Política Gobierno negoció mejores condiciones carcelarias para Fujimori a cambio de votos para la frustrada reforma constitucional.

Las Cuentas de la Diroes

Accidentado pleno se realizó un día después de cambio de régimen.

Fuentes del INPE relacionadas con la Diroes señalan que la supuesta visita del ministro Luis Alva Castro a Alberto Fujimori, recluido en esas instalaciones, no se consumó en un cuarto de hora como se creía hasta ahora. El diálogo del 19 de julio, según la confiable versión, se prolongó durante cincuenta minutos.

La curiosidad es acentuada porque la visita más discutida no parece encajar en la votación de la mesa directiva del Congreso realizada una semana después ni en el previo cambio de régimen penitenciario del ex presidente. El ministro de las siete vidas parece guardar con mucho celo los detalles de su agenda.

El cambio de régimen carcelario de Fujimori todavía trae cola. La Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió pasarlo del estricto régimen especial al ordinario el pasado 9 de junio, un mes antes de la visita del titular de Interior. ¿Tan previsor era el oficialismo como para cerrar las negociaciones con la bancada fujimorista en torno a la elección de la mesa directiva en el Congreso que se realizaría 50 días después? No. La urgencia parecía ser otra.

La revisión de la cronología de los episodios arroja conclusiones sumamente interesantes.

Fuentes oficialistas consultadas sostienen que la premura se debía a la necesidad de asegurar los votos para el paquete de reformas constitucionales programado para ser votado contra el reloj el martes 10 de junio. Los fujimoristas bregaban por que no se modifique la Carta Magna de 1993. Pero, al parecer, estuvieron dispuestos a entregar sus votos por mejores condiciones carcelarias para el líder. Las modificaciones incluían el retorno a la bicameralidad, la posibilidad de renunciar al cargo de congresista y varios cambios en artículos de administración de Justicia. Lo último también habría preocupado a la ministra del sector, Rosario Fernández.

Pero, como se recuerda, aquella sesión se vio frustrada por el escándalo provocado por la bancada nacionalista, que, ante un insólito pedido del aprista José Carrasco Távara, exigió discutir el retorno de la Constitución de 1979 y el cambio del modelo económico.

El pan se quemó en la puerta del horno y Javier Velásquez Quesquén, que presidía la comisión de Constitución, vio frustrado su trabajo. Pero el ex mandatario ya gozaba de nuevas condiciones carcelarias. ¿Acaso quedó un “saldo” de buena voluntad para la votación de la mesa directiva?

Los fujimoristas persiguieron el cambio de régimen casi desde el principio de la reclusión de Fujimori. Luego de disparar en varias direcciones descubrieron la rendija de la asociación ilícita para delinquir.

El presidente del INPE, Leonardo Caparrós, envió una carta al cierre de esta edición en la cual defiende la pertinencia técnica del cambio de régimen. “Esta se realizó en estricto cumplimiento de la ley”, señala. Quizá no le falte alguna razón. Medios como La República le han dado con palo por la celeridad con la que se tramitó el cambio de régimen, pero Caparrós insiste en que “el argumento que inició el procedimiento que le dio lugar fue esgrimido por la defensa del interno”.

El cambio en el Código de Ejecución Penal que permitió la inclusión de Fujimori en el régimen especial se produjo en julio del año pasado, dos meses antes de ser extraditado de Chile. Antes, un reo no podía iniciar su reclusión en dicha categoría. Ahora, si el peligroso perfil personal del interno lo ameritaba y era enjuiciado por su vinculación a una organización criminal (la asociación ilícita), sí podía ser incluido de arranque en el régimen especial. Es por eso que personajes que fueron internados antes, como los miembros del grupo Colina y el ex comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, gozaban de régimen ordinario.

El abogado César Nakazaki sustentó su pedido el 5 de junio último. Cuando Caparrós le preguntó por escrito al día siguiente al juez César San Martín si Fujimori estaba procesado por asociación ilícita, el magistrado respondió tres horas más tarde que los delitos eran “secuestro, homicidio calificado, asesinato, lesiones graves, corrupción de funcionarios, violación al secreto de las comunicaciones, peculado y falsedad ideológica”. Bonita lista que, sin embargo, no mencionaba la necesaria asociación ilícita para delinquir.

Puede ser un argumento llevado al extremo de “absurdos sofistas” (CARETAS 2039). Pero fue suficiente para justificar la vuelta de la tortilla. Esto lleva también al debate sobre la naturaleza de la próxima sentencia a Fujimori y la argumentación utilizada para responsabilizarlo por autoría mediata de los crímenes (asociación criminal versus aparato organizado de poder), que seguramente se avivará todavía más en las próximas semanas.