Política Protestas en la selva desembocan en peligroso sabotaje contra Camisea.

Revuelta con Veneno (VER)

Nativos tomaron la hidroeléctrica de El Muyo en Bagua.

Durante su discurso del martes 12 por el Día de la Juventud, el presidente Alan García se refirió a la necesidad que ésta tiene de enfrentar al “tribalismo”. Seguro que no pensaba en los góticos ni en los “emo”. Y tampoco debía tener en mente los bailes desatados después entre la concurrencia –incluidos sus ministros– con el fondo musical del Grupo 5.

Mientras AGP agasajaba a los jóvenes el gobierno enfrentaba un problema de preocupantes proporciones. Ese mismo mediodía, manifestantes nativos cortaron la fibra óptica del gasoducto de Camisea, a 180 kilómetros de la planta de Las Malvinas, en la ceja de selva de Ayacucho.

La fibra óptica provee el sistema de comunicación y control del gasoducto, que se maneja desde el City Gate de Lurín, en Lima.

Un backup satelital ha permitido a Transportadora de Gas del Perú (TGP) seguir controlando el sistema. Pero los manifestantes han impedido que cuadrillas de TGP ingresen a la zona.

Se teme que el objetivo sea cortar el suministro de gas a Lima. El 35% de la generación eléctrica nacional depende del gas de Camisea.

La fibra óptica corre enterrada junto al gasoducto, a más de un metro de profundidad. “Difícil creer que un simple nativo lo haga”, sostuvo un empresario que solicitó anonimato. Se trata claramente de un acto de sabotaje de gravísimas consecuencias.

El paro de los nativos selváticos comenzó el sábado 9. El Comité de Lucha por el Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas anunció que la medida se realizaba para hacer valer el respeto del “carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los derechos colectivos de los territorios indígenas”.

Exigen la derogatoria del controversial decreto legislativo 1015 “que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para mejorar su producción y competitividad agropecuaria”. Esto implica que las comunidades pueden vender sus terrenos con el 50% de los votos de sus integrantes.

También demandan archivar los proyectos de la llamada “ley de la selva” que, si bien permanecen estancados en el Congreso, vieron varios de sus fundamentos aprobados con el mencionado decreto legislativo.

La agenda es completada con el rechazo a las concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos.

La punta de lanza la llevaban los aguarunohuambisas de la Amazonía. Por entonces, 500 nativos ya habían tomado la central hidroeléctrica El Muyo en Bagua, Amazonas. La veintena de miembros de seguridad fue rápidamente neutralizada y de inmediato fueron cerradas las compuertas del agua.

RPP informó que otros 10 mil nativos marcharon a Santa María de Nieva y Tayuntza en la provincia de Condorcanqui y en Kusu Grande en Bagua. La estación Cinco de Petroperú en Saramiza, Loreto, fue cercada.

Pero no solo los aguarunas están calientes. Buena parte de la Amazonía se hizo sentir. El Lote 56 de Camisea en Pagoreni, colindante con San Martín, fue tomado por nativos machiguengas que usualmente mantenían una buena relación con la empresa. Esta medida no compromete el suministro pero si la marcha continúa a San Martín la región puede ponerse color de hormiga pucacuro. Bien rojo.

El premier Jorge del Castillo anunció que se tomarían estrictas medidas de seguridad en torno a la última situación. No es cuestión de broma. “Si cierras el ducto durante cinco minutos, toma tres días volver a llenarlo”.

Del Castillo explica que “la confluencia llama a pensar que está hecha para acogotar energéticamente al país”, advierte.

La directiva de los nativos le exigió al gobierno que las conversaciones se realicen en San Lorenzo, capital de la recientemente reconocida provincia de Datem en Loreto. Lo complicado es el acceso, pues luego de llegar en avión a Tarapoto, la comitiva oficial tendría que viajar a Yurimaguas y de allí llegar al punto convenido.

Por lo pronto, y como ha devenido en costumbre, el gobierno exigió la deposición de las medidas extremas para empacar el repelente y sentarse a conversar.

La influencia de la ONG Racimos de Ungurahui, dirigida por Lily la Torre, ha vuelto a asomar. En el 2006 Del Castillo señaló a la misma organización por instigar el enfrentamiento entre la comunidad Achuar y Pluspetrol. Ahora el Ejecutivo percibe que la movilización se apoya financieramente en las ONG.

En la memoria colectiva todavía está la masacre que en enero del 2002 perpetró un grupo de aguarunas cuando ingresó en un asentamiento colono en La Flor de la Frontera y asesinó a diez adultos y siete niños.

Entonces Wilfredo Ardito escribió en la revista IDL un artículo que ayuda a comprender la dinámica del conflicto actual: “El Ministerio de Agricultura otorga a las comunidades nativas títulos de propiedad, pero no para todo un grupo étnico (territorio étnico), sino para cada comunidad. Esto deja disponibles amplias zonas en las que teóricamente es posible la colonización. Sin embargo, los nativos sostienen que los títulos son insuficientes y plantean procedimientos de ampliación sobre las zonas no tituladas, donde ellos anteriormente cazaban y pescaban. Por ello, los migrantes son percibidos con rechazo y desconfianza, aunque se establezcan fuera de las zonas comunales. Temen que tarde o temprano ingresen en el territorio comunal. Aunque muchas veces llegan familias andinas completas, como las que fueron asesinadas en La Flor de la Frontera, también es frecuente la migración de varones solos que eventualmente establecen una relación con una mujer nativa. Estas “parejas mixtas” son rechazadas por muchos dirigentes nativos, quienes las consideran una estrategia de penetración de los colonos”.

Cabe imaginarse la interpretación que comunidades tan impermeables y que llevan una lucha de décadas por sus derechos pueden hacer de las mencionadas leyes. El presidente fustiga al perro del hortelano pero aquí el armadillo y la shushupe reemplazan los ladridos con destrezas propias del terreno en el que se mueven.

La coyuntura selvática se suma al aniversario del terremoto en Pisco y la reciente encuesta de CPI donde la aprobación presidencial desciende a 20.3%. Allí, el trío de potenciales punteros en las próximas elecciones presidenciales –Luis Castañeda, Ollanta Humala y Keiko Fujimori– dejan al gobierno aparentemente fuera de área. El propio Del Castillo, la potencial carta oficialista, obtiene un 2.5% de preferencias por detrás de Alejandro Toledo. La columna de Gustavo Gorriti en la presente edición analiza los motivos del descontento.

En el APRA se declaran curtidos en materia de sondeos desfavorables y consideran que su “porcentaje natural” es definitivamente mayor. Esperan que las políticas antiinflacionarias del ministro Luis Valdivieso aplaquen el malestar acentuado por eventos como el “gasolinazo” de los últimos días (ver recuadro). En ese contexto, la experiencia de Luis Alva Castro, con más del 18% en pleno y catastrófico 1990 vuelve a ser recordada. Más si todo indica que, a pesar de las diversas frustraciones populares, el segundo gobierno de Alan García terminará con el listón mucho más alto. Lo que queda por saberse es si ese papel será representado en soledad o si el partido se jugará con fórmula.