Seguridad Sólo un pistolero ranqueado utiliza proyectiles como el del atentado contra la Fiscal de la Nación.

La Pista de la Parabellum

La fiscal Gladys Echaíz descartó la hipótesis del robo, en contraste con las primeras conclusiones de la Policía.

El grave incidente sufrido por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, merece una exhaustiva investigación.

¿Asalto, intento de homicidio o ganas de amedrentar?

Las investigaciones policiales, según lo filtrado a la prensa, se inclinan por lo primero. Pero el extraordinario contexto en el que ocurrió y el método de la emboscada han dejado serias interrogantes sobre sus móviles.

Y según averiguó CARETAS, el rastro de los proyectiles disparados por los delincuentes plantea todavía más preguntas.

Echaíz (63) es quien se ha puesto en primera fila de la investigación del “chuponeo” que, con resultados sin precedentes, llegó a detener a los presuntos espías y destapó una caja de Pandora que seguramente marcará buena parte de la agenda noticiosa en los próximos meses.

¿Qué pasó el sábado 31 por la tarde?

ECHAÍZ ORDENÓ A SU CHOFER, Walter Lentz Callirgos, que la lleve a la peluquería. Al día siguiente viajaba a Trujillo a inaugurar una sede del Ministerio Público. Eran las cuatro y cuarto de la tarde.

Lentz encendió la camioneta 4x2 Hyundai Tucson de color azul, matrícula ROH-188, y Echaíz tomó asiento en la parte trasera. Adelante iba el suboficial PNP Manuel Silva, su custodio desde hace siete años.

El vehículo partió desde la urbanización El Sol de La Molina rumbo a Jesús María. En el camino, Echaíz le preguntó a su chofer por la nueva camioneta. “Nos la han entregado hoy día, doctora. Su auto blindado se va a Trujillo”.

Ingresaron a la sexta cuadra de la avenida De la Policía por la concurrida avenida Gregorio Escobedo y se estacionó el vehículo en la puerta de la peluquería Nataly, en el número 606. Echaíz ingresó aproximadamente a las 4 y 50 p.m.

La camioneta Hyundai, con el chofer y el suboficial a bordo, se estacionó al frente. Tres horas después, a las 7 y 55 p.m., la Fiscal de la Nación salió de la peluquería y abordó el vehículo.

El agente Silva asegura haber mirado a ambos lados sin percatarse de nada raro. De igual forma tomó la precaución de rastrillar su pistola HKPL de 9 milímetros.

Cuando ya tenía la palanca de cambios en retroceso, Lentz vio acercarse a un sujeto alto, de contextura mediana y tez trigueña con una pistola en la mano.

“¡Mierda!”, gritó, recostándose en las piernas de su compañero con las manos templadas en el timón y pisando fuerte el acelerador. Silva, sorprendido, alcanzó a ver a través del parabrisas al atacante empuñando el arma firmemente.

“¡Doctora, al piso, al piso!”, alertó. Disparó dos veces y escuchó que el sujeto hizo otros dos disparos. Lentz, un experimentado chofer del Ministerio Público, volteó en U con la culata hacia el pasaje Haití y aceleró por el lado izquierdo de la avenida De la Policía con dirección a la avenida Brasil. En esos instantes, Silva alcanzó a ver a otro sujeto armado parado junto a un automóvil gris estacionado a unos 10 metros de la peluquería Nataly.

Esta versión, brindada por el propio suboficial Silva a CARETAS, revela que el atacante no era uno, como se creía, sino dos.

Echaíz permaneció agazapada en la parte posterior del vehículo hasta llegar al Hospital de Policía.

LA POLICÍA HA FILTRADO la hipótesis del robo a mano armada bajo la modalidad del ‘raqueteo’, según la cual las víctimas son escogidas al azar por tres o cuatro delincuentes que recorren la ciudad a bordo de un solo vehículo. Los criminales arranchan carteras, billeteras y en algunos casos se llevan el vehículo.

Llama poderosamente la atención que los delincuentes escogieran a una víctima que tenía dos escoltas armados y que además la estuvieron esperando durante tres horas.

La Fiscal de la Nación, por su parte, no cree en la versión del asalto.

De los siete casquillos encontrados, dos corresponden a una bala de 9 mm Parabellum, marca Win Ruger. Fueron estas balas las que el criminal disparó contra la camioneta y el proyectil presentado en esta carátula fue el único que se encontró.

Es una pista central. Las balas Parabellum son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Su venta por Discamec está prohibida, aunque se pueden adquirir en el mercado negro o en los lotes de contrabando de armas que provienen de Ecuador y Colombia. Los peces gordos entre secuestradores y delincuentes prefieren esta brutal munición.

Según el especialista en temas de seguridad Fernando Yovera, la ojiva de la bala Parabellum tiene precortes en la punta con un pequeño agujero. Estos hacen que la bala penetre como un taladro haciendo una herida brutal. Deja un forado del tamaño de una naranja.

El rastro de la bala puede llevar al individuo que apretó el gatillo. Cuando ocurrió la matanza de Barrios Altos, el 11 de noviembre de 1991, la Policía encontró en la escena del crimen munición 9 mm Parabellum para metralletas HK con silenciador. Fue el indicio clave que condujo al Ejército (CARETAS 1185).

El identifaz elaborado por la Policía muestra a un sujeto de rasgos oscuros y cabello ensortijado, muy parecido a algunos secuestradores chalacos. Pero el agente Silva dijo a CARETAS que “el que nos atacó es de porte militar (1.78 de estatura) y empuñó el arma con la técnica israelí, como lo hacen los marinos”.

Fuentes de la Marina de Guerra descartan cualquier participación de la institución en el atentado y, dadas las obvias circunstancias, tal posibilidad suena realmente descabellada.

Pero el círculo podría ser más amplio. La semana pasada, el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Edgar Núñez, reveló que Business Track, la empresa gerenciada por el almirante AP (r) Elías Ponce Feijoo y acusada de realizar las interceptaciones telefónicas, vendió información a la banda de Víctor Pampañaupa, ‘Cholo Víctor’, quien se especializó en secuestrar a empresarios. Núñez señaló que la información le fue proporcionada por un mayor de la Policía.

Como fuera, los enemigos de Echaíz no son pocos. Además del “chupones”, bajo su tutela se llevan adelante otras dos grandes investigaciones: el caso de la familia Sánchez Paredes, por presunto lavado de dinero del narcotráfico, y cuyos resultados deben darse a conocer en marzo; y el del ex alcalde Luis Valdez, también por lavado de activos.

EN EL MINISTERIO PÚBLICO se acondicionó una oficina especial para analizar los 29 CPUs, tres laptops, 26 discos duros, 246 diskets, 672 CDs y 25 USBs incautados. La tarea es dirigida por el fiscal Walter Milla.

Una de las sorpresas fue descubrir que Ponce Feijoo tenía un pase temporal del Congreso de la República a nombre de Elías Ponce Franco, pero con su foto. El carné lleva la firma de José Cevasco, ex oficial mayor del Parlamento.

Una impresión incautada de un correo electrónico es reveladora. Es una comunicación enviada el 11 de noviembre de 1999 por Ricardo Pinedo a Alan García. Entonces Pinedo, que hoy es asistente del Presidente, era asesor de la bancada aprista. En el correo le comenta a García, aún en el exilio, sobre la difícil situación del APRA y sus pugnas internas. Pero lo realmente revelador es la fecha. Faltaban cinco años para que Business Track se conformara como empresa y tanto Ponce Feijoo como Tomasio eran marinos en actividad. El correo precede incluso a las comunicaciones “chuponeadas” a Allan Wagner y otros diplomáticos (CARETAS 2063). Los detenidos se encuentran cada vez más cerca del servicio de espionaje de Vladimiro Montesinos.

La Fiscalía empezó también a analizar los 68 correos electrónicos hallados en las USB de Giselle Giannotti, la “dama digital” de Business Track. Se trata de comunicaciones electrónicas de diversos personajes, entre los que destacan Rómulo León Alegría, Fortunato Canaán, el ex ministro de Vivienda y Salud, Hernán Garrido Lecca, Abel Salinas padre, Remigio Morales Bermúdez, entre otros. No solamente pincharon sus teléfonos, sino también sus e-mails.

CARETAS obtuvo una copia de todo el paquete de correos electrónicos. De ser auténticos, la lectura de los e-mails confirmaría que León Alegría tenía intereses más allá del lobby petrolero (ver recuadro).

Esto también se desprende de algunos de los 86 audios que fueron “liberados” la semana pasada en un blog de Internet por el ex periodista del diario El Comercio, Pablo O’Brien.

PERO LOS NUEVOS AUDIOS ya produjeron también controversias.

La primera se relaciona con Luis Nava. El ex periodista de El Comercio, Pablo O’Brien, sostiene que en el audio 42 se escucha que el chofer de Rómulo León Alegría le cuenta a la secretaria Paola Copara que ha recogido a Rómulo León, Fortunato Canaán hijo y Nava de una reunión en Perupetro. En la transcripción del periodista se lee:

“Chofer: Han salido contentos el hijo con… yo he ido con el hijo y con el Sr… con el Doctor Nava en la camioneta”.

Pero una escucha un poco más cuidadosa revela que lo que dice el chofer es “con el doctor nada más en la camioneta”.

Esto Nava lo ha refrendado con dos peritajes, uno de ellos realizado en el estudio del músico Juan Carlos Figueroa, y una carta de Daniel Saba, presidente de Perupetro, que confirma que no hay registrada ninguna visita suya desde enero del 2006.

Nava espera la rectificación del periodista que, en su blog, se ha limitado a invitar al lector a escuchar “la referida grabación y saque sus propias conclusiones”.

El otro fiasco se relaciona con un blanco habitual: Jorge del Castillo. El diario La Primera publicó a página central el martes 3 una transcripción incompleta del audio 60, que registra una conversación entre el ex ministro y actual director del Banco Central de Reserva, Abel Salinas, y Rómulo León Alegría sobre el negocio de transporte de gas que eventualmente ganó el consorcio peruano-chileno Chartchil-Sease-Marking al que “asesoraba” León. En la conversación se menciona a una tal “Carmen” que es la que habría hecho los contactos entre “los gaseros”, como los llaman, y León. Al ver que el negocio avanza la mujer reclama por haberse quedado fuera del juego.

La transcripción de La Primera atribuye a León decir:

“Lo que pasa es que ella (Carmen) me llamó… seguramente después que habló contigo, porque (…) a Jorge que estaba al tanto de lo que estaba pasando”.

De nuevo, en el audio se distingue claramente que dice: “porque tenía informes, estaba al tanto de lo que estaba pasando”.

Tanto así que Salinas coincide de inmediato: “Claro, si yo le informo”.

La Primera salta directamente a concluir que el personaje femenino es Carmen Hass, esposa de Del Castillo. Es decir, con la señora también metida en el negociado. “Carmen” sería, en realidad, una persona que trabaja con Abel Salinas.

En este caso lo que registra Wiener no es lo que O’Brien ha transcrito en su blog.

Se trata de dos nuevos ejemplos que vuelven a poner en relieve los excesos cometidos por sectores de la prensa en el mare mágnum de los “petroaudios”.

ASIMISMO, la necesidad de ajustar los excesos del lobby y su práctica silvestre constituye la gran moraleja del caso.

La palabra figura en el Diccionario de la Real Academia Española así, con doble b y como voz inglesa.

Antes la RAE definía lobby como un “grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses”.

Ahora, en su vigésima tercera edición, la RAE ha enmendado la definición y ésta solo dice “grupo de presión”, con un cierto desprecio.

No existe palabra en la RAE para definir la actividad del miembro de un lobby (que en inglés es un lobbyist) y menos para quien, como Rómulo León Alegría y varios otros, se ofrecen como intermediarios y facilitadores de diferentes negocios con el Estado, por lo que actualmente la tendencia es llamarlos “lobas”.

Esta actividad no es, sin embargo, necesariamente delictiva, aunque aquí la inmensa mayoría de “lobas” se pitorreen en la Ley 28024 vigente desde el 2004, que busca regular a los lobbies. Los registrados se cuentan con los dedos de una mano.

Pero la discusión no es solo peruana. En Bolivia fue detenido esta semana el presidente de la petrolera nacionalizada YPFB acusado de ser el destinatario de un maletín con US$ 450 mil cuyo portador fue asesinado cuando ingresaba a la casa de un familiar del funcionario. El soborno habría sido por otorgar la licitación para construir una planta separadora de gas.

También ocurre en Estados Unidos. A pesar de una legislación que, como en Chile y Canadá, regula detalladamente la actividad.

El recién posesionado Barack Obama impulsó una ley para que los ex lobbistas no puedan ingresar a la administración pública a trabajar en las dependencias a las que previamente cortejaron. Pero una de sus primeras designaciones fue la de William Lynn como el número 2 del Pentágono. Lynn renunció hace poco como el jefe de lobby de la corporación Raytheon, el quinto contratista del Pentágono que recibió un pago de US$ 10 billones en el 2008 por misiles y escudos antimisiles y aparatos electrónicos. La Casa Blanca presentó la elección como una excepción a la regla y la justificó en la importante calificación laboral de Lynn, que además ya había trabajado en el Pentágono entre 1997 y 2001, período en el que redujo en US$ 1 trillón sus gastos no justificados.

Todavía más complicada resultó la designación de Tom Daschle como secretario –el equivalente de ministro– de Salud y Recursos Humanos. El ex senador demócrata trabajó como “consultor” de Alston & Bird, una importante firma de lobby. La ley estadounidense permite a cualquiera hacer actividades de lobby sin que esto implique que sea un lobbista. Este último define su trabajo por hacer “contactos de lobby”.

Pero la línea volvió a diluirse. Daschle hizo millones, en términos de la revista Time, “con un asunto que se ve, huele y sabe un montón a lobby”. Y resulta que olvidó pagar más de US$ 128 mil derivados de tales actividades.

La presión fue tal que Obama prefirió no arriesgarse a una negativa del Congreso. El martes 3 Daschle presentó su carta de declinación al cargo. “La embarré”, reconoció el presidente ante las cámaras de TV.

Si el ex senador apuntó al lobby como un eje central de su campaña y enganchó con el reclamo de los votantes fue porque pudo observar de primera mano la excesiva influencia de los gestores de intereses en el Parlamento.

En Estados Unidos, según reciente artículo de la revista Newsweek, hay actualmente unos 16,000 lobbyists registrados según el Lobbying Disclosure Act (la ley que obliga a transparentar contactos y procedimientos), lo que significa un aumento del 50% en los últimos 10 años.

Un estudio de la American University de Washington calcula, a su vez, que en realidad la cantidad de personas que pertenecen a una suerte de complejo de influencias sobre el gobierno federal y sobre todo el Congreso, y que incluye desde empleados de apoyo y secretarias quizás tan sufridas como la de Rómulo hasta abogados de alto vuelo como Daschle, ONGs y firmas de relaciones públicas, llega a 261,000.

Aquí, como sabemos, se observaba con una mezcla de suspicacia y fatalismo esta actividad, aun antes que Rómulo y Quimper hablaran de faenones, y en Washington tampoco faltan las quejas contra la influencia sobre los “intereses especiales”.

En el otro lado del espectro, Robert J. Samuelson, el comentarista de Newsweek, señala que esta actividad no solo no es ilegal sino que refleja a “la democracia en acción”.

“Somos una colección de intereses especiales”, dice. “Si la gente no se puede organizar para influir sobre el gobierno, entonces la democracia muere”. Paradójicamente, muere también si esos intereses llegan a ser nocivamente especiales. Y a veces, en el camino, además de dinero corre sangre.