Corrupción Presidente de la Corte Superior de Lima respalda sospechosa decisión de retirar al Ministerio Público de la investigación.

Chupón en Cajón

En conferencia de prensa, el vocal César Vega Vega avaló el golpe mortal de la jueza Martínez al más grande caso de espionaje industrial.

Los 12 bultos que contienen las pruebas del más grande caso de espionaje industrial que se recuerde en el país fueron guardados, desde el martes último, en dos cajas fuertes de 1.60 por 0.90 metros y en una bóveda blindada del 34o Juzgado Penal de Lima, en el segundo piso del edificio Anselmo Barreto de la avenida Abancay.

El Poder Judicial indicó que dicha bóveda cuenta con una custodia policial permanente, cámaras filmadoras, detectores de movimiento, sensores nocturnos, luces de emergencia, extintores y hasta detectores de humo para evitar que las evidencias sean sustraídas o se pierdan por allí.

Es decir, sólo María Martínez Gutiérrez, titular provisional del 34o Juzgado Penal de Lima, podrá tener acceso al material. Pero ese, precisamente, es el problema.

Todo el material incautado a los miembros de Business Track, la empresa sindicada de realizar actividades ilegales de espionaje telefónico y de las comunicaciones, ya había empezado a ser analizado por la Tercera Fiscalía Contra el Crimen Organizado, a cargo del fiscal Walter Milla, y un equipo de la Dirección Antidrogas (Dirandro).

Milla y los policías buscaban determinar ahora quiénes contrataron los servicios de los ‘chuponeadores’. Pero la investigación quedó paralizada cuando la jueza Martínez ordenó anular la ampliación de las investigaciones, que ella misma había autorizado el 30 de enero, y requirió se le envíe toda las pruebas requisadas (CARETAS 2066).

La jueza Martínez, a cargo del proceso de espionaje telefónico, deberá ahora analizar el material decomisado, pero el Ministerio Público ya advirtió que el PJ no tiene los peritos necesarios para dicho trabajo. Las razones que la magistrada ha dado a la prensa lindan con el capricho. Asegura que lo que ha hecho es “corregir un error”, luego de que ella misma le otorgara las facultades investigativas al fiscal Milla.

El caso ha enfrentado a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial. Apenas supo del sospechoso fallo, la fiscal Gladys Echaíz se comunicó con el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, para expresarle su profunda preocupación por la actuación de la jueza provisional. Pero Vega Vega le dijo que apoyaba a Martínez porque actuó de acuerdo a ley. Entonces Echaíz llamó al vocal Javier Villa Stein, presidente de la Corte Suprema, quien se encontraba de viaje por Colombia y Costa Rica, para fundamentar su queja. Villa Stein le habría ofrecido a la Fiscal de la Nación buscar “la mejor solución al problema”. Según fuentes judiciales prometió cambiar a la jueza provisional de ser necesario.

Nada de eso ha ocurrido hasta el cierre de esta edición. Por el contrario, el jueves 19, Vega Vega se presentó en una conferencia de prensa junto a la jueza Martínez para respaldarla. En una predecible salida, el presidente de la Corte Superior de Lima advirtió que no iba “a tolerar ni permitir que se agravie a mi institución”. Indicó que el artículo 49 del Código de Procedimientos Penales establece textualmente que “el juez instructor es el director de la instrucción; le corresponde, como tal, la iniciativa de la organización en el desarrollo de ella”. Pero la ley también le permite al juez mantener la titularidad de la investigación y al mismo tiempo trasladar su desarrollo operativo al Ministerio Público. En este caso era esta entidad la que inició las pesquisas con la Policía. ¿Alguien puede creer que a mitad de camino se cambie al jinete y las pesquisas lleguen a buen puerto?

Si bien debe primar la independencia de poderes, en este caso Vega Vega podría estar avalando el golpe mortal a la investigación que, además, es propinado a pedido de los abogados de Giselle Giannotti, la “dama digital” de Business Track. La Fiscalía ha quedado fuera hasta que se resuelva la apelación que ha presentado.

Respaldada por sus superiores, el viernes 20 Martínez se trasladó al penal Santa Mónica de Chorrillos para interrogar a Giannotti. En su instructiva negó cualquier actividad ilegal y alegó que cuando el marino Martín Fernández Vírhuez le hablaba de “la música” no se refería a los audios ‘pinchados’, sino “a la música salsa y cubana que el marino descargaba de Internet para el almirante Ponce”. ¿La jueza Martínez tomará en serio esos argumentos? ¿Y también revelará la identidad del colaborador eficaz con el que se inició la investigación, como lo solicitará la defensa de Giannotti?