Derechos Humanos

DDHH: Marcha Forzada (VER)

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Lima, lunes 28. Eurodiputado Ignacio Salafranca acompañado del canciller José Antonio García Belaunde en Lima. El español presentó en el Parlamento Europeo la fracasada moción sobre el MRTA.

“Son temas que deberían tratarse con filigrana y se están manejando con guantes de box”. El preciso resumen de la situación lo hace Luis Alberto Salgado, una de las personas con más autoridad para opinar sobre el desbarajuste en el frente de Derechos Humanos precipitado en los últimos días. Salgado es ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y fue recientemente defenestrado del puesto en circunstancias injustificadas y lamentables (CARETAS 2020).

Lo que comenzó con la desafortunada intervención de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en el Parlamento Europeo, que debatía sobre la conveniencia de incluir al MRTA en su lista de organizaciones terroristas, terminó con la sobrerreacción del gobierno frente a toda la comunidad de organizaciones de DDHH.

Al cierre de esta edición, el diario El Comercio dio a conocer el documento de Interpol Italia, fechado el 5 de febrero y enviado a Lima para que se proceda a la extradición del ex presidente Francisco Morales Bermúdez y otros tres generales retirados por su supuesta participación en la “Operación Cóndor”, organizada por las dictaduras del Cono Sur para desaparecer a los opositores en la década del ’70. Aunque el Ejecutivo peruano ya había dado a conocer que no le dará trámite, y Morales Bermúdez tiene poderosos argumentos a su favor, el caso que vuelve como un fantasma después de treinta años le recuerda al gobierno que los Derechos Humanos no son materias para ser tratadas a la ligera. Más si un país alberga importantes cumbres internacionales y pretende jugar en las grandes ligas.

En carta enviada al Parlamento Europeo (PE) el último martes 22 de abril, Aprodeh consideró que “desde hace 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo… Estimamos que no se debe sobredimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente de terrorismo”. La misiva distribuida en Bruselas es firmada por Francisco Soberón y Juan Miguel Jugo, director de proyección institucional y director ejecutivo de Aprodeh, respectivamente.

Dos días más tarde, el jueves 24, se votó en el PE la proposición de enmienda al párrafo 14 de la propuesta de Resolución Común sobre la V Cumbre ALC-UE de Lima, en la que se solicitaba “a las instancias competentes del Consejo Europeo que estudien la posibilidad y viabilidad de incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas del mundo”. La votación se repartió así: 291 en contra, 275 a favor y 16 abstenciones.

Fue un resultado ajustado, pero el MRTA no sería incluido en la lista europea. La diferencia horaria permitió el mismo jueves que el pleno del Congreso peruano debatiera largamente sobre el tema, ante el especial beneplácito de la bancada fujimorista.

Al aludir a un supuesto escenario de represión, Aprodeh emitió una opinión que trascendía la materia de debate. Se arrogó además el derecho de determinar si el MRTA es o no es un grupo en actividad. Como se lee párrafos más abajo, la situación actual no admite la simplificación expresada en la carta.

Tema aparte es el de la pertinencia misma de la iniciativa discutida en el PE. Lo que allí se decide es trasladado como recomendación al Consejo Europeo, donde se determina finalmente qué grupos engrosan la lista.

La primera lista de organizaciones terroristas fue dada a conocer el 27 de diciembre del 2001. Ha pasado por actualizaciones en el 2003, el 2004 y el 2007. En esta última aparecen 48 grupos, 13 más que en el 2004. Los grupos que aparezcan allí ven congelados sus fondos y activos financieros en la Unión. También se niega el refugio a sus miembros.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo se intentó incluir dos veces al MRTA en la lista. Ambos ensayos fueron infructuosos.

¿Qué pasó ahora?

Luego de la votación, el parlamentario español Luis Yáñez Barnuevo declaró que se trató de una iniciativa peruana. El embajador en Bruselas, Jorge Valdez, negó tal versión y aclaró que la propuesta de enmienda provino del diputado español Ignacio Salafranca. Según lo explicado por Valdez, llamado a consultas a Lima por el canciller José Antonio García Belaunde, Salafranca, que es miembro del derechista Partido Popular, le comentó de la enmienda hace dos meses y el lunes 21 le comunicó que sería puesta a votación. Valdez buscó el apoyo de la bancada socialista, representada por Yáñez Barnuevo.

Congresistas del APRA, como Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas, se han ido tras el cuello del embajador Valdez por no alertar a Torre Tagle de la carta de Aprodeh. El diplomático ha respondido que se enteró de la misma recién el mismo jueves, día de la votación, lo cual es comprensible si se toma en cuenta que fue enviada apenas dos días antes.

Salafranca, por cierto, llegó a Lima el domingo 27 para participar en la cumbre de parlamentarios europeos y latinoamericanos (Eurolat) desarrollada en Lima esta semana.

El presidente Alan García respondió al episodio de Aprodeh calificándolo el viernes 25 de “traición a la patria”. Con un pobre sentido de oportunidad, el domingo 27 se publicó el Decreto Supremo Nº 008-2008-JUS, que modifica el artículo 9 del Reglamento del Consejo Nacional de Derechos Humanos y retira su calidad de observadores del mismo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, compuesta por 64 organismos civiles. Lo mismo se aplicó para la Conferencia Episcopal Peruana y el Concilio Nacional Evangélico del Perú.

Los argumentos de Fernández se basan en el acceso a información privilegiada, pues esos organismos son los que suelen litigar con el Estado patrocinando casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego la ministra aclaró que todas las ONG, sin excepción, seguirían manteniendo contacto con el CNDH.

Luis Alberto Salgado narra que la metodología de los observadores, que participaban en las reuniones ordinarias del CNDH cada tres meses, y cuando la situación lo ameritaba en otros momentos, permitió “desvanecer la desconfianza inicial. En temas de DDHH nadie es dueño de la verdad. Es importante escuchar qué cosa dicen actores diferentes al Estado. No es un monólogo”. Nunca, insiste, se compartía información confidencial o privilegiada. “La ministra está desinformada”, concluye.

Los números cantan para confirmar que el diálogo ayudó a distender las relaciones entre el Estado y las ONG. Desde que comenzó el gobierno no se ha presentado ningún caso nuevo a las mencionadas instancias internacionales. Todos, los 23, datan de años anteriores y la mayoría retroceden hasta los días en los que Sendero Luminoso y el MRTA asolaban al país.

La actual situación del MRTA no se agota en el mea culpa que su líder, Víctor Polay, ha hecho en reiteradas oportunidades y, particularmente, durante su testimonio ofrecido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. De los aproximadamente 300 miembros del MRTA que estuvieron en la cárcel, hoy quedan unos 70. Buena parte del resto, aseguran en los servicios de Inteligencia, volvieron a las andadas e incluso algunos conforman tres pequeños destacamentos afincados en el norte del país, más específicamente en Pichanaki.

La Dircote afirma tener documentos del DAS, la Policía política de Colombia, que indican que las FARC crearon la Coordinadora Continental Bolivariana con el propósito de convertirla en “un ejército continental y un instrumento político de lucha regional”.

Según un reciente artículo de la revista Semana, la CCB es “una iniciativa de las FARC que aglutina un centenar de organizaciones sociales y políticas, varias de ellas de extrema izquierda, que creen en la vía armada como una forma legítima para llegar al poder”. En el segundo Congreso de la CCB, realizado en febrero pasado en Quito y en el que participaron miembros activos de las FARC, hubo 800 participantes, de Perú, Venezuela, Cuba, Chile, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico, donde la CCB ha establecido capítulos y grupos de apoyo.

La CCB ‘Capítulo Perú’ fue creada oficialmente en el 2006, aunque se dice que operaba ya desde el 2005. CARETAS 1932, de julio del 2006, publicó la primera nota sobre las hasta entonces desconocidas actividades y miembros de la CCB en el Perú.

Aquí dicho grupo está conformado mayormente por ex reclusos del MRTA, así como por organizaciones tipo ‘Asociación Micaela Bastidas’, ‘Colectivo Mariátegui Guevarista’, ‘Tus Muros Caerán’ y el Movimiento ‘Patria Libre’, todos fachadas del MRTA, según la Policía. Su líder era, hasta su captura en Tumbes, Roque Gonzales La Rosa (37).

Esta semana, CARETAS entrevistó a Gonzales en su celda del penal Castro Castro. El ex emerretista afirmó que no pueden acusarlo de terrorista porque radica desde el año pasado en Venezuela, donde “asesoro a algunos municipios; impulso el trabajo en una Comisión de Ecología y Medio Ambiente en el Parlamento venezolano y desarrollo mi labor periodística. No tuve ninguna relación con la CCB, durante todo ese tiempo”, dijo.

Gonzales, quien estuvo preso desde 1996 hasta el 2005 acusado del secuestro del empresario Samuel Doria Medina, ocurrido el 1º de noviembre de 1995 en Bolivia, alegó que no existe ninguna relación entre el MRTA y la CCB. Añadió, además, que “no es cierto que en el evento de Quito existiera una bandera del MRTA”.

Aunque no acepta que las FARC sean un grupo terrorista, tiene un peculiar punto de vista sobre la guerrilla. “Las FARC para algunos son una organización narcoterrorista, otros dicen que son un grupo beligerante. No tengo una opinión formada de las FARC. Pienso que una organización que tiene más de 40 años peleando en su país, que litiga, pero si hay personas que los defienden, pues no deben ser juzgados por eso”, dijo.

Por otro lado, aceptó que el MRTA es un grupo terrorista “tal y como lo señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, aunque añadió que “una organización cuyos dirigentes han manifestado desde las cárceles el deseo de integrarse a la actividad política y que no se les conoce actos de terror recientes, evidentemente ya murió”.

Sin embargo, la Agencia Bolivariana de Prensa, la página web de la CCB utilizada para emitir sus comunicados (www.abpnoticias.com), exige que las FARC sean consideradas una agrupación beligerante y abogan por la liberación, entre otros, del ex líder del MRTA, Víctor Polay Campos. La web es dirigida por el dominicano Narciso Isa Conde, quien sostiene que “las FARC son miembros de la Coordinadora, son una expresión del Movimiento Revolucionario del Continente”.

Informes policiales atribuyen la creación de la CCB al ideólogo de las FARC, el colombiano Alfonso Cano y revelan que, entre sus miembros, además de Roque, figuran otros ex emerretistas, entre ellos Arminda Valladares, Luis Gordon, José Abarca y Pedro Mestanza). Un alto oficial de la Dircote aseguró que “los emerretistas están organizados. Siguen vigentes, son los mismos, pero no pueden aparecer como MRTA”.

Hay ejemplos para contrastar con el MRTA. Entre las organizaciones terroristas reconocidas por la Unión Europea aparecen las Brigadas Rojas, una facción de lucha armada revolucionaria italiana fundada en 1969, que paulatinamente fue degradándose en grupo terrorista. Partiendo de una formación teórica marxista-leninista, tenía como objetivo atraerse a una parte del proletariado hacia sus posturas insurreccionales frente a las políticas reformistas del Partido Comunista Italiano (PCI). Su símbolo es una estrella asimétrica de cinco puntas. El último ataque reivindicado por las Brigadas Rojas fue el asesinato de dos policías en febrero de 1987. En junio de ese año muchos militantes detenidos declaran concluida la experiencia histórica de las Brigadas Rojas, aunque hasta hoy se les imputa atentados.

Otra organización en esta lista es la Holy Land Foundation for Relief and Development (Fundación de Fomento y Desarrollo de Tierra Santa). Era la entidad de caridad islámica más grande en los Estados Unidos. Sus fondos fueron congelados en la UE, luego que el gobierno norteamericano lo acusara de solventar al Hamas en el 2001.

Aparecen, claro está, Sendero Luminoso, ETA, las FARC, el ELN, Al Qaeda y otras 25 organizaciones, varias de ellas no incluidas en la lista de grupos terroristas que elabora el Departamento de Estado de EEUU (ver listado completo en Nos Escriben y Contestamos).

Para Luis Alberto Salgado, lo grave es que la comunidad internacional prefiera inclinarse por una carta de un organismo como Aprodeh antes que creerle al Estado. No le extraña, sin embargo, que aquello ocurra cuando este lleva a cabo estrategias para dar a conocer su posición mientras el discurso que emite el gobierno corre muchas veces en la dirección opuesta.