Justicia Nuevo testimonio de acoso sexual complica la situación de juez Jovino Cabanillas. Corte Superior de Lima enfrenta el desafío de un callado mal extendido en toda la sociedad.

Otra Acusación de Acoso (VER)

Cabanillas fue reemplazado por César Vega Vega el lunes 1 en votación de sala plena ordenada por la Corte Suprema.

La revulsión vivida en la Corte Superior de Lima no se apaga en el mero escándalo. Que el presidente de ese organismo, el puesto número dos del Poder Judicial, caiga arrastrado por acusaciones muy directas sobre acoso sexual puede significar una gran diferencia en impulsar un debate siempre silenciado en el país.

Jovino Cabanillas fue reemplazado por el magistrado César Vega Vega porque una joven estudiante de derecho, Susan Hidrogo, se atrevió a dar la cara y narrar el presunto chantaje al cual la sometió mientras trabajó en su despacho. En la entrevista ofrecida a CARETAS 1994 no escatimó detalles.

Cabanillas atribuyó la denuncia a un complot político. En un estudio televisivo perdió los papeles, se arrancó el micrófono de la solapa y se marchó mientras repetía esa defensa.

Esos argumentos se complican más ahora, que se da a conocer un segundo testimonio, el de I.J.E.F. (CARETAS mantendrá su nombre completo en reserva mientras ella no haga explícita su decisión en otro sentido). Es nada menos que la predecesora de Hidrogo en la oficina de Cabanillas. El vídeo con su declaración fue recabado en la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA). Como fue publicado en el número anterior de CARETAS, luego de brindar su versión de los hechos, la joven no continuó con el trámite formal de la denuncia. Ha trascendido que fue presionada para que cejara en su intento.

De ser cierto, lo revelado por I.J.E.F. configuraría un patrón de acoso bastante grave (ver recuadro).

El capítulo peruano del Comité de América Latina y el Caribe Para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) asumió la asesoría legal de Hidrogo. CLADEM, que en el país trabaja a través de DEMUS, emitió un comunicado en el que advierte de las consecuencias sufridas por Hidrogo después de hacer su denuncia y rechaza las acusaciones de Cabanillas:

“Mostramos nuestra preocupación por la falta de garantías existentes para las mujeres que deciden denunciar este tipo de acoso. En el presente caso, si bien a la denunciante se le cambió de puesto de trabajo para garantizar que no siguiera siendo hostilizada, lo cierto es que el Poder Judicial no le ha renovado el contrato y no se le ha pagado ninguna remuneración; actualmente se encuentra desempleada. Esta situación representa una sanción simbólica a la denuncia realizada.

Si bien comprendemos que este caso tiene impactos políticos dentro de la gestión del Poder Judicial, comunicamos que nuestro interés en él solo está orientado a la defensa del derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia”.

Cuando Hidrogo ofreció su entrevista a CARETAS dejó en claro que sabía los riesgos a los que se exponía. Aún así, la situación no deja de ser simbólica. El magistrado Cabanillas es sometido recién a una investigación preliminar, como él mismo lo recordó, y si bien abandonó la presidencia de la Corte Superior sigue con derecho a encabezar una sala. Así lo reconoció a esta revista su sucesor César Vega Vega. También continúa siendo parte del Consejo Ejecutivo de la Corte Superior. Goza, por lo tanto, de un margen de acción bastante holgado mientras la investigación continúa su curso.

La denunciante, mientras tanto, queda de patitas en la calle.

El caso de ambas jóvenes corresponde a lo que Jacqueline Valenzuela del centro Flora Tristán califica de acoso tradicional: “supone una relación jurídica de jerarquía, es decir entre un superior y un subordinado. Comporta una serie de insinuaciones sexuales, verbales, físicas o de otro tipo. El supuesto más común de acoso por chantaje es el de las relaciones de trabajo. El empleador o un representante solicitan o realizan actos de naturaleza sexual y utilizan su poder respecto de su empleada/o para amenazar con afectar el normal desarrollo del trabajo o el despido”.

“Recuerda que detrás de tu puesto hay miles que desean estar ahí”, le habría advertido a Hidrogo.

La decepción es doble: tanto Hidrogo como I.J.E.F. pensaron haber sido reclutadas por sus capacidades. Particularmente la primera, que era alumna de Cabanillas (“Tenía buenas notas y me dijo que estaba buscando a los mejores alumnos… Al cabo de dos días, ya no era un halago académico, sino respecto a mi físico.”). I.J.E.F. también acusó el golpe (“Cuando me ofrecieron el puesto yo dije, guau, trabajar en la Presidencia y con la justicia, nunca pensé que me pasaría esto a mí”).

Los efectos en ambas mujeres, incluso los físicos, se reflejan en las definiciones de las Floras: “Estos actos repercuten en la eficiencia y en la productividad del trabajo de la persona acosada, le ocasionan trastornos psicológicos (duda, depresión, ansiedad, falta de concentración, baja autoestima), daños físicos (dolores de estómago, y de cabeza, náuseas, disturbios en el sueño), entre otros. Esta conducta también descalifica a la persona y obstaculiza su desarrollo personal”.

“Me enfermaba el hecho de ver al doctor”, confió Hidrogo. “Ese día yo dije mamá me siento mal”, se excusó I.J.E.F. en su casa. “Dos días me sentí malísima, el lunes me enfermé… Me metía al baño a llorar, me iba atrás a llorar, me desaparecía media hora y regresaba y estaba con los ojos llorosos y él me decía arréglate”.

El Perú va a la zaga en la materia. No existe el delito de acoso sexual a pesar de que el Estado ha firmado compromisos internacionales al respecto y se promulgó la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual (27942) que contempla sanciones administrativas. Sí es delito en países como Suecia, Alemania, Italia, Australia, Francia, India, Uruguay y México. En varios casos se incluyen agravantes y especificaciones en caso de desarrollarse el acoso en el contexto de empresas privadas.

Los intentos en el Congreso han llegado a producir dictámenes positivos pero no logra entrar al pleno alguna ley que tipifique el delito. El último proyecto de ley al respecto ingresó en setiembre del año pasado a la comisión de Justicia y Derechos Humanos. Propone incluir el delito en el Código Penal y fue presentado por miembros de la bancada aprista. Mercedes Cabanillas encabeza las firmas. El proyecto duerme desde entonces el sueño de los injustos.

¿Cuánto se extiende el acoso sexual en el país? La discusión se lleva en un cuarto oscuro, pero las pocas estadísticas disponibles son pasmosas. El Consejo Nacional de Secretarias denunció que el 67.5% de secretarias que laboran en gobiernos regionales y municipales han sufrido alguna vez de acoso sexual. De nuevo, Flora Tristán presentó hace ya varios años encuestas donde el 60% de las trabajadoras de las ramas industriales de confecciones de laboratorios, alimentos y electrónica confesaron haber sido víctimas de acoso.

Una investigación mucho más reciente de DEMUS encontró indicios sobre la proliferación de la figura en el Poder Judicial. Juezas entrevistadas en los órganos internos de investigación así lo hicieron notar, aunque reconocieron que llegar a cifras concretas es muy difícil por el temor que persiste a denunciar los hechos.

No puede ser de otra manera a la luz de los casos analizados.

El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, parece imprimir otro estilo y no le tembló el pulso para ordenar a Cabanillas convocar a Sala Plena y elegir a su sucesor. Ahora le queda confirmar si, como reza la carátula de esta edición, enfrenta una epidemia epidérmica. No por superficial sino porque, en cuestiones de piel, cuando el concurso no incluye a todos los involucrados se convierte en enferma pesadilla. (Enrique Chávez. Con información de Roberto More)