Actualidad Paralización financiera de complejo metalúrgico lleva al gobierno a plan de rescate y potencial nacionalización.

La Oroya al Límite

García advirtió que el caso podía convertirse en “bola de nieve” económica y social.

Fueron palabras que parecían salidas de una antesala privada de Palacio, pronunciadas para impresionar a los empresarios invitados. “El Presidente tiene un poder, no puede hacer presidente a quien quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiera. Yo lo he demostrado”. La diferencia era que las cámaras de televisión enfocaban a Alan García, que participaba en el encuentro anual de Presidentes Ejecutivos de América Latina, organizado por el Instituto Internacional de Finanzas.

García le hablaba a su auditorio para garantizarle, una vez más, que en épocas de crisis el Perú era un lugar seguro para invertir y que podían estar seguros que aquí no habrá bandazos “en los próximos diez años”.

Más tarde, el Presidente corrigió lo que dijo. Quería decir que si los ciudadanos observan que el sistema funciona no votarían por una opción antisistema. Pero en la mañana solo le faltó pronunciar nombres. Así como en 1990 le cortó las alas a Mario Vargas Llosa, ahora podía terminar con las aspiraciones de Ollanta Humala.

Además del tono poco democrático de la intervención, García le regaló al candidato nacionalista, languideciente en las encuestas, una bonita oportunidad de respuesta que fue de inmediato aprovechada por el congresista Isaac Mekler.

La intervención del Presidente fue extensamente criticada en programas nocturnos como los de Jaime de Althaus y Rosa María Palacios, más aún porque revivió un pésimo recuerdo para el novelista, que hoy es habitué de Palacio y fue calificado como el único candidato realmente liberal que ha tenido el Perú. Otro comentario que García hizo durante el evento pasó desapercibido.

EL PRESIDENTE se refirió al caso de Doe Run en La Oroya como una posible “bola de nieve”. Las actividades del complejo metalúrgico se encuentran semiparalizadas debido a la cancelación de sus créditos a finales del mes pasado. AGP apuntó a las implicaciones sociales que podía tener el eventual cierre de las operaciones de Doe Run en un país como éste. Y de hecho preparaba el terreno para lo que parece ser una inevitable, y muy heterodoxa, intervención estatal que impida que aquella bola de nieve se eche a rodar.

Si bien el Presidente parece divertirse con el papel de Gran Elector que le asignaron especialistas como el desaparecido Álvaro Rojas, habría que preguntarse si su premisa inicial puede también aplicarse con ciertos empresarios en lugar de candidatos presidenciales.

Más que el futuro del comandante Humala, el enigma que hoy se cierne sobre el país es el de un empresario de inmensa fortuna y perfil invisible. Es Ira Rennert, un judío neoyorquino que combina el carácter reclusivo del Ciudadano Kane, los rasgos de algunos personajes “dickensianos” marcados por la codicia que potenció la Revolución Industrial y la actual tendencia casi patológica de algunos altos ejecutivos por embolsarse bonos millonarios mientras sus bancos se hunden. Insistencia que, por cierto, ha desatado la rabia de los gringos golpeados por la crisis (ver nota Pacto Mundial Premia Aquí).

Es muy sugestivo pensar en la vista que el dueño de Doe Run debe tener del paisaje hiper-polucionado de La Oroya desde su mansión en los Hamptons, Long Island, usualmente considerada la más grande de los Estados Unidos. Como para saltar de la pluma de Dickens a la de Vargas Llosa.

LAS CARTAS TERMINARON de mostrarse en el Consejo de Ministros del pasado miércoles 18. El ex premier Jorge del Castillo asistió en calidad de invitado con el objetivo de debatir el “rescate” de Doe Run, una empresa que en 2007 tuvo ventas por US$ 1,470 millones y en 2008, por US$ 1,170 millones.

El congresista consideraba que, de no arreglarse la situación, La Oroya “iba por la ruta del colapso”. Comparó el caso con el de la financiera Lehman Brothers, que el gobierno de Estados Unidos se resistió a rescatar y cuya bancarrota marcó la partida de bautizo de la actual crisis mundial. Un país tan dependiente de la minería lanzaría una pésima señal al resto del sector si el complejo de La Oroya pasa a la historia. Los ministros competentes, Pedro Sánchez de Energía y Minas, y Antonio Brack del Medio Ambiente, asintieron durante la intervención.

En una reunión posterior, el ministro Luis Carranza se mostró absolutamente seguro de que la economía mundial comenzará a salir del hueco a fines de este año. “Si esto ocurría en noviembre”, especuló, “quebraban y no pasaba nada”. Pero Carranza debió aceptar que ahora la intervención estatal se hacía necesaria. “Eso demuestra que no es el mismo de su primer período”, ironiza un observador.

El propio García consideró que el necesario rescate pondría a prueba el temple del gobierno.

La crisis estalló el 24 de febrero, cuando el sindicato de bancos BNP Paribas, Banco de Crédito del Perú y el Standard Bank de Londres cortó un crédito revolvente de US$ 75 millones. Es una cuenta a cobro en el Paribas de Nueva York a través de la cual los clientes de Doe Run realizan los pagos de las compras. El dinero a su vez sirve para que la empresa cancele la planilla de US$ 180 millones y demás obligaciones, el 25 de cada mes. Doe Run no tiene capital propio y opera en base a la liquidez proporcionada por sus propias operaciones.

Los bancos congelaron la cuenta el 24, un día antes de la fecha de cierre, y en el momento en el que había más dinero. La restricción comprometió el pago de planillas y a los proveedores de concentrados. Los bancos aducen que los estados financieros de Doe Run no cumplen con coeficientes de liquidez y resultados operativos del contrato.

Según fuente de Doe Run, “la exigencia de los bancos es poco realista”.

La situación cortó el flujo de concentrado a la fundición. Las operaciones del circuito de plomo y plata se encuentran suspendidas y la de cobre pende de un hilo. La Oroya procesa 600,000 toneladas de concentrados al año.

Buena parte de las mineras del centro del país son afectadas. Sólo se ha cancelado a Volcan. Pero están pendientes Brocal, Cormin, Glencore, Santa Luisa y otras.

Luis Castillo, secretario general de la Federación Minera y trabajador de Doe Run, declaró que pese a la paralización de las operaciones, la empresa no ha realizado un recorte de personal. “Aún no despiden gente pero los trabajadores ya no producen, se dedican a la limpieza de otras áreas”, dijo a CARETAS.

El alcalde de La Oroya, César Gutiérrez, señaló que desde finales del 2008 sí han sido despedidos unos 1,100 contratistas, muchos de los cuales tocan la puerta del municipio. “La gente se ha endeudado y ahora no tiene cómo pagar, además parece que van a empezar a despedir ingenieros. El problema social es latente”, advierte.

CARRANZA HABÍA COMENZADO las negociaciones el 6 de marzo, cuando se reunió con Bruce Neil y Therry Fox de Doe Run, representantes de Energía y Minas y Christian Laub del Banco de Crédito.

Las principales exigencias del gobierno para materializar el crédito trabajado con Cofide son dos: primero, que Doe Run de St. Louis, Missouri, reconozca los “préstamos” de alrededor de US$ 140 millones hechos a Doe Run Perú como inyecciones de capital. Las dos compañías fueron formalmente separadas en el 2007 y la situación ahora es tan insólita que el propio Rennert es el principal acreedor de su propia empresa.

La segunda exigencia es que Rennert ofrezca sus acciones como garantía del préstamo de Cofide. El magnate no parece dispuesto a ceder.

El paquete de rescate está entre US$ 150 y US$ 250 millones, si se incluye el PAMA (Programa de Adecuación Medio Ambiental). De hecho, de considerar los precios actuales del mineral, la fundición está valorizada a ese precio. Rennert tendría que entregar en garantía virtualmente el 100% de sus acciones.

El compromiso de reducir ostensiblemente las emisiones tóxicas fue una condición para que Rennert, a través de su grupo Renco, adquiriese por US$ 126.5 millones el complejo metalúrgico del Estado en 1997. Era un precio bajo, pero se comprometió a invertir US$ 120 millones en él.

A pesar de los avances (25% de reducción de contaminación del aire y 90% del agua), La Oroya sigue siendo un temible ejemplo de contaminación. El Instituto Blacksmith la sitúa entre los diez lugares más contaminados del mundo junto con Chernobyl. “En los últimos años han ganado US$ 500 millones. ¿Dónde está ese dinero?”, reclama el alcalde Gutiérrez. “Esto ya se viene arrastrando muchos años y La Oroya no se descontamina, los niños tienen altos contenidos de plomo y arsénico”.

Los compromisos del PAMA, en el que ya han invertido US$ 307 millones, ya fueron pospuestos durante el gobierno anterior y vencen en octubre de este año. Sin embargo, el Ejecutivo se encuentra dispuesto a volver a correr el calendario si es necesario. De los aproximadamente 3,500 trabajadores que emplea Doe Run, unos 1,000 pertenecen al PAMA. En caso extremo, tenerlos protestando en la calle sería suficiente para paralizar la ciudad y bloquear el suministro de productos al resto del país por la Carretera Central.

NO HAN SIDO BUENAS semanas para Rennert. Hace algunos días la revista Forbes reportó que el dueño de Doe Run había invertido US$ 200 millones en la pirámide financiera de Bernard Maddoff, quien se declaró culpable en el fraude que involucra unos US$ 65 billones.

El duro golpe al insondable bolsillo de un hombre con una fortuna personal calculada en US$ 500 millones podría explicar la resistencia a plegarse a las condiciones exigidas por el gobierno peruano. Pero en realidad es una de las marcas registradas en su estilo de hacer negocios.

Rennert hizo su primera gran compra en 1988, una siderúrgica de Ohio que adquirió por US$ 140 millones. Solo pagó la mitad. El resto era deuda. Así inauguró su política de comprar empresas en problemas y con altos riesgos en condiciones favorables para él y sin involucrar capital propio. Comenzó a financiar sus operaciones con lo que se convertiría en un patrón: la millonaria emisión de bonos basura. Lo mismo hizo para sustentar el negocio de La Oroya.

Otra constante ha sido la descapitalización de las empresas del holding, a pesar de que producían ingentes dividendos. En 1989 adquirió la productora de magnesio más grande de Utah. El Departamento de Justicia demandó a la empresa en el 2001 por pasivos ambientales y se descubrió que Renco drenaba el dinero de la empresa, lo que le impedía pagar sus cuentas y cumplir con sus obligaciones. Poco después la subsidiaria solicitó protección por bancarrota en Nueva York. ¿Suena familiar?

A Rennert también lo han rodeado millonarios escándalos de pensiones impagas, otras historias de bancarrotas forzadas (la última de las cuales se concretó en 2006) y un récord de emisiones tóxicas que le valieron el premio del “Hombre del Año” en 1999 otorgado con venenosa ironía por el famoso documentalista Michael Moore. Para el 2007, sin embargo, sus compañías en Estados Unidos cumplían con los estándares ambientales exigidos oficialmente.

COMO TODO PERSONAJE COMPLEJO, este hombre de 75 años que nunca ofrece entrevistas tiene otra cara. Ha donado millones de dólares a la filantropía y la mayoría de sus esfuerzos en ese campo se concentran a diferentes facetas de la causa judía. Profundamente religioso y, según un perfil publicado en la revista Vanity Fair, sumamente entregado a su esposa y sus tres hijos, Rennert es también un entusiasta incondicional de Benjamin Netanyahu, político israelí de derecha que acaba de recuperar el poder en ese país. La construcción de su palacio de fachada italiana en Long Island tomó cinco años y costó US$ 100 millones. Tiene 29 habitaciones y 39 baños. Aunque su afición al cine lo llevó a acondicionarse una sala de cine con capacidad para más de 160 personas, no es de esperar que allí se haya proyectado “La Casa de Plomo”, el documental que denuncia la tragedia ambiental de una lejana ciudad en el único país, aparte de los Estados Unidos, donde tiene una gran empresa. Allí donde ahora puede desatarse otra emergencia, esta vez social. Y donde, si no da su brazo a torcer, el gobierno amigo de la inversión privada podría verse obligado a nacionalizar la fundición para evitar el desborde.