Sociedad Contra acusaciones de inconstitucionalidad y objeciones metodológicas, el INEI paraliza el país este domingo 21.

Censo Nacional 2007:
Nadie Se Mueva

Diez horas de sacrificio es lo que ha pedido el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a la Nación para poder realizar el censo con esmero y tranquilidad. Demasiado tiempo, han dicho algunos: ¿Es esto una “fotografía del país”, metáfora muy recurrida en esta semana, o un desfasado daguerrotipo en el que hay que mantener congelada la sonrisa para que la imagen quede bien? ¿Si no nos destruye nuestro propio desgobierno, lo hará el aburrimiento? En Internet, la blogósfera peruana ya empieza a compartir tips para matar el tiempo este domingo 21 y el Decreto Supremo 081-2007-PCM, que declara la orden de inamovilidad, ha sido puesto en duda por inconstitucional –todos tenemos derecho al libre tránsito– por personajes como Raúl Ferrero Costa y el ex jefe del INEI Félix Murillo, quien ha apuntado que es exagerado invertir tamaño lapso. El actual subjefe del organismo, Aníbal Sánchez, defiende la medida: “Es para el beneficio del país, no hay otro fin. Es un domingo, en que la economía casi no funciona y va a ser también un momento de reencuentro familiar”.

Desde Bagdad, el propio Farid Matuk se ha manifestado en contra del nuevo método. La forma de medición que aplicó durante su gestión se llama censo continuo, que se elabora en periodos prolongados de tiempo de forma tal que los datos obtenidos en cada momento se ajustan más o menos fielmente a la realidad del universo estudiado. Esta modalidad tiene la ventaja de no requerir inamovilidades. “Cada vez más países deciden ahorrar dinero a sus ciudadanos al no imponerles una paralización económica”, dice Matuk. Aunque instancias como el Banco Mundial y la Comisión Estadística Europea legitimaron su modelo censal y hasta lo calificaron como “de vanguardia” –el censo de Matuk se hizo en un mes–, desde el principio hubo cuestionamientos a sus resultados, de ahí que el gobierno no haya esperado los diez años que, según estándares internacionales, deben separar a un proceso censal de otro.