Justicia Despachan a Luis Alberto Salgado, funcionario que se oponía al dispendio de S/. 54 millones.
Coincidencia Escandalosa
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“Hace un mes el Presidente me llamó por teléfono y dijo estar preocupado por el tema Ivcher, que no era bronca la que buscaba”. |
La noticia fue sorprendente. El mismo jueves 13 en que apareció CARETAS 2018 cundió desde temprano la versión. La ministra de Justicia Rosario Fernández había pedido la renuncia de Luis Alberto Salgado atendiendo instrucciones del Presidente de la República. Era presumiblemente consecuencia de la nota ‘Ivcher perdió el juicio’, aparecida en la revista ese día indicando que la Corte Suprema había rechazado finalmente la negativa de Baruch Ivcher a pagar S/. 54 millones en impuestos.
Salgado, representando al Consejo de Derechos Humanos del Estado, había objetado previamente y en público el pago de S/. 20.3 millones al empresario y, tomando muy en cuenta la revelación de CARETAS sobre el pasaporte israelí que Ivcher escondió para ir ante la Corte Interamericana en virtual calidad de apátrida, simplemente coincidido con la sentencia de la Suprema.
La revista hizo lo elemental para confirmar la versión. Primero entrevistó a Salgado, quien de paso era el único funcionario aprista del *régimen que habló con la revista sobre el escandaloso pasaporte rompiendo lo que parecía ser una consigna partidaria. La periodista Patricia Caycho lo entrevistó, grabadora en mano, el viernes 14:¿Cómo ocurrieron los hechos?
–Ayer a las 7:30, estando en mi casa, recibí la llamada de la ministra Rosario Fernández. Me dijo que estaba saliendo de la Presidencia del Consejo de Ministros y tenía un mensaje importante que sólo podía dármelo personalmente. Llegué como a las 8:15. Me manifestó que por encargo del Presidente de la República, lo que había ocurrido en el día era insostenible y que había considerado que era necesario que yo me separara de la Secretaría Técnica del Consejo de Derechos Humanos.
-¿Qué había ocurrido ese día?
–Lo único que había ocurrido en el día era la publicación que ustedes habían hecho en la página 18 de la revista. Renuncié también a los cargos de presidente de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario y de agente del Estado ante la Corte Interamericana por el caso Castro Castro. Me dijo que lamentaba ser portadora del mensaje del Presidente porque nos conocíamos de muchos años y porque ella me había ratificado la confianza.
–Cuando la doctora Fernández le dijo que para el Presidente esta situación era insostenible, ¿a qué se refería?
–A lo que había salido publicado ese día. No me dijo CARETAS.
–¿La única noticia que atañía directamente a su gestión era la que daba cuenta de que el empresario Baruch Ivcher tendría que pagar los S/. 54 millones que le debe a la SUNAT?
–Sí.
–¿Le pidió usted algún tipo de aclaración?
–No, además ya había conversado con ella anteriormente sobre este tema y hace un mes conversé con el mismo Presidente de la República. Me llamó por teléfono y dijo estar preocupado por el tema Ivcher. Dijo que no era una bronca (la que buscaba) ni con Frecuencia Latina ni con Ivcher. Le contesté que tampoco yo, le dije que simplemente estamos defendiendo los intereses del Estado. Lo que yo he hecho es correr traslado de un documento legalizado que es el del Ministerio del Interior polaco (publicado por CARETAS 2003 sobre el pasaporte israelí de Ivcher), que es lo mínimo razonable que hace un funcionario de Estado. Además todo está estrictamente sustentado en evidencias.
–Como funcionario público, ¿hubiera caído en falta si no pedía se investigara lo denunciado por CARETAS?
–Así es. Es por este motivo que puse en conocimiento a la representante del Ministerio Público ante el Consejo de Derechos Humanos de este caso. No era propiamente una denuncia. Mi función no es calificar delitos o actos que pueden ser entendidos como delitos.
–Causa extrañeza que le pidieran su renuncia porque hasta donde teníamos información existía voluntad política para investigar a Ivcher.
–Yo no deseo interpretar la decisión del Presidente por ahora. Para mí ha sido sorpresivo y lo que reitero es que hubiera deseado conversar con el compañero presidente García personalmente. Sí creo, y reitero, si es que hay algo ilícito, algún tipo de situación que emanara de las investigaciones, pues que avance.
Las Dos Versiones
El mismo viernes 14 CARETAS se comunicó con Palacio y la Cancillería pero solo obtuvo desmentidos telefónicos. La ministra de Justicia está en proceso de remplazar a varios funcionarios, se nos dijo, y el caso de Salgado solo coincidió en el día. Lo culparon de haber perdido el proceso sobre el asesinato del sindicalista Saul Cantoral, lo que costará al Estado una reparación sustancial. Pero era falso que el Presidente hubiera pedido a la doctora Fernández que diera de baja a Salgado y menos que Ivcher ejerciera alguna influencia especial.
CARETAS simultáneamente intentó entrevistar a la ministra de Justicia. Reiteradamente llamó a su despacho y a su jefe de prensa, Jaime Chincha, sin recibir respuesta. Patricia Caycho dejó seis mensajes explícitos a lo largo del lunes 17 sin resultado. No era, en realidad, la primera vez que el ministerio de Justicia se negaba a comunicarse con la revista sobre el tema del pasaporte israelí de Ivcher. La anterior ministro, María Zavala, tuvo el mismo comportamiento hasta ser reemplazada por Fernández.
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* Luis Alberto Salgado no era un funcionario cualquiera. Abogado de la Católica, se desempeñó como funcionario de Naciones Unidas en Camboya, Mozambique y Guatemala. Aprista “desde 1968”, contaba con la experiencia que lo hacía destacar en la materia. Durante sus funciones como secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Salgado debió enfrentar casos difíciles y polémicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la masacre del penal Castro Castro y el asesinato del sindicalista Saúl Cantoral en la era de Fujimori, ambos costosos para el Estado, pero evitó caer en maniqueísmos que hubieran distanciado de nuevo al Perú del sistema.
Su interés en el caso tributario de Baruch Ivcher, que se hubiera sumado a sus anteriores compensaciones, era apenas lógico: su función consistía en defender los intereses del Estado.
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