Policiales Presidente de la Corte Superior de Lima acusado de relevar jueces para favorecer a los Sánchez Paredes.

El Carrusel de la Corte

César Vega Vega y el ex presidente de la Corte Superior, Ángel Romero, son investigados por la OCMA, pero ambos niegan conocer a los Sánchez Paredes.

El presidente Alan García tocó una fibra sensible el último sábado. Tras inaugurar una base policial antidrogas en Huamanga, Ayacucho, cargó las tintas contra la Comisión de Constitución del Congreso de la República que aceptó aprobar la derogatoria del Decreto Legislativo 992 –o Ley de Pérdida de Dominio– por considerarlo inconstitucional. La norma, que había sido promulgada en julio, permite a la justicia incautar los bienes de los delincuentes, adquiridos ilícitamente, aun así éstos no hayan sido condenados. Algunos constitucionalistas indican que la ley vulnera la presunción de inocencia del procesado, pero para quienes combaten al narcotráfico se trata de una herramienta fundamental para atacar el patrimonio ilícito de los barones de la droga. Así, por supuesto, piensa el jefe de Estado.

“¿Quién quiere darle tregua, cuartel, facilidades al narcotraficante que ha blanqueado dinero?”, se preguntó frente al embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael Mckinley, y al ministro del Interior Luis Alva Castro. “La economía delictiva se quiere formalizar o blanquear a través del lavado de activos. Entonces compran compañías de aviación, empresas mineras y hay quienes se prestan a usar ese dinero en sus empresas formales para llenarse de edificios”, se quejó. Para algunos fue una clara alusión a los hermanos Sánchez Paredes, propietarios de empresas mineras e investigados por desvío de insumos químicos al narcotráfico y tráfico de drogas. La derogatoria de la norma será debatida recién en marzo, pero el Presidente ya explicitó sus temores.