Corrupción Jorge Aparicio, el ex gerente del Banco de Materiales, responde en exclusiva sobre el escándalo. "Quieren liquidar el Banco", advierte.

El Botín Del BANMAT (VER)

Jorge Aparicio en su domicilio de la Aurora, Miraflores, en la mañana del sábado 21.

A Jorge Aparicio lo velaron antes de “matarlo”. Un ataúd de cartón con su nombre escrito en letras grandes fue sembrado en la entrada de la oficina del Banco de Materiales el 28 de marzo. El bizarro mensaje mereció que el entonces gerente de esa entidad tramite una denuncia en la Comisaría y un pedido de investigación a la Dircote.

Dos semanas más tarde un reportaje televisivo denunció actos de corrupción en esa institución. En los días siguientes el caso capturó la imaginación de los medios, sobre todo, por una premisa tan simple como indignante: empleados de alto nivel en el Banco se beneficiaron irregularmente con créditos hipotecarios destinados a los peruanos con menos recursos.

Aparicio pasó seis años en la institución. Durante ese lapso saneó las cuentas y produjo utilidades, antes impensables. El presidente Alan García lo alabó en más de una oportunidad y su desempeño mereció premios dentro y fuera del país.

Pero la mecha del escándalo prendió más rápido que la de una rata blanca y la semana siguiente al reportaje de Cuarto Poder el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, terminó de hundir a Aparicio y lo señaló como el principal responsable del descalabro en el programa habitacional Los Álamos. Para justificar las palabras elogiosas que pronunció antes García comparó a Aparicio con el Doctor Jekyll y el Señor Hyde.

El último clavo en el ataúd –como dicen los gringos– fue martillado con la detención de Aparicio el pasado 11 de junio, precisamente cuando se disponía a ingresar al Congreso para presentar su testimonio ante la Comisión de Fiscalización. Un juicio en Puno, archivado hace cuatro años, fue misteriosamente exhumado para la ocasión.

CARETAS entrevistó durante casi cuatro horas a Aparicio en su domicilio. Las investigaciones sobre el caso siguen adelante, tanto en el Congreso como en la Contraloría de la República, pero el cúmulo de documentos, de sus respuestas y de la secuencia de extraños hechos previos y posteriores a la denuncia periodística sugieren al menos que este escándalo tuvo motivaciones políticas y fue cuidadosamente monitoreado.

“Aquí hay un cerebro y tres o cuatro operadores”, concluye Aparicio. “Quisiera saber qué pasó. Quién está detrás de esto”.

La secuencia de hechos llama a la sospecha.

El 26 de febrero el procurador del Ministerio de Economía y Finanzas, José Ernesto Freire, presenta demanda contra él en el 43º Juzgado Civil de Lima. Se trata de un caso en el que se vio involucrada Becongesa, la constructora de Aparicio. Fue una resolución de contrato por una obra de alcantarillado del Fonavi en Pampa de Cangallo, Ayacucho. “Ante el incumplimiento de pago planteamos la resolución, lo que fue consentido en el 2001”. Fonavi lo demandó ese mismo año y en el 2005 fue absuelto. “Nunca firmé el contrato con Fonavi, sino con un comité de obra que no pagó. Segundo, es cosa juzgada. Y tercero, el procurador no tiene competencia para hacer esa demanda”. Posteriormente, en uno de los reportajes, fue presentado el testimonio de un poblador, Tiberio Carlos Juscaimita, quien se trasladó a Lima para señalar a Aparicio.

Luego, el 23 de marzo, apareció un artículo contra él en el blog del ex ministro del primer gobierno aprista, César Vásquez Bazán. Acusaba a Aparicio de “chakanista” y recordó que financió la campaña 2006 de Perú Posible con poco más de S/. 23 mil. “A pesar de que el presidente del Banco de Materiales es el doctor Mario Valcárcel Aragón, un aprista reconocido de larga trayectoria política y profesional, quien realmente manda en el Banco es el Chiquito (como llaman al muy alto Aparicio). Dispone del BANMAT como si fuera su chacra”. Vásquez Bazán, convertido en petardista en red, es desde hace años un encarnizado enemigo de Alan García.

El 28 de marzo Aparicio amaneció con el episodio del ataúd, que en otro de sus costados también tenía el nombre del congresista Edgar Núñez, con quien Aparicio señala no tener ninguna relación. Núñez fue expulsado del APRA a finales del 2006 tras sus reincidentes críticas contra AGP y el parlamentario Javier Velásquez Quesquén.

El 8 de abril el juez Oswaldo Mamani, de la Primera Sala Penal de Juliaca, emitió una orden de captura contra Aparicio. Esta vez se remontaba a un caso del 2001. El Instituto Peruano del Deporte, filial Puno, lo demandó entonces por estafa debido a la construcción de la cobertura del coliseo cerrado Lampa. La revisión del expediente no resiste análisis y en diciembre del 2004 Aparicio y sus socios fueron absueltos. Cuatro días después de firmarse la orden de captura, el 12 de abril, se emite una nueva orden a la Policía Judicial de Lima para que se deje sin efecto el pedido por haber prescrito el supuesto delito. Pero el Poder Judicial ya había establecido la inocencia de Aparicio, quien no supo nada de la solicitud hasta su detención.

El 11 de abril fue entrevistado por Cuarto Poder y cursó oficios a las gerencias para que se investiguen los créditos otorgados en el proyecto Los Álamos.

Luego de la emisión del programa Aparicio recibió nuevos correos electrónicos que celebraban su renuncia (“Viva el APRA compañeros”) y un anónimo que de nuevo utilizaba la simbología del ataúd y comunicaba a “la familia BANMAT” su “fallecimiento”.

El 11 de junio fue capturado en virtud al pedido de Puno, a pesar de que éste ya había sido anulado por el mismo tribunal que lo solicitó. Aparicio pasó la noche en el local de la Policía Judicial y fue liberado luego que la Corte Superior de Justicia de Lima aceptó su pedido de hábeas corpus.

El vapuleado ex gerente del BANMAT tiene argumentos a su favor. Durante su gestión entabló 163 procesos penales y 181 procesos civiles. En el primer tipo, el clásico caso “es el de los cobradores que se agarraron plata indebidamente”. En los procesos civiles figuran procesos por créditos incorrectamente asignados. ¿Por qué asumir que los créditos irregulares se aprobaron con su conocimiento? El ministro Cornejo lo acusó en integrar el comité de colocaciones a lo que responde que “hay que buscar a los responsables pero el gerente no ha sido. No he visto, ni está dentro de mis funciones, revisar las carpetas de 136 mil créditos”.

El caso que más llamó la atención fue el de Moisés Peña, nada menos que el director del órgano de control institucional, que se benefició con un departamento a pesar de contar con propiedades. Aparicio desconoce el número de casos irregulares, que siguen investigados por la Contraloría General de la República, pero calcula que deben ser alrededor de siete. El total de empleados del Banco de Materiales que accedieron a dichos créditos fueron 76. La ley no les impide hacerlo mientras cumplan con los requisitos: básicamente carecer de propiedad.

El debate fue plagado de inexactitudes. Por ejemplo, la prensa denunció que el Consorcio Los Álamos se “quedó” con 15 departamentos. “La verdad es que el proyecto es de iniciativa privada y el BANMAT sólo otorgó créditos para 365 de los 380 departamentos. Los 15 restantes son evidentemente propiedad de la empresa”, explica. Es una práctica inmobiliaria común.

También se cuestionó la “misteriosa” compra de dos departamentos de Los Álamos que habrían ido a parar al propio Aparicio. En realidad fueron adquiridos por el Banco de acuerdo a decreto supremo para ser donados a los deudos del Andahuaylazo. “El ministerio del Interior me condecoró por esta labor”.

Lo vincularon con el empresario Luis Felipe Izaguirre del mismo consorcio y se publicó que le pagó un viaje a España. “No me une ninguna relación familiar, amical, societaria o comercial con el señor Izaguirre. Coincidimos en una invitación a España pagada por el prestigioso IESE Business School y la Universidad de Navarra” para exponer precisamente el caso de éxito del Proyecto Los Álamos II”. Como ocurre con los demás puntos, tiene los documentos que refrendan su versión.

La controversia sobre el reparto de utilidades del 2006 a los trabajadores se sumó a la colada. Acusaron a Aparicio de distribuir S/. 7.4 millones a pesar de discrepancias entre la empresa de Auditoría y el Directorio, pero en verdad solo fueron S/. 115 mil. Aparicio sostiene que si no pagaba las utilidades el Banco se hubiera visto obligado a abonar más de cuatro veces en multas. Si Contraloría, Fonafe y Contaduría General decidían finalmente que el pago no debió hacerse, continúa, bastaba con deducir el dinero de las planillas.

Las circunstancias, considera, “apuntan a la liquidación o fusión del Banco”. Se trata de un botín apetecible. “Es el responsable de la mayoría de créditos para vivienda. Hizo el 74% de viviendas de interés social en el 2008 y el 60% en lo que va de este gobierno. En el gobierno anterior se hablaba de 135 mil viviendas, de las cuales 92 mil correspondían a créditos del BANMAT”.

Cada quien, incluyendo Aparicio, responderá finalmente por lo que le toque. Pero cabe preguntarse si el gobierno lo hubiera despellejado tan rápidamente de haber sido aprista. (Enrique Chávez)