Justicia Baruch Ivcher deberá pagar los S/. 54 millones de impuestos que pretendía dejar impagos bajo el paraguas de una nacionalidad peruana irregular.

Ivcher Perdió el Juicio (VER)

Se escudaba en una maliciosa interpretación de la sentencia de la CIDH, a la que por cierto habría engañado, para no pagar impuestos.

El empresario Baruch Ivcher acaba de sufrir un serio revés en los tribunales. El miércoles 5 de marzo, la Tercera Sala Civil de Lima declaró improcedente la demanda por la cual pretendía no pagar los S/. 54 millones que adeuda Frecuencia Latina a la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) desde que los hermanos Samuel y Mendel Winter tomaron la administración. Ivcher sostenía que la Corte de San José (la CIDH) lo eximía de pagar la deuda porque “se violaron sus derechos”.

El empresario no solo se hizo de un canal de televisión usando una nacionalidad peruana irregular. Cuando el fujimorismo le arrebató la emisora se hizo de una indemnización en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a través una ley inconstitucional, se incrementó de los US$ 70,000 estipulados a US$ 6.1 millones (los S/. 20 millones).

Ivcher pretendía seguir manipulando la sentencia de la CIDH para no pagar impuestos. Enjuició a la SUNAT y al Ministerio de Economía y Finanzas en junio del 2005. El Primer Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la demanda porque la CIDH solo indemnizó a la persona natural Baruch Ivcher, no a la persona jurídica Frecuencia Latina. Además, los S/. 20 millones habían sido fijados como reparación “por todo concepto”. En enero y abril de ese año, aparecieron demandas gemelas en Cajamarca y Trujillo. Sospechosamente, los demandantes eran trabajadores del Canal 2, que luego se sumaban al caso.

El fallo del Primer Juzgado Civil fue apelado por Ivcher hasta encontrarse con un juez más familiar. La Tercera Sala Civil de Lima era presidida por Andrés Carbajal, que en 1996 se había sacado la Tinka, a la sazón empresa de Ivcher. Obviando el conflicto de intereses, Carbajal votó a favor del broadcaster. Pero el caso quedó entrampado porque los otros vocales no coincidieron. Desde octubre, tres jueces dirimentes han votado hasta lograr las tres coincidencias reglamentarias y sentenciar.

El vocal Eduardo Romero Roca estampó el tercer voto contra Ivcher. El empresario ya no puede apelar en el Poder Judicial. Su única opción es el Tribunal Constitucional. Algunos alertan el peligro aludiendo un fallo anterior. En diciembre pasado, el TC declaró inconstitucional la ley que prohíbe que un extranjero sea accionista mayoritario de un canal de televisión. La demanda fue presentada por Jorge Santistevan, quien por cierto representó a Ivcher en el Tribunal Arbitral que le adjudicó la cuestionada indemnización de los S/. 20 millones.

CARETAS 2003 reveló que Ivcher nunca renunció a su nacionalidad israelí, por lo que su condición de peruano sería irregular y habría engañado a la propia CIDH. De inmediato, el Consejo de Nacional de Derechos Humanos, que preside Luis Alberto Salgado, se interesó en el caso. Salgado, de hecho, ya había advertido de la tramoya fiscal urdida por el empresario.

Tras la revelación la Fiscalía Provincial Penal de Lima inició una investigación, porque Ivcher habría estafado al Estado al cobrar los S/. 20 millones. El empresario ha respondido con avalanchas de costosos avisos en la prensa que más bien son confesiones de culpabilidad.

El abogado José Abanto Verástegui, vinculado a la familia Sánchez Paredes, representa a Ivcher en el Poder Judicial. Abanto fue abogado y director gerente general de la Compañía de Exploraciones Algamarca S.A., de propiedad del clan trujillano investigado por narcotráfico. Desde enero, asiste a las gestiones judiciales en resguardo de los S/. 54 millones. Otro abogado del broadcaster es Joseph Campos, que defiende a la cuestionada congresista Tula Rodríguez. (David Pereda Z.)