Narcotráfico Documento secreto sobre los Sánchez Paredes salió del Ministerio Público y llegó a manos de los investigados.

Coladera Fiscal (VER)

La propia Fiscal de la Nación informó a la prensa de la investigación por lavado de dinero, pese a que ésta era reservada.

Tensa y ofuscada lució la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, la mañana del martes último durante una conferencia de prensa en la sala de audiencias de la Junta de Fiscales Supremos, en el piso nueve del edificio del Ministerio Público de la avenida Abancay.

Escoltada por los fiscales supremos Percy Peñaranda y Gladys Echaíz, Bolívar se refirió por primera vez a documentadas investigaciones publicadas por CARETAS y recogidas posteriormente por El Comercio para acusar a ambos medios de haber lanzado una supuesta “campaña de demolición” en su contra. Los reportajes de esta revista recogieron denuncias concretas en contra de dos fiscales que investigan a los Sánchez Paredes por presunto desvío de insumos químicos al tráfico de drogas.

En la edición 1989, de agosto pasado, se reveló que la fiscal de Trujillo, María Milián Solar, se presentó a una diligencia del caso en el vehículo de la propia investigada, Amanda Sánchez Paredes. No obstante, para la titular del Ministerio Público la denuncia es una infamia y no constituye delito.

“¿Cuál es el problema que un fiscal suba a la camioneta de sus investigados?”, se preguntó sorprendida. “Nosotros no tenemos movilidad, pero tantas mentiras hay acá, que ya no sé qué cosa es verdad”, se defendió.

Bolívar negó también haber maltratado durante una reunión con el ministro del Interior, Luis Alva Castro, al comandante Eduardo Núñez, jefe del equipo policial a cargo del caso (CARETAS 1989). Distribuyó a la prensa una misiva del 16 de agosto en el que le exige a Alva investigar la “filtración” de lo ocurrido en dicho encuentro. Bolívar cerró la conferencia asegurando que la probidad y transparencia del Ministerio Público en beneficio de la ciudadanía “están garantizadas”. Pero lo que ocurrió el último jueves 3 en su propio despacho revela todo lo contrario.

Informe de la Dirandro se filtró en menos de 24 horas de abierta la pesquisa fiscal.

LOS HECHOS fueron corroborados a CARETAS por diversas fuentes de la Fiscalía y del Ministerio del Interior. El 12 de diciembre, el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general Miguel Hidalgo, solicitó una reunión personal y reservada con Mateo Castañeda Segovia, coordinador en jefe de las ocho Fiscalías contra el crimen organizado. Dada la urgencia, el encuentro se produjo esa misma tarde.

Hidalgo le entregó a Castañeda Segovia un informe secreto de 229 páginas en el que se señalan indicios sólidos para investigar a los Sánchez Paredes por presunto lavado de dinero y tráfico de drogas. El documento Nº 1032-12-2007-DIRANDRO-PNP/EEIP-GLA recoge las sucesivas investigaciones publicadas por CARETAS y añade importante información de sus propios archivos, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de otras dependencias policiales sobre las actividades del clan de Santiago de Chuco.

El parte, en suma, identifica a 70 descendientes de Perciles Sánchez Paredes y a 123 empresas de la familia como presuntos implicados en lavado de dinero y potenciales objetivos a ser investigados. La presencia de Hidalgo buscó imprimirle la confidencialidad que el caso amerita, dadas las presiones, amenazas de muerte e intentos de soborno sufridos por el personal policial. Pero en la Fiscalía las paredes escuchan y parecen tener brazos largos.

El miércoles 2 de enero, tras estudiar el documento e informar del caso a su jefe, la doctora Bolívar, Castañeda Segovia dispuso que dos fiscalías de Lima y Tingo María investiguen a los 70 integrantes de la familia Sánchez Paredes por lavado de dinero producto del narcotráfico. No pasó ni un día y la información se filtró al estudio Nakazaki, que defiende a la familia trujillana. El jueves 3 de enero, el mismo día que aparecieron en El Comercio tres avisos pagados por la Compañía Minera Santa Rosa (Comarsa) de Orlando Sánchez Paredes, los abogados de dicho bufete, Juan Servigón Nakano y Álex Mendoza Céspedes, se presentaron en el Ministerio Público y solicitaron copias del informe policial. Los letrados apelaron al decreto legislativo que, en su artículo 1º, modifica la Ley N° 27934 y establece: “las partes y sus abogados podrán intervenir en todas las diligencias practicadas (por la Fiscalía) y tomar conocimiento de estas, pudiendo en cualquier momento obtener copias simples de las actuaciones, guardando reserva de las mismas, bajo responsabilidad disciplinaria”. ¿Cómo supieron de la existencia de un documento que se suponía secreto?

La explicación oficial indica que el miércoles 2, el titular de la Segunda Fiscalía Provincial especializada en tráfico ilícito de drogas (FPETID), Octavio Castañeda Garay, recibió una copia del parte policial para iniciar las investigaciones. Por órdenes superiores, Castañeda Garay colocó el documento policial en el Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y le asignó el número: 506010806-2008-1-0. El SIATF es una suerte de base de datos a la que tienen acceso no sólo los fiscales, sino también el público en general a través de mesa de partes.

El lunes 7, enterado del escándalo, el jefe de la Dirandro llamó al fiscal Castañeda Segovia y le mostró su preocupación por la filtración. “Esa información y la investigación tenían carácter reservado”, se quejó.

Castañeda alegó que, por reglamento interno, todos los fiscales tienen la obligación de colocar sus investigaciones y resoluciones en el SIAFT, pero la procuradora Sonia Medina aseguró lo contrario a CARETAS. “Hay resoluciones que no pueden ser expuestas ante el público. Si la reserva de la investigación policial se vulnera, los investigados pueden encubrirse, ocultar sus bienes, fugar y evadir a la justicia. Esto es grave”, declaró.

¿ORDENÓ LA FISCAL BOLÍVAR que el informe secreto sea colocado en una base de datos de acceso público? El martes último, ella misma informó a ciertos medios de prensa de la pesquisa a los Sánchez Paredes por lavado de dinero, pese a que ésta era reservada a pedido de la Policía. ¿Por qué? Su llamativo comportamiento, en todo caso, no es nuevo.

Bolívar retiró a la fiscal de Maynas, Luz Loayza, de la investigación por narcotráfico a Fernando Zevallos y ahora pretende que regrese a Iquitos, pese a que el propio ministro Alva Castro sostiene que allí la vida de Loayza corre peligro (CARETAS 2009).

“Todo fiscal debe trabajar afrontando los riesgos. Si no tengo el coraje para desempeñar la función, no tengo el perfil para asumir el cargo”, sostuvo insólitamente durante la conferencia de prensa. Hace unos meses, había increpado a Loayza: “Si usted tiene miedo, entonces ¿para qué se mete de fiscal?”.

“Los fiscales estamos luchando contra el narcotráfico, en colaboración con la Policía, como en este caso de los Sánchez Paredes”, insiste ahora Bolívar. Pero en el Ministerio del Interior la percepción es otra. Un alto funcionario comentó que los policías que trabajaron en el informe de lavado de activos están desmoralizados “porque debido a la coladera fiscal una investigación seria, un gran esfuerzo, está en peligro” (Américo Zambrano).