Actualidad Las cartas acusatorias del Ministerio Público para condenar al ex Presidente.

Los Ases del Fiscal

Fiscal Supremo José Peláez Bardales y la teoría del Dominio de Hecho.

La figura legal utilizada por la Fiscalía indica que se considera autor de un delito a quien tiene “el dominio de hecho”, es decir a quien decide sobre los aspectos fundamentales de un delito. Bajo ella, precisamente, la Corte Suprema de Chile decidió aprobar la extradición de Fujimori, en setiembre pasado.

Chile nunca antes había aplicado la teoría del Dominio de Hecho, como sí lo hizo Argentina para juzgar a las juntas militares por las atrocidades del régimen de Jorge Rafael Videla (1976-1983). El 9 de diciembre de 1985, el tribunal que presidía Roberto Marquevitch sentenció a Videla a cadena perpetua bajo el argumento de que se trababa del “autor mediato” de un sistema gubernamental que tenía como práctica “arrancar criaturas del seno de las familias que se consideraban vinculadas a la actividad de grupos guerrilleros u opositores al régimen de facto”.

Una de las pruebas relevadas por Peláez Bardales es el Manual de Inteligencia Militar ME 38-23, elaborado por Martin Rivas y aprobado en una “mesa redonda” por Fujimori y los jerarcas militares en abril de 1991.

El documento de 108 páginas es un manual militar para luchar contra el terrorismo y, en uno de sus acápites establece como una de las misiones fundamentales de los equipos de contraterrorismo: “prevenir, detectar, localizar, identificar, neutralizar y/o eliminar personas que realicen actividades de terrorismo”. En la entrevista filmada que concedió a Umberto Jara, Martin Rivas indica que dicho manual aprobaba las llamadas “guerras clandestinas, de baja intensidad o guerras sucias”.

Fujimori propulsó la creación del Grupo Colina y la “guerra sucia”, según el fiscal.

“El Ejército es jerárquico y un mayor no mueve un dedo si la orden no viene de arriba, y en esos temas las órdenes tienen que venir de bien arriba porque sin decisión política no se mueve nada”, dijo Rivas. “Y (Fujimori) tomó decisiones con su comandante general Hermoza Ríos y con su otro jefe, Vladimiro, que sabían muy bien de qué se trataba. Él se lo hizo entender al Chino. Los grupos operativos, como Colina, eran eso: o-pe-ra-ti-vos. No eran de-ci-si-vos. ¿Queda claro o no?”, dijo.

El video de la entrevista de Rivas ha sido aceptado ya como elemento probatorio por la Sala Penal Especial que preside San Martín. Para Vásquez Peláez bastará con probar que Fujimori sabía que existían prácticas militares de este tipo y que las autorizaba aunque sea por inacción.

Ahora queda por verse el peso que le asignará al dominio del hecho el magistrado César San Martín, titular de la sala que sentenciará a Fujimori. Por lo pronto, es sabido que San Martín está muy familiarizado con la teoría creada por el alemán Claus Roxin.

Juez por Vocación

“Nadie le pisa el poncho ni le vende Machu Picchu”, resumió su impresión de César San Martín, 52, un connotado abogado cusqueño radicado en Lima.

Limeño de origen mesocrático, egresado de la Universidad de San Marcos, San Martín fue descrito como un hombre sencillo y con un singular sentido del humor.

En 1992 fue destituido de la Corte Superior tras el golpe del 5 de abril, y hacia finales de la década ingresó al boyante Estudio Ugaz.

El penalista Luis Roy Freyre, que lo vio trabajar en la práctica privada del Derecho, concluyó por ese entonces: “En realidad, San Martín es un juez”.

En 2004, San Martín renunció al Estudio Ugaz y postuló a la Corte Suprema de Justicia, salto que pocos abogados de su calibre se atreven a pegar.

El titular de la Sala Penal Especial que juzga hoy a Fujimori, es autor de Derecho Procesal Penal y cinco títulos especializados más, y goza de singular reconocimiento en España.

En efecto, desde la perspectiva de ingresos personales, el giro profesional resultó cuadras. El año pasado, la Ley de Austeridad de AGP mochó el salario de los Supremos de S/. 26 mil a S/. 15 mil de un solo cocacho.

Para un magistrado cuya familia lleva la carga de una hija con una enfermedad congénita, el sacrificio es literalmente supremo.

Pero profesionalmente San Martín está en su garbanzal, y ahora tiene puestos los reflectores de la opinión pública y la comunidad internacional pendientes del caso Fujimori.

El Instituto de Defensa Legal (Ideele) recordó en la última edición de su revista que San Martín, entre 1994 y 1995, fue asesor del ministro de Justicia, Fernando Vega Santagadea, en algunos protocolos con las Naciones Unidas.

Sin embargo, destacó la hondura académica y su versatilidad en materia de derechos humanos.

“En realidad”, concluyó De la Jara, “el caso Fujimori no pudo haber caído en mejores manos”.