Actualidad Ante la Corte de La Haya

La Demanda Peruana (VER)

Dos horas y media después de que Allan Wagner depositó la demanda, el presidente García se dirigió al Congreso para explicar sus términos.

La ovación de pie recibida por el presidente Alan García en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea dejó pocas dudas sobre la unidad de criterios en torno a la presentación de la demanda por límites marítimos ante la Corte Internacional de La Haya.

Las seis horas de diferencia jugaron a favor del mandatario que se presentó en el Congreso.

A las siete y media del miércoles 16, hora peruana, el agente peruano ante el tribunal internacional, Allan Wagner, había depositado la escueta demanda de tres folios y siete anexos en el Palacio de la Paz, sede de la Corte.

Los términos de la demanda no guardaron sorpresas y presentaron los fundamentos esgrimidos por la diplomacia peruana.

La novedad más resaltante estuvo en los deseos de obtener una solución “equitativa y equidistante” a la controversia marítima. Incluir los dos términos en la misma frase zanja las confusiones sobre la materia. El Perú sostiene que los límites marítimos deben establecerse con una línea equidistante de 200 millas desde el llamado Punto de la Concordia en la orilla del mar reconocido en el tratado de 1929. Chile favorece la paralela trazada desde el Hito 1, 265 metros tierra adentro, y asegura que así fue establecido con los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954.

Como lo reconoce AGP, “debido a la configuración física de nuestras costas los espacios marítimos se superponen parcialmente”. Esto podía llevar a que, debido a esas características, una solución equitativa no fuera necesariamente equidistante.

Chile llevó ese principio al extremo cuando se declaró sorprendido ante la publicación de la cartografía peruana de líneas de base en agosto del año pasado. Entonces el canciller Alejandro Foxley se quejó porque el documento “excede mucho lo que ellos habían planteado anteriormente en sus discusiones internas”.

Palabras Claves: Equidad y Equidistancia

En el 2005 se había considerado en Torre Tagle la posibilidad de trazar una línea a medio camino entre la paralela chilena y la equidistante peruana, con lo que el vecino sureño hubiera ganado un significativo espacio en el mapa.

Pero García recalcó que la aspiración es “alcanzar un resultado equitativo… de acuerdo a los desarrollos más recientes, el principio es básicamente similar a la equidistancia”.

Esos elementos de jurisprudencia son, según la demanda, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (la famosa CONVEMAR todavía no ratificada por el Perú) y la jurisprudencia de la Corte Internacional, entre los cuales se cuenta el reciente fallo en torno al diferendo de Colombia y Nicaragua (lea toda la demanda en www.caretas.com.pe).

REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS anticipan que el embajador Christian Barrós será llamado a Santiago para “informar” de la situación. No es lo mismo que llevarlo “a consultas”, aclaran, pues la anterior es una figura más informal. Sin embargo, el diplomático podría permanecer en Santiago hasta por un mes.

La relación bilateral ya sufría una inevitable desaceleración.

Cuando fue publicada la cartografía, y posteriormente en setiembre el Perú anunció su decisión formal de llevar el caso a La Haya, Chile suspendió las reuniones ministeriales bilaterales del Dos más Dos. Esto fue ratificado por Foxley el sábado 12.

Además, previamente fue anunciada la baja de las fragatas Leander almirante Conde y almirante Lynch. Fueron adelantadas negociaciones para venderlas a Ecuador, que a su vez dio de baja a otras dos naves, por un precio muy generoso. En tiempos mejores para la relación el ministro Foxley comentó a su par peruano, José Antonio García Belaunde, que la operación no saldría adelante. Hoy se teme que los resultados sean diferentes.

De hecho, y según un experimentado diplomático, la carrera armamentista chilena y la imagen desprendida de ella podría ser un búmeran en el tribunal.

El gobierno de Michelle Bachelet no parece tenerlas todas consigo. Poco antes de Navidad Foxley habló con “Joselo” y le preguntó si de todas maneras se iba a enviar la demanda a La Haya. En los últimos días ha condicionado la “agenda positiva” de ambos países a los términos del reclamo peruano.

Después de que Bachelet se reuniera el lunes 14 con las cabezas de los partidos políticos para discutir el tema, el presidente del Partido Comunista señaló que “nosotros hemos abogado por una posición de Chile no beligerante”. ¿Quiso decir que a puerta cerrada otros se mostraron a favor de una respuesta más agresiva?

El fragor continúa. Previendo la intensidad de lo que se avecina, el gobierno ya solicitó al gobierno de los Países Bajos la aprobación de Allan Wagner como embajador del Perú ante La Haya. Para la presentación de la demanda el ex canciller viajó acompañado por el embajador y coagente, Jorge Chávez, y la embajadora y asesora del canciller en Derecho del Mar, Marisol Agüero.

Para Wagner la historia parece un círculo que se va cerrando. El presidente García recordó que fue durante su primer gobierno, en 1986 y cuando Wagner era canciller, que se planteó la necesidad de adecuar los límites marítimos a la “legislación universal”. Con esa misión fue el embajador Juan Miguel Bákula a Santiago y presentó el caso ante el canciller chileno Manuel del Valle. Recién en el 2004 el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Manuel Rodríguez Cuadros, hizo el planteamiento formal del diferendo.

Carta Naútica .-El proyecto de ley para trazar las líneas de base de los límites marítimos fue enviado por el gobierno de Alejandro Toledo en octubre del 2005. La publicación de la cartografía marítima dos años más tarde provocó la airada reacción chilena.

ERA UNA EXTRAÑA FORMA de pasar el cumpleaños, muy lejos de casa, y discutiendo en tres idiomas de bisectrices, paralelas y heridas sin restañar. El 16 de marzo del año pasado, García Belaunde lo celebró con una cena en La Haya. Los comensales invitados fueron los abogados Alain Pellet de Francia, Rodman Bundy de Estados Unidos y Alan Vaughan Lowe del Reino Unido.

El ministro peruano de Relaciones Exteriores invitó a los litigantes de la Corte desde París, donde viven los dos primeros, y Londres, residencia del tercero.

Hacia junio ya se había calculado que la defensa del caso podía costar entre US$ 5.5 millones y US$ 6 millones.

Exactamente diez meses después el encuentro secreto cristalizó en la presentación de la demanda del Perú por límites marítimos ante la Corte Internacional de La Haya.

Lo que prometía convertirse en un histórico romance geopolítico se acababa de estrellar contra un muro infranqueable.

Alan García comenzó su segundo mandato con la carta de la integración entre Perú y Chile. Era una apuesta arriesgada y atractiva. Inauguraba también su mandato Michelle Bachelet, primera presidenta en la historia de su país. Ambos mandatarios presentaban orígenes políticos compatibles. Era, además, una oportunidad de oro. La relación entre sus predecesores, Ricardo Lagos y Alejandro Toledo, sucumbió entre recriminaciones mutuas y antipatía personal.

Podría argumentarse que Bachelet tenía más que ganar. Su popular pero temperamental antecesor, argumentó el periodista José Rodríguez Elizondo en el libro “Las Crisis Vecinales del Gobierno de Lagos”, dejó las relaciones de Chile bastante maltrechas. De hecho, la mano tendida de AGP fue muy bien recibida en el círculo gubernamental de Bachelet.

Al parecer los halcones también sobrevolaban listos para picarla.

EN SU REUNIÓN DEL MARTES 15 con los presidentes de los partidos políticos, Bachelet presentó al equipo espejo del que dirige Wagner. Lo integran el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, el embajador Juan Martabit y la directora de Fronteras y Límites de la Cancillería, María Teresa Infante.

La presencia de la última es especialmente simbólica. “No se podía concebir un equipo chileno sin ella”, añade un observador peruano afincado en Santiago.

Pero el solo nombre produce escozor en las oficinas de los más enterados en Torre Tagle. No es allí ningún secreto que García Belaunde la responsabiliza prácticamente por toda la precipitación que desembocó en La Haya.

El rubicón de esta historia, a los ojos del gobierno peruano, fue la aprobación en el Senado de la ley que creaba la región Arica-Parinacota el 18 de diciembre del 2006. Allí se fijaban límites que abarcaban no solamente el mar peruano, sino también una porción de Tacna.

La ley establecía como límite norte de la región el Hito 1 y no el Punto de la Concordia oleado y sacramentado por el Tratado de Lima de 1929. Así, el documento mezclaba límites marítimos y terrestres que tienen protocolos independientes.

El ministro cree que los añadidos más controversiales del proyecto de ley Arica-Parinacota salieron de la pluma de Infante y la versión fue respaldada por un encumbrado político chileno. La diplomática era la “mano negra” a la que se refirió el canciller el 27 de enero del 2007.

Cuando un día antes el Tribunal Constitucional chileno se tumbó la ley, el entonces presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Roberto Barra, explicó a la prensa que el proyecto salió de la cámara de diputados a la de senadores sin especificar en ningún punto el Hito 1. En el camino, más puntualmente en la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), se habría producido el añadido. Si bien Barra le adjudicó descoordinación a La Moneda también consideró que la Cancillería como tal no tuvo que ver en el entuerto y responsabilizó directamente a Infante.

En palabras de Barra, “cuando se conversó esta ley, en abril y mayo (del 2006), las relaciones bastante ácidas que había con el Presidente Toledo y los planteamientos casi esquizofrénicos de Ollanta Humala y su posibilidad de gobernar, creo que ambos organismos (la Difrol y la Subsecretaría de Desarrollo Regional) decidieron puntualizar el hito uno para marcar precedentes. Después algo se descoordinó, porque ganó García y él tenía otra disposición frente a este tema e incluso me planteó que no lo revisaría en su Gobierno porque él tenía otras jerarquías”.

Lo último era muy cierto.

AGP estaba tan dispuesto a torear la situación en aras de componer la relación bilateral que durante las reuniones de transferencia en Relaciones Exteriores se le escuchó asegurar a García Belaunde que la demanda ante La Haya iría a la congeladora.

Pero en el breve transcurso de cinco meses el presidente y el canciller se convencieron de la imposibilidad de normalizar la relación sin afrontar el escollo de los límites marítimos.

Mientras tanto la bancada de Ollanta Humala y el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros presionaban al Ejecutivo para interponer la demanda. Rodríguez Cuadros, por cierto, se convirtió en personaje non grato porque el gobierno lo asocia como muy próximo al contendor de García en las elecciones del 2005.

El golpe al espinazo de la ley Arica-Parinacota terminó de empantanar la situación y fue interpretada como una puñalada por la espalda en días de distensión. CARETAS 1961 ofreció la primicia sobre el desencuentro, que se materializó en una nota de protesta enviada el diez de enero y la cancelación del viaje a Quito que García iba a hacer en el avión presidencial de Bachelet para asistir a la toma de mando de Rafael Correa. Al final cada uno llegó por su cuenta.

LOS LÍMITES TERRESTRES volvieron a ser noticia el lunes 14 por la noche, cuando el Ejecutivo envió con carácter de urgencia un proyecto de ley que precisaba que el límite terrestre partía del Punto de Concordia y no en el Hito 1, como se señaló erróneamente en la demarcación territorial de Tacna aprobada por el Congreso en el 2001.

La aclaración es de vital importancia, porque según la demanda el límite se fija en el Punto de Concordia. Esto es consecuente no solo con el tratado de 1929 sino también con el derecho internacional, que fija las fronteras marítimas a partir de la orilla. El reconocimiento del Hito 1 es una aspiración chilena y de aceptar la demanda la Corte no podrá pronunciarse sobre límites terrestres. De ser así la complicación sería exponencial pues toda discusión tendría que pasar por la mediación estadounidense.

Por lo pronto se espera que la presidenta de la corte, la británica Rosalyn Higgins, cite a los agentes de ambos países para fijar un calendario. Se descuenta que Chile impugnará la competencia de la Corte basándose en los acuerdos pesqueros. Resolver esa llamada excepción preliminar demandará unos dos años y, de rechazarse como lo espera el gobierno peruano, el Perú y Chile se embarcarán en un litigio que podría superar cinco más.