Justicia Pugnas entre la Fiscalía y el Poder Judicial por el caso Business Track.

Petro Comedia

Viernes 3. Las 12 cajas con los audios, CPU’s y e-mails interceptados ilegalmente retornan al despacho de la jueza Martínez.

El giro de opereta cayó como una nota discordante en el Ministerio Público, el viernes 3, día de inicio de las festividades por Semana Santa: el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside el titular de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, decidió que la jueza María Martínez, del 34o Juzgado Penal de Lima, continúe al frente del masivo caso de espionaje industrial originado con los “petroaudios”.

La sorpresiva reposición de Martínez ahondó el enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Esto es inaceptable”, se le escuchó quejarse a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Martínez se había apartado del caso Business Track el 30 de marzo, al promulgarse la modificatoria de la Ley No 26689, que determina que los procesos sumarios por asociación ilícita, como el del espionaje telefónico, sean vistos en la vía ordinaria (CARETAS 2072).

La norma fue elaborada por el despacho de Echaíz con apoyo del Ministerio de Justicia y tenía un claro derrotero: separar a Martínez del caso, y que las pruebas decomisadas –CPU’s, audios y e-mails– regresen a la Fiscalía.

No era una iniciativa descabellada. Martínez es la jueza que, avalada por el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, sacó a la Fiscalía del caso y congeló durante un mes el material decomisado. Por otro lado, el plazo de investigación de la magistrada era de 60 días y corría el riesgo de que este quedara archivado y se extraviaran las pruebas del masivo espionaje industrial.

El CEPJ debía elegir entre nueve jueces de la vía ordinaria, pero sacó un as de bajo la manga. La resolución del CEPJ, publicada en el diario oficial El Peruano, establece que los juicios por el delito de asociación ilícita, ahora tramitados en la vía ordinaria, sean vistos por los mismos magistrados que iniciaron las investigaciones.

Una fuente cercana a Villa Stein dijo que la medida se adoptó por tres motivos: por el principio constitucional del juez natural, en aras de la celeridad del proceso (un nuevo juez iniciaría todo de nuevo, incluidas las confrontaciones entre los detenidos) y, finalmente, en defensa de los fueros del PJ. EL CEPJ considera que la Ley 26689 es un “torpedo” del Ejecutivo que vulnera la independencia de la judicatura.

Además, según esta misma versión judicial, la jueza Martínez habría detectado una presunta manipulación de las pruebas del ‘chuponeo’ por parte de la Fiscalía y la Policía. Se afirma que, al menos, 6 de los CPU’S incautados están “malogrados”.

Fuentes del Ministerio Público rechazaron estas insinuaciones y señalaron que provienen de la Corte Superior de Lima, cuyo presidente César Vega Vega tiene el espaldarazo de Villa Stein.

Echaíz ha dicho en privado que no llamará al presidente de la Suprema porque ya lo hizo una vez y no obtuvo resultados. Aguardará el dictamen de una apelación para que les sean devueltas las pruebas del espionaje.