Justicia Un pabellón completo de El Ángel reúne a más de 400 víctimas del siniestro. Seis años después, los deudos aún claman justicia.

El Panteón de Mesa Redonda

Viernes 19, pabellón San Francisco del cementerio El Ángel. Los deudos de la tragedia anunciaron que apelarán la sentencia del 5o Juzgado Penal.

Casi seis años después de ocurrido el más devastador incendio en la historia peruana reciente, con 290 muertos, 174 desaparecidos y US$ 10 millones en daños materiales, las graves quemaduras aún no cicatrizan.

El viernes último, los centenares de deudos de la tragedia de Mesa Redonda, ocurrida el sábado 29 de diciembre del 2001, acordaron apelar la condena –considerada por ellos como “benigna”– impuesta a los procesados por el 5o Juzgado Penal de la Corte Superior, el miércoles 17.

El tribunal, presidido por el vocal Juan Carlos Vidal Morales, sentenció a cuatro años de prisión efectiva al ex jefe de la VII Región de la Policía, general (r) Luis Sánchez Arias, así como a los comerciantes Carlos Luján Valderrama, Sonia Lara Ayala, Clara Luz Broca Rodríguez y Lucila Pretell Torres de Ávalos. Los cargos: homicidio culposo por omisión, delitos contra el cuerpo y la salud, lesiones culposas graves y exposición al peligro común. Los familiares de las víctimas pedirán que la Corte Suprema procese al general Sánchez Arias por homicidio doloso. Si así ocurre, el alto oficial podría recibir una condena de entre 6 a 20 años de prisión.

En el fallo del 5o Juzgado Penal se indica que, 10 días antes del incendio, Sánchez Arias ordenó retirar el cerco de seguridad policial de Mesa Redonda (CARETAS 1703). Y lo hizo, pese a las advertencias de inteligencia policial que había ubicado ya los depósitos de pirotécnicos. Los comerciantes, en tanto, fueron responsabilizados porque convirtieron el gran mercado en un polvorín de cohetones, bengalas y ratas blancas.

Todos ellos deberán pagar la más alta reparación civil que se haya impuesto en un juicio penal peruano: S/. 54 millones (S/. 200,000 por cada víctima). Sin embargo, la Procuraduría apelará el fallo porque asegura que será el Estado el que pagará la reparación para después cobrarles el dinero a los sentenciados. Y éstos han comentado ya que no reúnen tamaño monto.

Por otro lado, el abogado de los deudos, César Nakasaki (el mismo que defiende a Alberto Fujimori) sostiene que el juicio dejó de lado a actores importantes en la tragedia. “El juez instructor no hizo una buena investigación porque sólo tomó las declaraciones a los familiares de las víctimas y no interrogó a otros responsables como los representantes del Municipio de Lima, de la empresa Edelnor y el empresario Ricardo Wong”.

En el caso del ‘megaimportador’ pirotécnico, Nakasaki añade: “A Wong lo investigaron por haber pagado un supuesto soborno a la directora de fiscalización municipal, pero esto no se pudo comprobar. Lo que tenían que investigar era su vinculación con la Policía y cómo, por ejemplo, logró que se retire el cordón policial de seguridad del mercado Mesa Redonda. Hay uno o dos testigos que hablan de una reunión entre los comerciantes mayoristas y Wong, donde él pidió hacer una “bolsa” para la Policía”.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se alista a oír los alegatos de todas las partes. Su dictamen está previsto para antes de fin de año. (Roberto More).