Justicia El caso del espionaje industrial continúa entrampado en el Poder Judicial.

Chuponeo: Más Trabas

Las pruebas del masivo espionaje industrial permanecen, desde hace un mes, inmovilizadas en el segundo piso del edificio Anselmo Barreto.

“Me han hecho mucho daño, pero esto no le puede pasar a nadie más”. Giselle Giannotti Grados, la ‘dama digital’ de Business Track, permanece hospitalizada en la habitación 401 de la clínica Concebir en San Isidro. Presenta un mal biliar grave y un seudoquiste en el páncreas que requiere intervención quirúrgica.

El día que la internaron, el pasado martes 24, los médicos que la auscultaron descubrieron hematomas en sus piernas.

Según la versión que Giannotti dio a CARETAS, y que previamente ofreció al diario El Comercio, los moretones se los hicieron el 20 de marzo. Ese día fue trasladada del penal de mujeres de Chorrillos a Miguel Castro Castro para una confrontación con el marino Martín Fernández Vírhuez. La audiencia se prolongó hasta las 8pm.

Al retorno, fue subida a un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el que iban 15 internas y 30 reos. A Giannotti y a otra reclusa las pusieron en la fila masculina. Cerraron la puerta y apagaron la luz. Los internos manosearon y golpearon a Giannotti. Denuncia que gritó pero no le hicieron caso. El traslado que estuvo a cargo de la Policía es investigado por el INPE.

Si los trámites más elementales del proceso se vienen llevando de tan desastrosa manera, no es de extrañar que el partido de fondo en el caso Business Track siga de cabeza.

Al cierre de esta edición, María Martínez, titular del 34º Juzgado Penal de la Corte de Lima, entregaba a la mesa de partes del Poder Judicial el expediente y las pruebas del escandaloso caso de espionaje industrial.

Martínez se inhibió del proceso al tomar conocimiento de la modificatoria de la Ley Nº 26689, según la cual el juzgamiento de los delitos de asociación ilícita para delinquir se tramitará ahora por la vía ordinaria y no en procesos sumarios, como en este caso.

La norma fue aprobada en el Congreso el jueves 26 y se publicó dos días después.

Fue elaborada por el Ministerio de Justicia y enviada al Legislativo vía Consejo de Ministros el 18 de febrero, dos días después de que Martínez despojara al Ministerio Público de las pruebas del ‘chuponeo’. El proyecto fue exonerado de pasar por la Comisión de Justicia mediante Junta de Portavoces. En el Pleno obtuvo 50 votos a favor y 20 en contra.

Según Walter Chinchay, abogado de Fernández Vírhuez, la Ley 26689 tiene nombre propio. Sin embargo, para el fiscal Walter Milla, la norma posee una “connotación general razonable”. El problema es que el caso está atrapado en un callejón oscuro.

Existen nueve jueces ordinarios, de los cuales siete son suplentes o provisionales. De los dos restantes, uno tiene pedido de destitución. La ministra de Justicia Rosario Fernández declaró que, con la jueza Martínez, el proceso “se veía como un procedimiento muy lento, que no avanzaba”. Sin embargo, un juicio ordinario puede tomar de seis meses a cuatro años, aproximadamente. Además, el PJ carece de peritos y logística adecuados para analizar el material decomisado. Es por eso que, un mes después de que Martínez asumiera la investigación, las pruebas del espionaje continúan lacradas en el segundo piso del edificio Anselmo Barreto de la av. Abancay. El fiscal Milla solicitará que el material retorne al Ministerio Público, de donde nunca debió salir.

Fernando Rospigliosi, que el martes 31 fue inaceptablemente inhabilitado en la función pública durante cinco años por la Comisión Permanente del Congreso, sostuvo en el programa de Jaime de Althaus que el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, es el operador que tiene el gobierno para “hundir” el caso de los petroaudios.

Pero las apariencias pueden engañar. La investigación que tenía bajo su cargo la jueza Martínez, a quien Vega Vega avaló, es la de Business Track, la empresa que presuntamente realizó el “chuponeo”. Las pesquisas estaban en cabeza del Ministerio Público y el equipo especial de la Dirandro, que avanzaban a buen ritmo hasta que Martínez los sacó del camino.

Tras bastidores el Ejecutivo se mostró interesado en que la Fiscalía pudiera realizar su labor. Al fin y al cabo, el affaire de los petroaudios terminó por tumbarse a un gabinete y salpicó mucho más de lo que debía en sentido estricto. El gobierno, desde esa perspectiva, muestra interés en llegar a la identidad de los “chuponeadores” y las empresas que los contrataron. Ese era el ámbito de acción de la Fiscalía primero y la jueza Martínez después. Sin embargo, el presidente de la Corte Superior de Lima se apoderó del material explosivo como si fuera un tesoro.

En esta ocasión, ¿más que la presión del gobierno no sería de esperar la de las estresadas empresas que contrataron el chupón de Business Track?

El otro caso, aquél donde los principales investigados por actos de corrupción son Rómulo León Alegría y Alberto Químper, es llevado por el juez Jorge Barreto. Esa cancha es distinta.

Vega Vega, según toda la información recabada, se encuentra bastante distanciado del presidente de la República. Su rivalidad con Jorge del Castillo tampoco es un secreto en Alfonso Ugarte. Y las acusaciones que se mastican entre dientes no son poca cosa. Pero tanto el partido del pueblo como el Poder Judicial se mueven en muy distintas y divorciadas tendencias.