Seguridad Giselle Giannotti, la analista de Business Track en cuyo domicilio se hallaron USB comprometedores, niega ser quien “chuponeaba”. Pero testimonio de nuevo colaborador eficaz la implica aún más.

‘Digital’ Se Defiende Como Leona

Martes 20, 12:30 hrs. Giselle Giannotti y su abogado conversan en la antesala del 15o Juzgado Penal de Lima. Ella confiaba en que se le liberaría.

El derrotero de los “petroaudios” recién comienza. El último martes, después de una audiencia privada que duró cuatro horas, el juez Elmer Yalico del 15o Juzgado Penal de Lima resolvió negar la libertad condicional solicitada por Giselle Giannotti, 41, la ‘dama digital’ de Business Track (CARETAS 2061).

El abogado José Urquizo reiteró que su patrocinada tenía un vínculo laboral lícito con la empresa Business Track y entregó un oficio enviado por el periodista Pablo O’Brien a la Dinandro, en el que reconoce que entregó a Giannotti para su “análisis” los USB con correos y audios encontrados en su casa.

Durante su alegato, Urquizo advirtió que su patrocinada sufre de un cuadro de gastritis aguda y que la reclusión pone en riesgo su vida.

El fiscal Walter Milla, encargado de la investigación del espionaje telefónico, replicó con las versiones brindadas por el colaborador eficaz No 917 y por el suboficial de contrainteligencia Martín Fernández Vírhuez, 39, quienes declararon que Giannotti analizaba las transcripciones de las conversaciones ‘chuponeadas’ y cerraba los tratos con los clientes.

Millas reveló que José Ojeda Angles, 36, otro de los marinos detenidos, había aceptado acogerse a la ‘confesión sincera’ y ofreció una versión coincidente.

La acusación del Ministerio Público se presentará este jueves 22. Fuentes de la Fiscalía adelantaron que el documento encontró responsabilidad penal en Giannotti; el almirante AP (r) Elías Ponce Feijoo (dueño de la empresa), en el capitán de navío (r) Carlos Tomasio de Lambarri; el ex oficial de mar Jesús Tirado, así como en los suboficiales de contrainteligencia Fernández Vírhuez y Ojeda Angles.

Para los cuatro primeros se solicitará una pena no menor de seis años de prisión efectiva por los presuntos delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir. A los demás, penas menores de tres años de prisión por haber colaborado con la justicia.

EL FRENTE DE PETRO-TECH, empresa que fue señalada por el colaborador eficaz y Fernández como la que está detrás del “chuponeo” (CARETAS 2061), tampoco se encuentra calmo.

Todo indica que, como ocurrió con Discover, la empresa noruega patrocinada por Rómulo León Alegría, el presidente Alan García también decidió suspender los contratos de exploración obtenidos por Petro-Tech en la licitación que se vio empañada por el escándalo. Se trata de los lotes Z-51 y Z-52, de aproximadamente 500 mil hectáreas cada uno y ubicados en el zócalo continental. Las condiciones estipulaban plazos de entre 7 y 10 años para explorar y de 20 años para explotar, con regalías para el Estado de 25%. La resolución aparecería en el diario El Peruano el jueves 22.

También parece haberse enfriado la posibilidad de venta de Petro-Tech. Las conversaciones con el consorcio de empresas estatales de Colombia y Ecuador sufrieron un aparente frenazo.

El diario colombiano La República publicó el 18 de enero último que la estatal Ecopetrol no ha cerrado el negocio. El medio se refirió a la noticia aparecida en CARETAS 2061 y consigna las declaraciones de un vocero cuyo nombre no es citado: “Señaló que Ecopetrol ha estado interesado en analizar posibilidades de negocios en países del exterior, dentro de los que se incluye Perú. No obstante, no hemos firmado la adquisición de una empresa en ese país”.

Las conversaciones sobre el escándalo han llegado a los niveles más altos de los dos gobiernos. Entre los posibles móviles del “chupones”, la cúpula de Perupetro alberga serias sospechas sobre la presión que esa institución ha ejercido para que Petro-Tech, que tiene otros nueve lotes, le pague al Estado US$ 38 millones en deudas tributarias. Los desembolsos fueron realizados a lo largo del año pasado.

Petro-Tech, ciertamente, ha negado las mencionadas versiones en todos sus términos (ver sección cartas y edición anterior). Su dueño, William Kallop, no ha vuelto al país desde el estallido del escándalo. Su gerente legal, Alberto Varillas, también salió del Perú esta semana.

DE ACUERDO A GIANNOTTI, de los cinco USB y un lector de memoria digital encontrados en su casa, sólo uno (el de color negro) era de ella. Los otros cuatro, dijo, le fueron entregados por O’Brien.

Los lotes obtenidos en Petro-Tech en la última licitación son el Z-51 y Z-52, de 500 mil hectáreas cada uno y ubicados en el zócalo continental. De los 11 que tiene, el único que produce es el Z-2B en el norte.

Al cierre de esta edición sólo se habían abierto tres USB, uno de los cuales se averió al momento de visualizarse su contenido. EL USB “1” tiene 596 objetos: 106 e-mails, 199 audios, 145 documentos, 8 archivos comprimidos ‘zip’ y dos archivos temporales. El USB “2”, el primero en ser visualizado, contiene 475 objetos distribuidos en 273 archivos con extensión .elm (e-mails), 102 archivos en word, 30 archivos “zip”, 26 archivos WAP (audios), dos fotografías y otros tres archivos temporales.

La lista de los “chuponeados” es larga (ver recuadro).

El suboficial Ojeda explicó a la Dirandro que, en el caso de los ‘petroaudios’, el “trabajo” arrancó con la interceptación de los teléfonos fijos y correos electrónicos de Rómulo León Alegría y Alberto Quimper. Los números los proporcionó el almirante Ponce Feijóo.

Según Ojeda, el procedimiento consistía en ubicar la casa u oficina del “objetivo”, identificar el tablero telefónico desde donde sale su línea (los tableros están dentro de cajas metálicas ubicadas en las calles de la ciudad) y alquilar una vivienda para interceptar las llamadas. Los marinos de Business Track contaban con la “ayuda” de operarios de Telefónica que los asistían para conectar los cables hacia una central telefónica que ubicaban dentro del inmueble previamente alquilado. Luego era cuestión de sentarse durante largas horas a escuchar y grabar todas las conversaciones ‘pinchadas’.

Fernández sostuvo que el comandante Tomasio le proporcionó una laptop para guardar los audios de Quimper interceptados desde el piso 10 del edificio Estolaza, en la cuadra cuatro de la avenida Tacna.

Tomasio, ex agregado naval en Washington, negó la versión de Fernández. Alegó que él solo se dedicaba a verificar la seguridad informática de los clientes de Business. Tomasio y Ponce Feijóo serán interrogados por un equipo especial de la Marina de Guerra que busca determinar qué otros marinos en actividad trabajan para empresas privadas de seguridad.