Actualidad Magistrada provisional suspende las pesquisas de la Fiscalía sobre el “chuponeo” ilegal.

Torpedea la Investigación

 FOTOS  PDF 

La tarde del martes 17, jueza María Elena Martínez Gutiérrez se negó a ofrecer declaraciones. Dice que su resolución habla por ella.

A media mañana del lunes 16, Martínez ordenó mediante resolución anular la ampliación de las investigaciones sobre “chuponeo” concedida a la Fiscalía y que ella misma autorizó el 30 de enero último.

La comunicación de la magistrada además requirió que el Ministerio Público le envíe “a la brevedad posible todo el material incautado” a los involucrados en este escándalo, además de lo recogido en las instalaciones de la empresa Business Track.

Fue un duro golpe que puso en alerta roja a la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. El desconcierto también cundió entre el “pool” de fiscales asignados al caso y concentrados en el edificio Pedro Méndez Jurado del jirón Carabaya. El fiscal Walter Milla, quien encabeza el grupo, recibió la sospechosa resolución de la magistrada Martínez.

Así, los 25 USB, las 29 CPU’s, los 26 discos duros, las tres laptops, 246 diskettes, 672 CD’s y una cantidad aún indeterminada de e-mails, además de un reguero de documentos (CARETAS 2063), deberán ser trasladados a las limitadas instalaciones del 34o Juzgado Penal, ubicado en el tercer piso del edificio Anselmo Barreto de la Avenida Abancay.

Para llegar a tal decisión la jueza aceptó el pedido presentado nada menos por el abogado de la procesada Giselle Giannotti. El letrado José Urquizo Olaechea señaló a CARETAS que su petición se debe a que estaba en juego el debido proceso. “El Ministerio Público no puede tener un comportamiento aislado en un proceso penal porque eso equivale a una investigación paralela. Cuestionamos que la Fiscalía se ha llevado todas las pruebas y está deslacrando los documentos sin la presencia de los abogados, y no existe la seguridad de que la prueba no haya sido manipulada y no se hayan borrado archivos o agregado información”.

PERO SEGÚN EL FISCAL MILLA, horas antes de que llegue esta comunicación había cumplido con presentar ante el despacho de la jueza Martínez un primer avance de las pesquisas practicadas en las computadoras y documentos que pertenecen al técnico de inteligencia de la Marina de Guerra Alberto Fernández Vírhuez.

Los abogados de la propia Giannotti fueron convocados a una diligencia de audición y visión del material incautado, pero la diligencia fue frustrada por la resolución judicial.

Son expertos en telecomunicaciones de la Dirandro, integrantes del equipo Orión, quienes trabajan bajo el mando de los fiscales durante las 24 horas en tres turnos para acelerar el examen del ingente material. Todo ha quedado insólitamente en el aire.

EL FISCAL MATEO CASTAÑEDA, magistrado Coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, advirtió que esto paraliza las investigaciones y pone en riesgo las pruebas obtenidas hasta el momento.

“No creemos ni remotamente que el Poder Judicial tenga la capacidad para llevar adelante las investigaciones”, advierte. “No sé de dónde ni con qué recursos va a poder realizar ese trabajo. Y mucho me temo que este material termine encerrado en un depósito del Poder Judicial, que carece de una infraestructura adecuada que garantice la reserva de esta investigación. En la lista de peritos judiciales no existen expertos en telecomunicaciones para realizar este trabajo. Y no cuentan con los equipos técnicos”.

La experiencia es clamorosa. Desde mediados de octubre la computadora de Rómulo León Alegría aún no puede ser revisada por el juez Jorge Barreto, que lleva a cabo la investigación sobre el caso de la petrolera Discover, debido al déficit de peritos.

El martes 17 el fiscal Milla apeló a la instancia superior el mandato judicial, lo que tendrá que ser resuelto en los próximos 15 días. Milla insiste en la idoneidad del Ministerio Público para la tarea y niega que lo enfrente al Poder Judicial. “Dentro de una investigación judicial es posible la adopción de este tipo de medidas por el juez, en su condición de director de la instrucción y conocedor de las necesidades propias de la investigación”, concluye en su alegato.

Consultada por CARETAS, la única respuesta de la jueza Martínez fue que “las resoluciones hablan por mí”.

También lo hace su hoja de vida. Es una jueza de paz letrada titular que desde mayo del 2006 está en condición de provisionalidad en el 34o Juzgado Penal de Lima. Si bien no registra mayores sanciones en la OCMA, fue muy cuestionada cuando liberó a la diseñadora de modas María Paz Martínez Véliz, quien en completo estado de ebriedad arrolló en marzo del año pasado a las hermanas Jennifer y Johanna Picón Vizconde y al amigo de ambas, Juan Carlos Osores, cerca de la Universidad de Lima.

Jennifer falleció instantáneamente y Martínez Véliz se fugó. Fue ingresada al penal de Santa Mónica, pero a los 43 días de reclusión fue trasladada a un nosocomio de donde salió, gracias a María Ramírez, 38 días después.

Esta nueva decisión vuelve a cuestionar severamente a sectores del Poder Judicial. Justo el martes 17 también se dio a conocer que dos acusados por narcotráfico, entre ellos Christian Motte Ramírez, socio de una empresa que representa a una firma israelí recomendada, al parecer, por Rómulo León Alegría ante el Ministerio de Defensa; fugaron del penal de Lurigancho con hábeas corpus supuestamente falsos.

MIENTRAS EL FRENTE JUDICIAL se convulsionaba, el Parlamento abría un nuevo capítulo con la instalación de la comisión encargada de investigar la venta de la empresa Petro-Tech.

El presidente Alan García pareció tomar distancia de la iniciativa al reconocer públicamente que la propuesta fue formulada en primera instancia por la Dirección Política del APRA, y no por él. Del mismo modo, advirtió que la comisión no debería abocarse a investigar la operación por la cual la empresa fue vendida al consorcio de las estatales petroleras de Colombia y Corea, sino los “favores indebidos” que obtuvo en los años previos (CARETAS 2065).

En honor a la verdad, los dos puntos ya habían sido consignados por la dirigencia aprista entrevistada la semana pasada en esta revista. Pero, como era previsible, la oposición respondió a García como una tromba. El parlamentario nacionalista Cayo Galindo declaró que parecía haber un “afán de ocultamiento” con la venta.

El hecho es que el gobierno pecó en no informar desde un principio qué era exactamente lo cuestionado. ¿Acaso la evasión tributaria permitida en la práctica por la ley? ¿Eran las sospechas que apuntan a la empresa por haber financiado los “petroaudios”? ¿O acaso los “favores indebidos” a los que se refirió AGP, y q ue alimentaron una historia de enfrentamiento con el Estado labrada desde que comenzaron sus labores de explotación en el norte del país?

Ocurre que la comisión pretende cubrir todas las bases. Pero se espera que, perteneciendo sus integrantes al Poder Legislativo, pueda al menos encaminar una modificación legal que obligue a pasar por la caja del fisco nacional cuando vuelva a producirse una venta de tal envergadura, que además compromete recursos energéticos no renovables.

La congresista Yaneth Cajahuanca pretendió revivir un proyecto de ley presentado el pasado diciembre, donde modifica la ley del impuesto a la renta. El proyecto, como lo comprobó CARETAS, copia textualmente los pasajes claves de la ley 19840 de Chile, que “establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero”.

Pero el ejercicio de “cortar y pegar” ni siquiera sirve para este caso, porque se refiere a la venta de una empresa domiciliada en el extranjero a una nacional. La compra venta de las acciones de Petro-Tech fue entre foráneos.

LA RESPUESTA PUEDE encontrarse a la vuelta de la esquina. En el Consejo de Ministros del 14 de mayo del año pasado se discutió, según la agenda, el “proyecto de ley que incorpora el artículo 77-A en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería; presentado por el Ministerio de Energía y Minas”. El titular del despacho era en ese entonces Juan Valdivia, que a la postre resultó una de las primeras víctimas del escándalo de los “petroaudios”.

La exposición de motivos del proyecto comienza explicando que éste “tiene como objetivo gravar con el Impuesto a la Renta las ganancias derivadas de la transferencia indirecta de la titularidad de empresas mineras establecidas en el país a través de la enajenación de las acciones o participaciones de compañías constituidas en el extranjero que tienen la calidad de tenedoras, por sí mismas o a través de otras empresas, de dichas acciones o participaciones y que le confieren la titularidad indirecta en las referidas empresas mineras”.

El sistema de propiedad indirecta de las acciones, continúa el documento unos párrafos más abajo, “ha permitido eludir el pago del Impuesto a la Renta por falta de precisión en el texto de la legislación vigente, aun cuando constituyen rentas de fuente peruana”.

El proyecto impulsado por Valdivia y el entonces premier Jorge del Castillo se inspiraba en las frustrantes ventas de Toromocho y Majaz (CARETAS 2065) realizadas entre empresas domiciliadas en el extranjero pero cuya actividad extractiva se desarrollaba en el Perú. El mismo modelo de transacción al que William Kallop de Petro-Tech echó mano para obtener US$ 900 millones por su empresa en Delaware.

Entonces, el ministro de Economía, Luis Carranza, pidió analizar el proyecto. En el camino salieron él, Valdivia y Del Castillo. Esta vez hay motivos para recuperar la iniciativa.
PERO NO ES LO ÚNICO que se cuece en el Congreso. En el diario El Comercio apareció el sábado 14 una nota que daba cuenta que la comisión parlamentaria que investiga el “chuponeo” dispuso levantar, a través de pedido hecho al Poder Judicial, la reserva tributaria y el secreto bancario de, entre otras empresas, Risk Control SAC. La comisión es dirigida por Oswaldo Luízar, de Unión Por el Perú.

Este dato que pasó prácticamente desapercibido en la agenda noticiosa podría abrir una trocha nueva y relevante en la investigación sobre los “petroaudios”.

Risk Control SAC es una de las empresas que prestan servicios de seguridad a Petro-Tech en Talara, donde se explota el famoso lote Z-2B en condiciones que han sido objeto de controversia a lo largo de los años (CARETAS 2065). Su gerente general es Hugo Valdizán Montenegro. Esa persona ocupa el mismo cargo en otras cuatro empresas que también trabajan con Petro-Tech: IMI del Perú SAC, Diving del Perú SAC y Talara Catering Service SAC.

Las investigaciones tienen puesto el ojo y allí podríamos estar frente a una pista fiable que lleve al origen de los “petroaudios”.

Una curiosa imagen fue vista por los sanisidrinos que daban su caminata matutina el lunes 16. Personal ingresaba a las oficinas de la empresa Petro-Tech en la cuarta cuadra de la avenida Los Incas con muchos globos de helio. Era de suponer que servirían para una fiesta que celebraba la transferencia de la empresa. Para el caso de algunos, varios incómodos alfileres podrían aguarla.

Atentado Sigue en la Mira

Fiscal Echaíz continúa dudando de hipótesis del robo.

Manuel Silva, resguardo de la fiscal, muestra el viernes 13 “técnica israelí” usada supuestamente por el atacante.

EL de la jueza Martinez no fue el único que protagonizado por el Ministerio Público. El lunes 16, la declaración que brindó a la Policía la fiscal Gladys Echaíz, sobre el ataque que sufrió la noche del 31 de enero último, duró dos horas y treinta minutos.

Aseguró, a diferencia de las conclusiones de la investigación que presentó ese mismo día el ministro Remigio Hernani, que determinan que el incidente fue un mero intento de robo, que el sujeto que disparó contra su vehículo era un experto en el manejo de armas y que tenía el propósito de asesinarla, en complicidad con otros atacantes.

La fiscal Echaíz planteó interrogantes centrales: “¿Qué cosa me iban a robar si ya no tenía dinero en la cartera después de salir de la peluquería? ¿Por qué han esperado tres horas? ¿Acaso no se dieron cuenta que estaba protegida por un policía armado?”.

Michel Ricardo Escobar Portales, de 24 años, quien confesó haber participado en el ataque a la Fiscal, será acusado por el delito de intento de robo agravado. Enfrenta una sentencia de 6 años. La Policía no ha podido capturar al otro sospechoso que participó en el ataque. Según la Policía se llama “Andrés” y fue, según confesión de Portales Escobar, quien le proporcionó el arma.

El suboficial Manuel Silva, resguardo de la fiscal que se batió a balazos con los delincuentes, ratificó a CARETAS que el conocido como “loco Michel” disparó con la llamada técnica israelí (ver foto), que es muy utilizada por el personal de Seguridad del Estado en la protección de personalidades, por militares y marinos y hasta por guachimanes adiestrados por algunas agencias de seguridad.

Abordado por CARETAS a la salida de dar sus declaraciones en la comisaría de Villa María del Triunfo el viernes 13, Silva ratificó su versión y se refirió al detenido como “un sicario al servicio de los poderes ocultos en el caso del chuponeo”. También confirmó las amenazas telefónicas recibidas por su familia.