, abandonó su despacho y declaró que todavía no se había llegado a un acuerdo. Si bien no se han hecho públicos los detalles de la reunión, ha trascendido que los jueces solicitaron a la secretaría de la Corte Suprema documentos y jurisprudencia sobre prescripción de delitos. También iniciaron la revisión de los diez mil folios del expediente Fujimori.

Si bien cunde la incertidumbre acerca del fallo final, según la versión que ha cobrado más fuerza entre fuentes chilenas y peruanas consultadas por CARETAS, hasta el momento dos magistrados, Alberto Chaigneau y Hugo Dolmestch, se encontrarían a favor de la extradición del ex presidente Fujimori. De igual forma, Jaime Rodríguez Espoz se estaría inclinando hacia esa postura mientras que los votos de Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura serían por ratificar el fallo del ministro Orlando Álvarez, que negó la extradición en todos sus extremos el pasado 11 de julio.

Según las mismas fuentes, los posibles tres votos a favor de la extradición recogerían el pedido por los cuadernillos relativos a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por el caso de la desaparición de dos estudiantes del Callao, presuntamente torturados y ejecutados en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército en 1991. Los demás pedidos serían rechazados por haber prescrito.

A la Procuraduría le preocupa la celeridad de los supremos chilenos. Tras el fallo de Álvarez la defensa del Estado peruano tramitó una apelación ante la Corte Suprema.

Una semana después, la Segunda Sala llamó a audiencia pública, pero los abogados de ambas partes solicitaron su postergación. Recién el pasado martes 21 de agosto pudo llevarse a cabo la diligencia judicial donde la relatora, Paola Plaza, expuso el resumen de los doce cuadernillos de extradición.

Su exposición continuó el miércoles 22 y finalmente, el jueves 23, Alfredo Etcheberry (abogado del Estado peruano) y Gabriel Zaliasnik (defensor del ex presidente) expusieron sus alegatos finales.

Es en estas tres diligencias que los cinco magistrados supremos recién tuvieron acceso a los detalles del voluminoso expediente Fujimori. Por eso a la Procuraduría le extraña que el lunes 27, tan sólo cinco días después de haber escuchado la posición de los abogados, el presidente del tribunal anunciara el inminente fallo.

La viada se detuvo sorpresivamente el martes 28, cuando Chaigneau dijo que el veredicto llegaría en aproximadamente un mes. Por algún motivo le quitaron el pie al acelerador.

El ex procurador Antonio Maldonado, quien actualmente reside en Santiago, declara: “no creo que la Corte quiera cortarse el cuello al negar la extradición, salvo que quieran amparar de manera suicida la impunidad. Un fallo de esa naturaleza traería por tierra el prestigio ganado por la Segunda Sala desde septiembre del año pasado, cuando emitieron sentencias donde apuestan por el derecho internacional sobre derechos humanos”.

El ex procurador recuerda varios casos recientes en los cuales la Segunda Sala de la Corte Suprema ha fallado privilegiando la vigencia del derecho internacional por sobre la legislación interna chilena.

Las razones de su optimismo son muy similares a las expresadas por José Miguel Vivanco, director de America’s Watch (CARETAS 1985).

Destaca el caso del procesamiento de tres carabineros acusados de asesinar a dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1973.

En diciembre del 2006, la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por casi todos sus miembros actuales, revocó el fallo del juez de primera instancia que archivaba la denuncia contra los carabineros al considerar prescrito el delito de homicidio. En su fallo sostuvieron que a la luz del derecho internacional, este era un caso de lesa humanidad y que por lo tanto no prescribía.

Para sustentar su posición incluso citaron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la matanza de Barrios Altos, que considera a ese crimen como delito de lesa humanidad. Los jueces chilenos argumentaron que “la jurisprudencia y doctrina nacionales desde muy antiguo, han reconocido la prevalencia del Derecho Internacional en el supuesto de contradecir éste el Derecho Interno”.

Y fue precisamente la misma Sala que el martes 28 confirmó la pena de cadena perpetua contra el militar retirado Hugo Salas Wenzel y otras severas penas a catorce más por la muerte de 12 personas en la “operación Albania” o “matanza de Corpus Christi” de 1987.

Ahora, si se duermen sobre sus laureles, corren el riesgo de perder su bien ganada reputación.

El caso de la matanza de 41 presos del penal Miguel Castro Castro de 1992 es la carta bajo la manga de la defensa del Estado si la Suprema archiva la extradición.

A propósito de esos hechos, Fujimori es acusado por homicidio calificado. Es uno de los expedientes que más lo complican. Incluso hay pendiente contra él una orden de captura en la Interpol. Sin embargo, la solicitud de extradición está estancada en el Consejo de Ministros desde el 9 de junio pasado.

El Ministerio de Justicia mandó a inicios de ese mes un informe en el que recomendaba el envío de este caso a Chile. Hasta ahora el tema no ha sido puesto en agenda. De llegar oportunamente este nuevo pedido de extradición, Fujimori no podría salir de Chile hasta que se resuelva ese proceso. (Patricia Caycho)