Urbanismo Riesgos de un descontrolado boom inmobiliario en zona sísmica.

A La Prepo (VER)

Destrucción de reja de seguridad de asociación vecinal con beneplácito de fiscales.

En mayo pasado la muerte de cuatro obreros de construcción civil, sepultados por la negligencia en Miraflores, tuvo finalmente un cierto efecto mediático – político.

Ya era tiempo. Iban 16 muertos en el último trimestre y 184 en el lustro solo en la capital.

El municipio de Miraflores suspendió trabajos en 71 obras hasta verificar su idoneidad y el propio Presidente de la República habló de revisar procedimientos en esa industria.

La empresa responsable, JJ Ingenieros SAC, fue denunciada y en determinado momentos sus directivos figuraban como prófugos de la justicia.

Pero con el pasar del breve tiempo todo eso parece olvidado.

Los accidentes, además, son solo parte de un problema mucho mayor en medio del boom inmobiliario actual, un fenómeno que en un país sísmico podría adquirir características catastróficas como las registradas en México en 1985, con 40,000 muertos, y este año en Sichuan, China, con 32,000 muertos.

En esos casos, como en Pisco hace un año, cayeron edificaciones de concreto armado debido a estructuras sobrecargadas y materiales defectuosos, falta de supervisión y corrupción.

Se habla de uno que otro fusilado en Sichuan.

Aquí en Lima, con una justicia no solo blandengue sino tantas veces cómplice, muchos constructores y empresas inmobiliarias hacen lo que les da la gana y la tolerancia o debilidad –si no la complicidad – de los municipios es endémica.

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) señala que la mayoría de las obras en la ciudad son precarias o semiinformales, y que allí está el origen de la falta de seguridad.

Cierto, pero también hay transgresores millonarios.

De Delfín Al Mirador

En julio del 2006, por ejemplo, CARETAS 1933 documentó la forma en que una obra de la empresa Braganini Constructores SAC afectaba la casa patrimonial de Víctor Delfín en Barranco.

La excavación colindante había ocasionado alarmantes rajaduras en paredes y suelos a medida que se construía un edificio de 11 pisos sobre la ladera.

Tanto Edmundo Braganini Carrión como el municipio distrital hicieron caso omiso a las quejas de Delfín, hasta que el artista recurrió a esta revista.

Proyectos de edificios multifamiliares en el lindero entre Las Casuarinas y Las Casuarinas Sur (abajo) preocupan a ambas urbanizaciones. En el recuadro la edificación de Henríquez. Pidió licencia para 4 pisos y construyó mas de 6 para poder enlazar con la calle Bellavista (en rojo).

Esa obra fue finalmente paralizada por el Instituto Nacional de Cultura (INC) durante el periodo en que Braganini debió hacer las reparaciones del caso, pero ahora el edificio se yergue 5 pisos sobre la calle Junín tapando la vista al mar que tenían los antiguos vecinos de ese tradicional emplazamiento.

De D’argent A La Mar

Lo que confronta ahora un sector del distrito Santiago de Surco es un despropósito mayor.

Desde el punto de vista formal, a Lima Metropolitana no le faltan criterios urbanísticos civilizados.

El Instituto Metropolitano de Planificación exige tomar en cuenta tanto el impacto ambiental en sus parámetros zonales como la armonía y compatibilidad del uso del suelo en relación al vecindario, la seguridad e impacto vial, y la consulta con los vecinos en audiencias públicas.

¿Pero cuánto de esto se cumple?

Diversos intereses inmobiliarios se imponen por las buenas o las malas en muchas municipalidades, y lubrican un gran bonetón entre direcciones.

Hay urbanizaciones en Surco que, al ser desarrolladas sobre las laderas de cerros desde hace más de 50 años, han madurado en barrios muy atractivos. Y estos no lo son en base a grandes mansiones, sino, por el contrario, manteniendo una baja densidad, y respetando retiros con cercos vivos.

Pero durante su última gestión en Surco el alcalde Carlos d’Argent permitió que se violara el reglamento de las cuatro urbanizaciones que asociadas se conoce como Las Casuarinas, y que se construyeran edificios en su lindero norte.

Las angostas calles allí, que son de trazo semirrústico, pronto empezaron a confrontar problemas de congestión.

Y el municipio de d’Argent sumó otro escándalo.

El 20 de julio del 2006 –7 días antes de salir del cargo– d’Argent firmó un decreto de alcaldía en el que marginaba a ciertas urbanizaciones, escogidas por algunos interesados, de una norma metropolitana de protección que limitaba las construcciones en calles cul de sac, que no tienen otra salida. Entre ellas estaba El Mirador.

Fue una de las “despedidas” de d’Argent. Otros adioses ediles consisten en firmar contratos que enganchan a la próxima administración.

Así, en todo caso, se abrió la puerta para levantar un edificio más en El Mirador, proyecto que ha generado un lío aparatoso difundido en los medios con un elenco de vecinos, peritos, fiscales e inspectores inútiles.

El otro lindero.

En el 2006 Surco había visto con buenos ojos el relevo de d’Argent por Juan Manuel del Mar, y al principio la escobita nueva dio señales de vida frente a, por ejemplo, la construcción irregular de otro edificio en la calle 9 de la urbanización Las Casuarinas Sur.

Allí, ese año, un tal Roberto Henríquez Goycochea había pedido licencia para un multifamiliar de 4 pisos, pero fue levantando 6, mas torretas.

Una primera inspección municipal fue frustrada por el personal de la constructora, pero cuando finalmente se pudo entrar se comprobó una serie de otras irregulares. No tenía, por ejemplo, las plazas de estacionamiento reglamentarias y pretendía trasladar el ingreso principal a la calle Bellavista, en la parte posterior de la edificación (ver foto), mediante un terraplén.

Sucede que Bellavista es el límite de la bucólica Las Lomas de Las Casuarinas, con cercos vivos y jardines cuidados a lo largo de décadas, y donde el metro cuadrado vale más. En suma, era (y es) un intento de abordaje con fines especulativos que desfiguran su entorno.

Ya en marzo del 2007 el departamento de Desarrollo Urbano de Surco, bajo la renovada gerencia del arquitecto Daniel Núñez, había impulsado una resolución de la Subgerencia de Control de Sanciones multando y deteniendo la obra.

Henríquez y Armando Robles, su constructor, hicieron caso omiso a la autoridad.

En abril, el municipio emitió otra resolución insistiendo * no solo en la paralización de los trabajos sino advirtiendo sobre la demolición parcial y el pago de multas y costos.

Los aludidos siguieron desafiando abiertamente la orden hasta que el municipio recurrió a serenazgo para detener los trabajos.

Pero incluso ese fue un procedimiento que Henríquez siguió burlando.

Vale la pena detallar esta pugna porque puede estar repitiéndose a lo largo de Lima con grave riesgo para la población.

–CARETAS, que había documentado cronológica y fotográficamente la prepotencia de esta gente en su edición Nº 1992 de setiembre del 2007, pudo observar después cómo se seguía trabajando en los acabados interiores.

–Henríquez, a su vez, colgó un aviso vendiendo departamentos sin que nadie lo detuviera.

–El constructor transgresor acudió con recursos de amparo a por lo menos cinco Juzgados Contencioso Administrativos con una docena de impugnaciones. Como abogado de Henríquez figura Luis Omar Castro Astudillo, quien parece ser un astuto experto en estos menesteres.

–Ciertas líneas de ómnibus asesinas y organizaciones cuestionadas y otras mafiosas recurren a este procedimiento múltiple para ver quién pica. (Ver nota sobre recursos de amparo presentados por el clan Sánchez Paredes).

–A mediados de junio último alguien picó, pero fue dentro de la propia municipalidad. Fue Ramiro Asmat Girao, subgerente de Ejecución de Obras Públicas, quien emitió calladito una resolución autorizando a Henríquez a derribar un estratégico muro perimétrico que protegía a los transeúntes en Bellavita de la profunda zanja que separaba a la calle del edificio y por lo tanto dificultaba la continuación del proyecto.

–Por lo tanto, dado que el proyecto estaba detenido, Asmat contradijo frontalmente la posición de Desarrollo Urbano.

–Henríquez, advertido antes que los vecinos, se presentó de sorpresa con gente que comba en mano comenzó a derribar el muro y rellenar la zanja para formar el terraplén.

–Fue tan obvia la maniobra que esa tarde, en una confrontación en el municipio con representantes de la Asociación Las Casuarinas, Asmat adujo haber sido “sorprendido” por Henríquez y emitió una carta anulando (lo que quedaba) de la demolición.

–Como con la falta de muro se exponía una zanja y abismo de entre 5 y 35 metros de profundidad, la Asociación instaló rápidamente una reja de protección.

–Pero entonces Henríquez se presentó nuevamente con un fiscal, policías y camiones.

–El procedimiento se basaba en una temeraria resolución de la Fiscal Provincial de Prevención del Delito Julita Pachas.

–La Fiscal Pachas aceptaba una injuriosa denuncia de Henríquez contra Julio Iturri (el gerente de la Asociación Las Casuarinas), Carmen Mevius Coloma (la arquitecta de la Asociación) y Enrique Zileri Gibson (un vecino interesado), y expresaba el propósito de “prevenir delitos contra la vida, el cuerpo y la salud” del denunciante “en la modalidad de lesiones y otro” . En el escrito de la jurisconsulta se precisa, además, que “ha sido informada que los denunciados están contratando matones para impedir por medios violentos que realicen los trabajos”.

Sería interesante que explicara quién le dio semejante versión y cómo se atrevió a incluirla en su Ingreso Nº 948-2008. Le puede caer una denuncia por difamación.

- Además, sin investigar los antecedentes de la propiedad, la Pachas se pronunció sobre el fondo del asunto y repitió a pie juntillas la posición del transgresor sin aludir a las resoluciones pendientes.

- Cuando el Fiscal Provincial Adjunto a la Comisaría de Monterrico, Julio Noriega Calderón, acudió a la diligencia el 18 de julio, no solo repitió lo de Pachas sino que permitió que el transgresor derribe la reja. “Tumbaron la reja del cerco perimétrico”, dice el acta. Ni una palabra sobre el costo ni la destrucción de la propiedad privada.

–Más aún, cuando Iturri de Las Casuarinas le mostró la carta de Asmat anulando su propia resolución para demoler el muro, el Fiscal simplemente dijo que más vale una resolución que una carta, así que sigan destruyendo la reja.

–Dos días después Henríquez descargó varias camionadas de hormigón en la zanja para crear el terraplén de entrada, violando así impúdicamente la prohibición de continuar con la obra.

–La Asociación Las Casuarinas consultó con el nuevo Procurador Público Municipal, José Salazar Castañeda, para ver si existe algún documento que autorice a Henríquez a proseguir. Salazar dijo enfáticamente que no existe.

–Nuestras leyes pueden ser absurdas pero no tanto. En un caso como éste, si el transgresor presenta un recurso de amparo, el municipio no puede obligar a la demolición ni cobrar las multas, pero la obra queda paralizada. Si no, ¿para qué serviría una resolución municipal?

–Sin embargo, aquí vemos a un sujeto prepotente que, insistiendo en su capricho en lugar de adecuarse a la zona, viene trabajando hasta el cierre de esta edición con varios obreros en ese inseguro terraplén.

–Más aún, en toda esta confrontación tanto el alcalde Del Mar como el arquitecto Nuñez han desaparecido. Tampoco hubo nadie del municipio cuando los fiscales festinaban trámites y apoyaban un acto de rebeldía contra su propia autoridad local.

–Únicamente se ha pedido a la municipalidad que confirme y comunique a otras autoridades sus resoluciones de marzo y abril del 2007, pero solo contesta el silencio.

Como resultado, tanto los vecinos de Las Casuarinas como de Las Casuarinas Sur están en pie de guerra, porque nadie quiere esa verticalización irresponsable.

La actitud de Del Mar y Núñez es francamente desconcertante. CARETAS estuvo con ellos en una inspección de la zona y acordaron que la actitud de Henríquez era intolerable. Si se permite ese tipo de prepotencia no hay cómo poner orden en el distrito. ¿Y ahora qué les pasa?

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* Una Resolución del 25 de abril del 2007 de la Subgerencia de Control de Sanciones aplicó una papeleta de infracción a los constructores porque “no se permitió al personal de la Subgerencia de Habilitación Urbana la realización de la inspección ocular del predio”. Después ordenó la PARALIZACIÓN (con mayúsculas) de la obra y se advirtió que se procedería a “la demolición de la obra si no se cumpliera” con ciertas exigencias.
El 2 de mayo del 2007 la municipalidad emitió otra resolución subgerencial sobre las condiciones irregulares del edificio dada “su mayor densidad, aumento de áreas techadas, modificación de estructuras”, recordando que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27872 faculta ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Edificaciones”.