Actualidad Nacionalistas y toledistas la emprenden contra el Acuerdo de Libre Comercio con Chile.

TLC a Trompadas

El presidente Alan García saludó el TLC con Chile aunque admitió conciliadoramente que era “perfectible”.

Recurrir a Miguel Grau para especular sobre la que hubiera sido su opinión del TLC que esta semana entró en vigencia con Chile no obedece solo a un truco de portada. A pesar de morir en combate, el Caballero de los Mares estaba lejos de ser un halcón. Sus ejemplos de tolerancia tuvieron sus máximas expresiones en las cartas intercambiadas con la viuda de Arturo Prat luego que este falleciera en el buque Esmeralda.

El equilibrio de Grau expresa la necesidad de una relación civilizada con un país vecino cuyo destino está ineludiblemente ligado al Perú. Reprimir a esos halcones de ambos lados vuelve a ser una necesidad urgente cuando se vive un período marcado tanto por el incremento de las relaciones comerciales como una demanda de límites marítimos presentada por el Perú.

Aquí conocemos a nuestros gavilanes. Pero en ese grupo habría que incluir al portavoz del gobierno chileno, Francisco Vidal, que el pasado 22 de febrero declaró que “estamos convencidos que los límites actuales son los que corresponden y defenderemos nuestro punto de vista en todos los escenarios, en este caso La Haya”. Es obvio que otro de los escenarios a los que alude es el bélico.

El funcionario de La Moneda realizó sus declaraciones en anticipación a la presentación que Perú hará de sus argumentos ante La Haya el próximo 20 de marzo. Por si fuera poco, la entrada en vigencia del “Acuerdo Comercial” con Chile ha caldeado los ánimos vecinales al punto que ahora se extraña un poco más a Grau.

El pasado lunes 2, la bancada nacionalista y algunos otros congresistas presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo comercial. Luego de ofrecer una conferencia de prensa acompañados por el ex primer ministro Carlos Ferrero, los parlamentarios marcharon a la sede del Tribunal Constitucional donde fueron recibidos por su presidente, Juan Vergara. El magistrado prometió que, a pesar de que el TC se encuentra de vacaciones, se daría trámite al pedido lo más rápidamente posible.

Los argumentos principales de la demanda son cuatro: 1) Que la definición de territorio es diferente a la de la Constitución, lo que pone en peligro la pretensión peruana frente a La Haya. 2) Que la cláusula de Expropiación del Capítulo de Inversión no toma en cuenta las causales de expropiación por Seguridad Nacional y Necesidad Pública previstas por la Constitución. 3)Que existe afectación de la soberanía cuando se permite acudir a tribunales arbitrales internacionales, y 4) Que el mecanismo de solución de controversias Estado – Estado vulnera la soberanía porque no permite que se ventilen las controversias en las cortes nacionales.

El despacho de la ministra de Turismo y Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, ha dado a conocer un estudio en el que las cuatro razones son descartadas. Además, Aráoz ha declarado que, lejos de perjudicarnos ante La Haya, el acuerdo comercial apuntala la posición peruana porque los países, para lo que resulte necesario, subordinan el documento a los tratados de límites. Así, señala Aráoz, los acuerdos pesqueros que Chile pretende pasar por tratados limítrofes son reducidos, al igual que este acuerdo comercial, a sus verdaderas dimensiones.

La ministra advierte que lo perjudicial es que los políticos nacionales presenten un frente disperso en momentos en los que la demanda marítima comienza a ser procesada. De igual opinión fue el canciller José Antonio García Belaunde, quien desde El Cairo calificó de “sorprendente la miopía de ciertos políticos peruanos”. Lamentó que la demanda nos dé “una imagen de un país muy dividido”. Además calificó el cuestionamiento a la definición territorial como “falaz”.

El TLC protege las inversiones bilaterales, lo que beneficia más a Chile que al Perú.

El argumento no es pura retórica. El canciller chileno Alejandro Foxley señaló que en Chile “el acuerdo pasó prácticamente por unanimidad en ambas cámaras... No entiendo la discusión que se está dando en el Perú en estos momentos, nosotros en Chile estamos mirando el siglo XXI pero en el Perú hay políticos que tienen la mirada anclada en el siglo antepasado”.

Sobre la discusión que supuestamente le correspondía al Congreso, el Ejecutivo dio a conocer el oficio 097 del 4 de octubre del 2006, donde el entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Sousa, comunica a la titular del Congreso, Mercedes Cabanillas, que luego de realizar “un exhaustivo estudio”, la comisión concluyó que el acuerdo “no afecta disposiciones constitucionales o normas con rango de ley”, lo que eximiría al Legislativo de debatirlo.

Vale recordar que eran otros tiempos. Cuando Alan García asumió el gobierno puso a Chile en el tope de sus prioridades. Por varias razones, las relaciones terminaron muy resquebrajadas al finalizar las administraciones de Alejandro Toledo y Ricardo Lagos. Para marcar de arranque la diferencia, García viajó a Santiago apenas resultó presidente electo en una situación que esta revista llamó el “descongelamiento”. En el país vecino la distensión también fue muy bien recibida. Lagos tampoco terminó bien con el resto de vecinos y AGP derrotó a Ollanta Humala, un candidato que cargaba en su plataforma con un temperamento antichileno muy pronunciado.

Pero todo se fue al traste en menos de dos años. Y la situación fue precipitada precisamente por los halcones, muchos de los cuales aleteaban en el ministerio chileno de Relaciones Exteriores. La sorpresiva presentación del proyecto de ley que hizo el gobierno de Bachelet para crear la nueva región Arica-Parinacota, lo que exacerbaba las sensibilidades limítrofes, condujo a que AGP y García Belaunde revivieran la demanda marítima que en un principio habían archivado en las gavetas. La intención inicial era no echarle mano pero las circunstancias, sumadas a la presión ejercida por los nacionalistas y toledistas que hoy también se oponen al acuerdo comercial, inclinaron la balanza al otro lado.

A declaraciones recurrentes como las de Vidal y Foxley se sumaron barbaridades como las que profirió el ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre. Pero, en oposición al histórico lugar común sobre el antichilenismo de sectores recalcitrantes en el Perú, basta explorar algunos foros chilenos por Internet que especulan con detalle sobre hipotéticos conflictos entre los dos países –con cantidad de armamento incluida– para caer en cuenta que las habas se cuecen en los dos lados de la frontera. Igual cuando en un medio no necesariamente conservador como el diario La Tercera se leen brutales comentarios de lectores como “a los peruanos habría que empezar a darles uso como abono para que sirvan de algo”. La definición de los dos Chiles acuñada alguna vez por el periodista José Rodríguez Elizondo, el país autoritario e imperialista de Portales y el fraterno de O’Higgins, no ha perdido vigencia.

El ex ministro de Comercio Exterior Alfredo Ferrero se declara en líneas generales partidario del tratado pero reconoce que, dado el cambio de clima, “un buen gesto político hubiera sido que el tratado sea visto en el Congreso peruano. No es inconstitucional, no veo por dónde pueda serlo, pero hubiera sido un buen gesto”.

Con la sombra de Humala extendiéndose cada vez más, era lógico que los chilenos buscaran candados adicionales a sus inversiones. Ferrero recuerda que cuando terminaba el gobierno de Toledo “era Chile quien tenía apuro en firmarlo, no el Perú. Esa situación difícil para ellos determinaba que el Perú hubiera tratado de obtener algunas ventajas adicionales. La decisión del Presidente fue la de no suscribir y seguir negociando”. Considera que los puntos de negociación adicionales eran los de servicios financieros, ya que el Perú no ha podido invertir en ese rubro, el reconocimiento y homologación de títulos profesionales de los migrantes, y el siempre complicado tema del pisco a partir de la negociación del capítulo de propiedad intelectual. “Algunos querían definirlo en el tratado pero otros consideraban el tema tan difícil que si esperábamos nunca lo íbamos a firmar”, reconoce.

Aráoz ha destacado que el tratado facilita el acápite de los títulos profesionales y sostiene que esto beneficiará a profesionales peruanos con demanda en Chile, como ingenieros y técnicos en varios oficios.

El economista Alan Fairlie no es tan optimista. Señala que Chile “se reserva el derecho de seguir adelante con despidos y expulsiones arbitrarias, así el trabajador cuente con un juicio favorable. De nada sirve si el convenio no puede cautelar eso”. También advierte que queda en el aire la posibilidad de la doble tributación, en ambos países, del trabajador migrante.

Fairlie, coautor del libro “Relaciones Económicas Perú-Chile: ¿Integración o Conflicto?” (Universidad Católica, 2007), argumenta que, así esto sea una ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 38) vigente desde 1998, “por la magnitud de sus características es un TLC”.

Para Fairlie “el tema central es que nos exportan manufacturas en base a materias primas que les damos. Hay gente que quiere perpetuar nuestro papel como exportador primario”.

La balanza comercial es favorable al Perú, pero el año pasado las exportaciones tradicionales contabilizaron casi el 80% del total. El mineral molibdeno y sus derivados representa más del 42%.

El economista también cuestiona que los capítulos de propiedad intelectual recién se vayan a negociar en las próximas semanas y que en el texto del acuerdo no se reconozca el Convenio de Biodiversidad de Cartagena. “No se habla de la justa distribución de los beneficios” y así, continúa, se puede abrir la puerta a la biopiratería.
Chile “mantiene en gran medida su capacidad regulatoria, lo que le permite limitar el número de inversiones y los espacios donde se desarrollan. Además, en los 33 sectores donde permiten las excepciones tenemos que regirnos por el Código de Trabajo chileno”. En próximas reuniones, adelanta Fairlie, también se discutirá la opción que tendrán empresas chilenas para participar como licitadores en las compras públicas del Perú.

El ex superintendente de Banca y Seguros, Juan José Marthans, resalta lo que ha sido “la falta de reciprocidad en el tratamiento de capitales financieros y bancarios. En las décadas de los 80 y 90 el Banco de Crédito quiso ingresar a Chile, pero el órgano competente alegó que el mercado estaba “saturado”, que era muy pequeño, y lo negó. La Superintendencia de Entidades Financieras de Chile tiene plena autonomía. Si esto no fue abordado en el TLC, no hay nada que hacer”.

Fairlie responde que el acuerdo se ha limitado a “abrir las negociaciones sobre servicios financieros”. Casos como el mencionado del BCP son vox pópuli, pero sus afectados no suelen hacerlos públicos. “En Chile tuvieron una táctica inteligente”, reconoce. “Los sectores que podían producir un nivel de protesta se convirtieron en sus socios”.

El ex primer ministro Carlos Ferrero voltea la tortilla y alerta que, en los tres años que se tomará en la corte internacional penal para dar a conocer una decisión, “las inversiones chilenas consolidarán sus predominio en los sectores estratégicos del país. Están comprando tierras en La Convención y la gente está preocupada. ¿Vamos a esperar que Machu Picchu esté rodeado por propiedades chilenas?”. Denuncia también que el debate ha pasado por agua muy tibia porque “el avisaje de estas empresas ya penetró en los grandes medios de comunicación”.

Ferrero, que integra con Fairlie el recién formado Grupo Jorge Basadre, le toma la palabra al presidente García que, usando una expresión que hizo conocida el embajador Javier Pérez de Cuéllar, señaló que el acuerdo era “perfectible”. Para el ex premier “hay que determinar si el gobierno está decidido a renegociar”. Caso contrario “el próximo gobierno deberá resolver el acuerdo hasta que La Haya emita su fallo. El documento estipula que cuando una de las partes quiere retirarse puede hacerlo seis meses antes sin tener que dar ninguna razón”.

La respuesta del gobierno a través de sus ministros ya está dada. Sin irse a los extremos ni caer en chauvinismos habría que revisar los textos de Haya de la Torre sobre la “ambivalencia” implícita en la inversión extranjera. Y volver a imaginar a Grau con una opción que diera en la línea de flotación del sentido común.