Política Palacio nombró a la “zarina anticorrupción” con bombos y platillos. Pero para Carolina Lizárraga los problemas recién comienzan.

Mucho Ruido, Tantos Jueces (VER)

Aunque parezca loable, creación de Oficina Nacional Anticorrupción conlleva el riesgo de debilitar a las instituciones ya existentes y crear un sistema de muchas cabezas y pocos resultados.

La designación de la jueza Carolina Lizárraga a la cabeza de la nueva Oficina Nacional Anticorrupción ha traído cola. En principio, debería ser bienvenida una iniciativa que promete enfrentar casos de corrupción de alto calibre. Más cuando ese cáncer vuelve a ser sintomático con el escándalo de las compras sobrevaloradas del Seguro Integral de Salud (SIS).

Varios de los involucrados en el chanchullo de raciones para las víctimas del terremoto del sur chico tienen carné aprista. La cúpula del Ejecutivo no admitió contemplaciones para ellos e instó al sistema judicial a ordenar su captura.

Sin embargo, el nombramiento de Lizárraga también ocurre cuando el Ejecutivo vuelve a chocar con el contralor general de la República, Genaro Matute. El presidente Alan García le increpó por recién haber “recuperado la lengua” para criticar a su gobierno y guardar silencio con el de Alejandro Toledo, quien lo nombró.

El período de Matute termina el próximo año. Bien haría el gobierno en respetar esos términos y asumir los necesarios rigores del sistema democrático. Más cuando Matute avanza en una investigación que involucra a Alex Kouri, presidente regional del Callao y recientemente próximo al presidente García. Aunque las pesquisas puedan tener vacíos (ver Mar de Fondo), salta a la vista que varios carriles no caminan en el cuestionado peaje chalaco.

Las recientes, y sospechosas, denuncias periodísticas contra Matute tienen tanta punta como un clavo para desinflar llantas.

LIZÁRRAGA ES UNA LIMEÑA de 37 años que se crió en Piura. Es abogada de la Universidad Católica y trabajó en los estudios Ugaz y Echecopar. Ingresó al Poder Judicial en el 2002 y se puso al frente del 36o Juzgado Penal. En abril del 2003 también comenzó a manejar el Segundo Juzgado Anticorrupción.

Al año siguiente retomó los estudios en la Universidad de Yale y cursó una maestría en torno a los elementos probatorios y la evidencia de los procesos.

En enero último contrajo segundas nupcias con José Ramírez Gastón, hombre fuerte del influyente estudio Echecopar.

Aunque como jueza anticorrupción tuvo bajo su cargo procesos tan delicados como el del escuadrón de la muerte Colina, Lizárraga saltó a la lupa pública con el controvertido caso de César Almeyda, ex abogado del presidente Alejandro Toledo inmiscuido en una conversación con el luego suicidado general montesinista Óscar Villanueva. Quienes acusaron a Almeyda sostenían que en la charla, grabada en un audio manipulado y en pésimo estado, el abogado traficaba favores para el entonces procesado.

La magistrada ordenó la captura de Almeyda el 1 de febrero del 2004 y muchos celebraron que no le temblara la mano para meter adentro a uno de los hombres más cercanos al entonces mandatario. Pero otros consideraron la medida draconiana.

“Me sorprendí cuando hubo quienes esperaban otra posición de parte del juzgado”, le dijo poco después a CARETAS. “Es más, traté de no leer prensa”.

Los críticos de su designación, sobre todo provenientes del entorno de Alejandro Toledo, han cuestionado su imparcialidad y recuerdan que fue Lizárraga la que a fines del año pasado abrió proceso contra el ex presidente por asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos en el caso de las firmas falsas de Perú Posible. Entonces Lizárraga ordenó su impedimento de salida del país y el embargo preventivo de sus bienes.

¿Dónde se inscribe la ONA?

El contralor Maute reiteró la noche del martes 23 en el programa de Rosa María Palacios que según sus atribuciones, la nueva oficina “repite casi todo lo que hace la Contraloría General e incluso tiene alcance nacional”.

La Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, firmada por el Perú, estipula que “cada Estado Parte podrá designar una autoridad central (en la materia) o podrá utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos”.

El Perú designó en el 2003 al Ministerio de Justicia como su autoridad central contra la corrupción. Sin embargo, países como Argentina han realizado, con el paso de los años, precisiones en torno al tema. ¿Podría sumarse la ONA? Al fin y al cabo, es parte del poder Ejecutivo, como también depende de él el Ministerio de Justicia.

Y es precisamente su pertenencia al gobierno, más precisamente a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que también puede poner un signo de interrogación sobre la independencia de la ONA.

De modo contrario podría argumentarse que la firme muñeca de Lizárraga le serviría para enfrentarse, hipotéticamente, al propio presidente Alan García. Lo hizo el ex procurador José Ugaz con Alberto Fujimori, quien lo contrató. Y el sucesor de Ugaz, Luis Vargas Valdivia, se convirtió en una presencia antipática para la administración de Alejandro Toledo.

Pero en ambos casos la diferencia fue marcada por instituciones ya existentes. Si a ello se le suman instancias como la Contraloría vuelve a ponerse sobre el tapete la pertinencia de seguir abriendo más oficinas. Otra iniciativa que ha puesto los pelos de punta a muchos procuradores del Estado ha pasado relativamente desapercibida en los últimos días.

El titular del Consejo de Defensa del Estado, Moisés Tambini del Valle, pretende contar con rango de fiscal de la Nación y colocar bajo su tutela a los 137 procuradores del Estado que hoy son nombrados y dependen de los ministros de cada sector (ver más en Mar de Fondo).

CON TODO, hay que reconocer cierto sentido de la espectacularidad en el nombramiento de Lizárraga. Como en un círculo que se cierra, fue ella quien el martes 16, en una de sus últimas resoluciones como jueza, ordenó la captura de los cinco involucrados en las compras sobrevaloradas del SIS.