Seguridad Último atentado en quebrada de Huancavelica precipita decisión presidencial de publicar relación de liberados que purgaron prisión por terrorismo. Pero situación obliga a empapelar menos e hilar más fino.
Brutal crimen en Tayacaja cobró cuatro vidas. Seguridad de narcotraficante Florencia Henríquez, señalada como responsable, es integrada por senderistas.
El anuncio mañanero del presidente Alan García no podía pasar desapercibido. Llegó hasta Ate-Vitarte a las 7 y 30 de la mañana del lunes 19 para inspeccionar obras de desagüe, pero su promesa abrió caños de aguas más negras.
“Voy a entregar la lista de los 1,800 terroristas (liberados)”, aseguró, “para que todos sepan exactamente vecinos de quién son y qué cosa está haciendo cada uno de los liberados. No podemos caer en la candidez de decir que se han transformado absolutamente y porque juraron sobre la Biblia ser demócratas, son realmente demócratas”.
AGP continuó explicando que “muchos de estos liberados, que cometieron crímenes y asesinatos, están otra vez empujando sus planes siniestros y están movilizando de alguna manera a otros sectores”.
La decisión fue el colofón de una semana triste que comenzó casi a las siete de la noche del martes 13, cuando cuatro policías fueron masacrados en la provincia de Tayacaja, Huancavelica.
La defensora del pueblo, Beatriz Merino, expresó su oposición a dar a conocer la lista pues se afectaría a personas reintegradas en la sociedad. Además de las peligrosas consecuencias legales y jurídicas que encierra una decisión de estas características, la publicación puede confundir más la percepción ciudadana.
Total, pueden preguntarse con justicia los peruanos, ¿nos enfrentamos a narcos o senderistas?
EL DOMINGO 18 por la noche, el ministro del Interior Luis Alva Castro visitó en su casa al titular de Defensa, Allan Wagner, para ultimar detalles sobre las exposiciones que brindarían al día siguiente en el Congreso. Acordaron que era importante no repetir informaciones.
Y fue precisamente eso lo que ocurrió el lunes 19, en sesión reservada con la Comisión de Defensa. Al ser interrogados sobre quiénes ejecutaron el atentado del martes 13 en la provincia de Tayacaja, Huancavelica, ambos dieron respuestas disímiles. Alva aseguró que los autores eran esencialmente narcotraficantes y Wagner dijo que cabía la posibilidad de remanentes senderistas.
¿Quién tiene la razón? Probablemente los dos.
El ataque, el segundo en lo que va del mes, ocurrió a las 6:45 de la tarde en la quebrada conocida como Querquer, en el distrito de Salcahuasi. Los policías Orlando Toro Canchari, Jaime Huarcaya Mescua, César Ramos Peralta y Samuel Fernández Gallardo, de la División de Investigación Criminal de Huancayo, llegaron al recodo para proceder al levantamiento de un cadáver. La diligencia fue ordenada por el Ministerio Público aunque el fiscal del caso se cuidó en no asistir a la operación.
La zona es conocida ruta del narcotráfico y, por eso, los efectivos se presentaron uniformados y bien apertrechados. Cuando retornaban, sin embargo, se cruzaron con un numeroso grupo armado que –al divisarlos– disparó a matar. La Policía indica que los asesinos utilizaron fusiles de largo alcance y granadas de mano tipo pepas para destrozar la camioneta policial. Luego huyeron.
La provincia de Tayacaja es una zona con un intenso tráfico de los insumos químicos que ingresan de la zona minera del centro hacia el Valle de los Ríos Apurímac-Ene (VRAE), pero también con activa presencia de remanentes y columnas senderistas. Desde abril a la fecha, la Dirección Antidrogas (Dirandro) ha ejecutado numerosos golpes al narcotráfico e incautado, aproximadamente, 30,000 litros de insumos químicos.
Los esfuerzos se han centrado sobre Florencia Enríquez Ledesma, (a) ‘Floricienta’, considerada la ‘Reina de los insumos en el VRAE y el Valle del Huallaga’. Es la principal abastecedora de los narcotraficantes en esas cuencas cocaleras y cabecilla de una bien aceitada red mafiosa. La Dirandro le ha decomisado gran cantidad de insumos y detenido a una decena de sus subordinados, lo que podría haber desatado su venganza.
Ahora bien, según información de inteligencia policial, ‘Floricienta’ cuenta con un pelotón de seguridad dirigida por dos ex senderistas: Alejandro Díaz Llantoy, ‘Alejo’, y Yemer Huamán Bizarro, ‘Teodoro’. La posibilidad de que éstos ejecutaran un ataque contra la Policía en represalia por las últimas incautaciones representaba una amenaza latente. Una nota de inteligencia policial Nº 106-Hy-H20-H08, informaba que “remanentes de SL, aliados con organizaciones de narcotráfico tendrían planeado realizar acciones contra instalaciones, vehículos y personal policial”. El reporte identifica a ‘Alejo’ y ‘Teodoro’ como los cabecillas de estas acciones armadas.
La alianza narcotráfico-terrorismo –a la que se refirió el premier Del Castillo el lunes último en el Congreso– es, pues, una realidad doméstica de las cuencas cocaleras. Las columnas senderistas se mantienen básicamente gracias al dinero de los narcotraficantes. A cambio les brindan seguridad.
Del Castillo resumió la situación: en unos casos son terroristas, en otros narcotraficantes que delimitan su territorio y en ocasiones son detectados atentados con algún grado de coordinación, como el de Tayacaja.
No pasó lo mismo en el reciente crimen de Ocobamba. La Policía confirmó que se trató de un ajuste de cuentas de narcotraficantes. La semana pasada fue detenido Ulber Lima Aguilar cerca de la zona del ataque, quien sindicó a su tío, Richard Jesús Lima Cuadros, de haber sido quien dirigió el ataque. Este último tiene un hotel en el distrito de Chincheros. Al ser detenido y luego de prolongados interrogatorios confesó que fue él quien ordenó atacar la comisaría y matar al teniente Héctor Zegarra. ¿Por qué? El 18 de octubre, Zegarra participó en la incautación de un cargamento de PBC en Soccos, Chincheros.
Fueron incautados 82 kilos de PBC, pero al parecer había más droga. “Tengo información de que el cargamento de droga incautado ha sido mayor del que me entregaron ese día. Faltaría un promedio de 40 kilos de PBC”, dijo a CARETAS el fiscal Víctor Sánchez. El principal sospechoso del déficit fue el asesinado teniente Zegarra y, por eso mismo, fue interrogado por el fiscal de Andahuaylas. Paralelamente, la Inspectoría de la Policía de la Región Apurímac abrió una investigación reservada, la cual quedó paralizada tras el ataque a Ocobamba. Lima Cuadros admitió a la Policía que él era el propietario de ese cargamento incautado en Soccos.
Paradójicamente, el convulsionado VRAE fue declarado zona de emergencia hace un año y el manejo de la situación le fue encargado al Ejército. Allí existen 18 bases militares con más de 2,000 efectivos del Ejército y poco menos de 1,000 policías para combatir a los narcos.
Los resultados han sido insatisfactorios y, por el contrario, las ‘firmas’ se han multiplicado. ‘Mochileros’ y acémilas recorren diariamente el VRAE con la pasta básica de cocaína a cuestas. Un video policial inédito, y que se puede ver en www.caretas.com.pe, muestra el recorrido de una de estas caravanas. La Policía asegura que estos mochileros iban armados, pero esto no se aprecia bien en el video.
LUEGO DEL ALMUERZO de los martes con los ministros, durante el que se discutió la promesa presidencial, el premier Jorge del Castillo hizo un cálculo rápido de los posibles integrantes de la anticipada lista.
Según los números del Ejecutivo, del 2000 al 2007 fueron liberados 3,084 internos por terrorismo. Las cifras difieren ligeramente de las publicadas en CARETAS 1997, en las que se utilizaron documentos del INPE para totalizar 3,164.
De los 3,084 tomados en cuenta por el gobierno, 878 fueron absueltos, 318 indultados, 473 recibieron libertad condicional, 154 purgaron pena reducida, 574 cumplieron sus sentencias y 687 salieron por otras razones. No se incluyen los casos analizados por la Comisión Ad Hoc para inocentes acusados de terrorismo, encabezada por el fallecido sacerdote Hubert Lanssiers, pues ésta trabajó entre 1996 y 1999.
El primer ministro calcula que a la lista no se sumarían los absueltos ni el rubro de “otras razones”. Hasta el momento, entonces, los nombres a darse a conocer serían los de 1,519 personas.
Adicionalmente, la comisión especial del Congreso que legislará sobre terrorismo trabajará el tema de recompensas, pues ninguna ha sido otorgada en los últimos años; las nuevas figuras delictivas que comprenden la figura híbrida de narcotráfico y terrorismo, y la inclusión de fondos no previstos en el presupuesto. Allí encajan los abandonados Comités de Autodefensa y las Rondas Campesinas.
También legislará para supervisar a los liberados sin que se violenten sus derechos. El estudio legal lo adelantan los ministerios del Interior y de Justicia.
LAS SIMPLIFICACIONES ANULAN LOS DOS EXTREMOS. Emprender una cacería de brujas y ver el viejo fantasma senderista en todas las acciones de violencia equivale a no comprender los profundos cambios sociales operados en el Perú desde la caída de Abimael Guzmán.
Pero ponerse una venda en los ojos y negar todo vestigio de peligroso extremismo en la plataforma de protestas activas en la actualidad resulta casi igual necedad.
¿Acaso Sendero busca revivir su viejo esquema de los ochenta? Obviamente, no. La mayoría de su cúpula fue a dar con sus huesos a la cárcel y lo más probable es que allí se quedará.
Pero todos los indicios indican que esos altos mandos mantienen una intensa comunicación con quienes quedan fuera. La “Solución Política” propugnada por “Gonzalo” tiene cada vez más puntos en común con la facción “Proseguir”, que continúa sus acciones armadas (CARETAS 1997). Y esos mandos medianos de los comités regionales, zonales y metropolitanos mantendrían contacto con los remanentes narco-senderistas en las cuencas cocaleras.
A eso se añade que hoy se cuece un nuevo caldo de cultivo. Los llamados movimientos antisistema ofrecen un trampolín propicio. Basta revisar periódicos como Primero de Mayo, ya reseñados por esta revista, donde conviven razonables propuestas sindicales y ambientalistas con contenido francamente filosenderista. Su director, Juan Carlos Ríos Fernández, estuvo en prisión por terrorismo entre 1987 y 1989. En carta a esta redacción señaló que fue absuelto.
Los actores políticos no son ajenos a la indefinición. El congresista aprista Aurelio Pastor denunció que las congresistas cocaleras Nancy Obregón y Elsa Malpartida mantienen contactos con elementos senderistas. Obregón reconoció que visita las cárceles pero negó vinculación semejante. El gobierno tiene el tema entre ceja y ceja, pues durante su intervención en el hemiciclo del Castillo espetó a los parlamentarios que se escudan en su inmunidad para aliarse con extremistas. Más de uno vio el fogonazo encendido en la mirada de Obregón.
Parecido ocurre en varias universidades. El ex rector de San Marcos, Manuel Burga, denunció la presión de los más radicales. CARETAS 1998 publicó un informe con la actividad de sectores de jóvenes alumnos simpatizantes con los maoístas. Otro liberado, Richard Calixto Rodríguez, tiene presencia en el centro de estudios.
¿Para neutralizar esas infiltraciones se hace necesario publicar una babilónica lista? Lo más probable es que la respuesta sea negativa. Los informes de Inteligencia elaborados con la colaboración de informantes coinciden en que los actuales mandos senderistas que salieron de la cárcel y que hoy continúan en las filas senderistas no son más de 50 ó 60.
Del mismo modo, los cálculos policiales sobre la presencia de senderistas en el VRAE –ojo, no de narcotraficantes aunque ambos grupos se entrelazan– sugieren que los hombres armados pasan de 200.
¿No es evidente que algo anda mal si funcionan 18 bases contrasubversivas en el Valle y cada una cuenta con un promedio de 50 efectivos militares?
Un enterado analista consultado citó el ejemplo de la muerte de Héctor Aponte (a) “Clay”. El lugarteniente de “Artemio” en el Valle del Huallaga fue abatido gracias a un trabajo de seguimiento hecho con dos policías y tres infiltrados. Es poco creíble que hacer públicas listas tan rimbombantes traiga éxitos igual de quirúrgicos.
FOTOS
PDF
