Justicia Condenan a 35 años de cárcel al jefe nominal del SIN por el crimen de La Cantuta.

Sentencia Previa (VER)

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Nuevo y lapidario video en el que Santiago Martin Rivas justifica las matanzas del Grupo Colina y reitera que formaron parte de una política de Estado aprobada por Fujimori.

El último martes, tras una babilónica lectura que duró nueve horas, la Primera Sala Anticorrupción, que preside la vocal Inés Villa Bonilla, lo condenó a 35 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, perpetrados el 18 de julio de 1992, tres meses después del autogolpe del 5 de abril. Salazar fue hallado “autor mediato” del crimen.

Se trata de la condena más alta impuesta por un tribunal civil en contra de un alto mando del Ejército por violación a los derechos humanos. La Primera Sala Anticorrupción sentenció también, a 15 años de prisión efectiva, a los ex agentes del Grupo Colina José Alarcón Gonzales, Orlando Vera Navarrete y Fernando Lecca Esquén, quienes se habían acogido al beneficio de la confesión sincera.

En cambio, los coroneles EP Julio Rodríguez Córdova (jefe de inteligencia de la División de Fuerzas Especiales), Carlos Miranda Balarezo (jefe del Batallón de Paracaidismo 39 de la DIFE), así como el teniente Aquilino Portella, fueron absueltos de todos lo cargos. La misma suerte acompañó al agente Manuel Hinojosa Sopla.

El ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), general Juan Rivero Lazo; el mayor EP (r) Santiago Martin Rivas, su colega Carlos Pichilingue y los demás miembros de Colina –sentenciados en 1994 por el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) y amnistiados un año después por el Ejecutivo– no pueden ser llevados a juicio civil porque el fuero castrense aún no anula la condena previa.

Vladimiro Montesinos, el ex jefe del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y el ex jefe de la División de Fuerzas Especiales (Dife), Luis Pérez Documet, recién serán procesados por el 5° Juzgado Anticorrupción, que preside Antonia Saquicuray.

En las más de 200 páginas de la sentencia, se señala que el general Salazar, desde su puesto en el SIN, aprobó el ‘Plan Cipango’, partida de nacimiento de Colina. El documento sostiene que los crímenes como el de La Cantuta, “obedecieron a una política de Estado que contemplaba la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como una práctica sistemática y generalizada para la eliminación de sospechosos de terrorismo y de opositores al régimen”. Este fallo histórico, al que se arriba después de tres años de proceso oral, se remite directamente a la responsabilidad de Fujimori.

Para el tribunal, el crimen de La Cantuta se llevó a cabo por un aparato organizado de poder que tenía en la cúpula, como jefe nominal del SIN, a Salazar Monroe. Es por ello que se le considera autor mediato. Y va más allá. La sentencia indica que el Grupo Colina estaba “adscrito al SIN” y contaba con la anuencia del propio ex presidente, a quien el SIN, como las FF.AA. estaban obligados a reportar de acuerdo a ley.

El fiscal supremo Avelino Guillén afirma que la condena es de vital importancia porque “por primera vez en un fuero común se determina que el destacamento Colina estaba insertado en la estructura de los aparatos de inteligencia”. En los próximos días entregará copia del documento al ocupado tribunal que juzga a Fujimori.

ESTA SEMANA, EL PERIODISTA Umberto Jara entregó, tras cuatro audiencias orales, los nuevos videos de Martin Rivas de los que ya había dado cuenta CARETAS 2017. En las tres filmaciones y audios, Rivas justifica las matanzas del Grupo Colina y reitera que formaron parte de una política de Estado.

Los videos son lapidarios. “Para que el Ejército realice una operación de réplica como parte de una estrategia es una decisión de gobierno y una política de Estado. Entonces me va a usted a disculpar, ¿el mayor Martin diseñó y ordenó esa política de Estado?”, se pregunta Martin. Por cierto, las ‘operaciones de réplica’ a las que alude son los crímenes.

“Todos sabemos la personalidad de Fujimori. No sólo tomaba las decisiones sino también las ejecutaba, como el operativo en penales en 1992 y la toma de la Embajada de Japón (1997). Usted me pidió responsables y se los estoy dando”, insistió Martin. Su lógica tiene cierto razonamiento. Fujimori, en efecto, se paseó entre los cadáveres del penal Castro Castro y, años después, hizo lo mismo tras la recuperación de la residencia nipona, dando a entender que no le temblaba la mano. Tampoco esclareció, de manera directa y frontal, los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Por el contrario, los encubrió.

Poco antes de la visualización de estos valiosos videos, Nakazaki recordó el pasado fujimorista de Jara y éste pisó el palito al afirmar que el atentado que, en mayo del 2000, sufrió Fabián Salazar, fue una farsa, lo que no es cierto. CARETAS 1621 presentó el informe médico, suscrito por el doctor Kane Vera, de la clínica San Felipe, que corroboró que Salazar fue herido en el antebrazo izquierdo con una sierra de arco que le dejó una herida de 10 centímetros de largo y 1.5 de profundidad. Le cosieron 19 puntos.

Del pasado también emergió el último fantasma del grupo Colina. El escurridizo suboficial EP Jesús Sosa Saavedra, ‘Kerosene’, fue detenido el jueves último, a las 8:45 horas, cuando compraba un gatorade en el minimarket del grifo Primas, de Barranco. Se afirma que estuvo escondido en una chacra de Motupe, donde nació; también en Tumbes y hasta habría intentado fugar a Ecuador. Pero se le perdió el rastro. En enero último, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) supo que Sosa visitaba a una medio hermana en Lima y fue así como volvieron a ubicarlo.

Cuando era trasladado al calabozo policial declaró que Fujimori no estuvo al tanto de los crímenes del Grupo Colina, pero meses antes había ofrecido “pruebas” para comprometerlo. ‘Kerosene’, a través de una tercera persona, contactó a la vocal Inés Villa Bonilla y le pidió acogerse a la colaboración eficaz a cambio de una sentencia anticipada de seis años de prisión. Villa Bonilla le pidió el original del ‘Plan Cipango’, entre otros documentos, pero Sosa no los tenía. A cambio ofreció declarar un episodio particular, reseñado en el libro ‘Muerte en el Pentagonito’ del periodista Ricardo Uceda.

‘Kerosene’ afirma que el 4 de noviembre de 1991, un día después de la matanza de Barrios Altos, llevó a Martin Rivas al SIN para que éste le diera cuenta de los hechos a Vladimiro Montesinos. “Lo que ocurrió después lo vi claramente porque me quedé en el auto, frente al SIN. Montesinos apareció en la entrada del SIN. Salía con dos oficiales del Ejército, y se despidió de ellos. El Potro (coronel Fernando Rodríguez Zalbabeascoa) y Martin fueron a darle el encuentro y lo alcanzaron en la puerta. Hablaron unos cinco minutos. Allí, de pie. Cuando regresaron al auto, no me dijeron nada. En ese momento, yo tampoco pregunté”, declaró Sosa. Es el único testimonio que vincula a Montesinos con el Grupo Colina. Ahora queda por descifrar si ‘Kerosene’ repetirá sus palabras ante la Primera Sala Penal Especial que juzga al ex Presidente.