Actualidad Con primera sentencia a cuestas, ex Presidente enfrenta en el caso Barrios Altos los cargos más espinosos del megajuicio.

Fujimori en su Zarza (VER)

La primera intervención de Fujimori contra sus acusados provocó lo que en el argot judicial se llama “juicio de ruptura”.

EL MEGAPROCESO QUE se ha iniciado contra Alberto Fujimori no solo busca determinar la culpabilidad o inocencia del Presidente por una secuencia de cargos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, sino que pondrá en vitrina el grado de madurez de la democracia peruana y el nivel de independencia de su Poder judicial.

En los vuelcos de la tortilla peruana, la clase política y la mediática pueden ser muy crueles con el caído y despertar corrientes apasionadas en la opinión pública.

Durante la década de los 90 estas mismas advertencias fueron planteadas al actual reo Fujimori para evitar que durante su régimen se vejara a los acusados y sospechosos vistiéndolos en trajes a rayas, por ejemplo, o que se manipulara al Poder Judicial para propiciar resultados convenidos.

Esto lo debe tener actualmente muy en mente el ex mandatario y también recordar, ahora que ha sido condenado a seis años de prisión efectiva por el allanamiento irregular y desesperado del domicilio de Vladimiro Montesinos en el 2000, esa carátula de CARETAS 1153 de junio de 1991 en la que se le advirtió que tuviera “cuidado con este asesor”.

También debe estar arrepintiéndose de ese apodo que él mismo se puso, el de ‘Chinochet’, para anunciar que él también era de los dispuestos a “poner orden” usando los métodos del dictador chileno.

Sin duda que cuando Fujimori llegó al poder confrontó una situación crítica, con una sedición violenta que crecía y una economía que se había desplomado.

Y el ex catedrático universitario, premunido de grandes ambiciones y un desprecio por sus antecesores, los partidos políticos y la democracia legislativa en general, ambicionaba resolver los problemas del país. Pero el poder es un privilegio que acarrea responsabilidades y, aun confrontando una guerra interna, el gobernante debe optar por respetar leyes de comportamiento universalmente reconocidas y recurrir a métodos que resultan siendo tan criminales como los utilizados por la insurgencia asesina.

Y eso es lo juzgado ahora.

LA MATANZA DE BARRIOS ALTOS es uno de los casos más espinosos. Ocurrió el domingo 3 de noviembre de 1991 a las 10 y 30 de la noche en un viejo solar del jirón Huanta 840, en Barrios Altos. En el lugar se llevaba a cabo una pollada bailable de vendedores ambulantes de helados D’Onofrio, entre los cuales se escondían supuestos senderistas, según la información que brindó al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) el suboficial EP Pascual Arteaga, quien trabajaba como infiltrado en Sendero Luminoso. Quince agentes del Grupo Colina, comandados por el mayor EP Santiago Martin Rivas, irrumpieron en la pollada armados con fusiles HK con silenciador. Había más de 30 comensales. Uno de los agentes subió el volumen de la música, mientras Arteaga señalaba a los presuntos senderistas que serían eliminados: 13 en total. Los demás fueron obligados a entrar a una habitación contigua. Martin dio la orden y los encapuchados abrieron fuego matando incluso a un niño de ocho años que ingresó corriendo al ambiente de la ejecución y se aferró a la pierna de su padre, Manuel Ríos, en los precisos momentos en que éste era acribillado. El pequeño recibió 11 balazos. Los militares huyeron en camionetas Cherokees con circulinas y lunas polarizadas rumbo a la playa La Tiza. En la escena del crimen fueron encontrados 14 cadáveres, 111 casquillos y 32 orificios en las paredes.

SEGÚN EL PROPIO MARTIN RIVAS, el propósito era infundir el terror y el desánimo en Sendero Luminoso. En una entrevista filmada que concedió al periodista Umberto Jara para el libro ‘Ojo por Ojo’, el jefe del Grupo Colina afirmó lo siguiente: “Esa casona era un centro de operaciones senderistas. De ahí salieron y allí volvieron los que hicieron el atentado a los Húsares de Junín (en 1989)”.

¿Quién le dio la orden? Colina era un destacamento militar que pertenecía al Ejército, pero cuando ocurrió la matanza tanto el jefe del Ejército, Pedro Villanueva, como el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Juan Rivero Lazo, de quienes dependía estructuralmente el Grupo Colina, se encontraban fuera del país.

¿A quién reportó Rivas de lo ocurrido en Barrios Altos? El periodista de investigación Ricardo Uceda afirma en su libro ‘Muerte en el Pentagonito’ que un día después de la matanza, el 4 de noviembre, Rivas y su jefe directo, el comandante EP Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, quien trabajaba para el SIN, fueron a Las Palmas para darle cuenta de lo ocurrido a Montesinos.

Durante una audiencia oral por el juicio de la falsificación de firmas para Perú 2000, Montesinos admitió: “Yo recibía órdenes del Presidente. Él era jefe del Sistema de Defensa Nacional y también era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional”.

El ‘Doc’ ha declarado que Colina era un “engendro” del Ejército y que desconocía de sus operativos, pero en el presente juicio oral, el tribunal podría preguntarle qué informe posterior a la matanza de Barrios Altos expuso a Fujimori. ¿Le advirtió que había sido ejecutada por militares?

LA ACUSACIÓN FISCAL atribuye a Fujimori la “autoría” de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y de los secuestros de los sótanos del SIE.

En los expedientes no existe prueba, documento o testimonio directo que indiquen que aquél ordenó tales sucesos. Las declaraciones de los agentes del Grupo Colina que refieren que Fujimori supervisó los crímenes provienen de oídas y no son confiables.

En cambio, existe un cúmulo de evidencias que lo sindica como el máximo responsable de una política de Estado que permitía la conformación de escuadrones militares clandestinos, entre ellos Colina, para asesinar terroristas. Ahí radica la estrategia de la defensa del Estado (ver recuadro).

El fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales tiene la convicción de que a Fujimori le corresponde aplicar la Teoría del Dominio de Hecho de la que CARETAS ya ha dado cuenta en ediciones anteriores.

De las primeras audiencias, y del interrogatorio al que el fiscal sometió al ex presidente el miércoles 12, se desprende que ambas partes intentarán ganar terreno en sus respectivas posiciones.

Fujimori intenta arroparse en su condición de ocupado ex presidente para alejarse de las circunstancias específicas de la matanza. Sus recuerdos son, convenientemente, casi inexistentes. Sobre su reacción posterior, que encubrió los crímenes, llegó al extremo de decir que no leía prensa: “No puedo basarme en especulaciones, presunciones, dichas de repente con malas intenciones”.

Su abogado, César Nakasaki, criticó la acusación fiscal porque, según él, implica que el ex presidente fue miembro del grupo Colina e impartió la orden directa de la masacre.

Así intentarán desmontar las tres condiciones definitorias del dominio de hecho: 1. Que el procesado actuó de forma dolosa. 2. Qué conoció las circunstancias de los hechos punibles y, 3. Que tuvo poder de decisión sobre la realización de esos hechos.

El fiscal y la defensa de los deudos, en cambio, enfatizarán cómo la matanza fue perpetrada en el marco de las políticas impulsadas y aprobadas por Fujimori.

Es, finalmente, una batalla entre el enfoque del detalle atroz y el gran cuadro visto desde lejos. Fujimori, que se preciaba tanto de tener ojo estratega, ahora lucha denodadamente por convencer al juez de su miopía.