Justicia En Semana Santa le llegó su San Martín. Cómo se forjó la histórica pena de 25 años impuesta a Alberto Fujimori.

Máximo Rigor

Alberto Fujimori solicitó de inmediato un recurso de nulidad de la sentencia. Ahora viene el partido de la apelación.

Fue un patatús naranja. El grupo político fujimorista recibió la sentencia de 25 años impuesta al líder en medio de gestos lívidos y de pasmo. Durante casi dos horas y veinte minutos de lectura dirigida por el presidente de la sala, el magistrado César San Martín, el resto del país escuchó la parte medular de un documento que alcanzó todas las bases: desde los albores de un gobierno sin brújula capturado por Vladimiro Montesinos hasta las referencias de juicios internacionales relevantes para este proceso que tomó 161 audiencias y casi un año y cinco meses.

Alberto Fujimori fue condenado por asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Las causales directos fueron los dos más sonados crímenes del Grupo Colina, las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército. Pero la sentencia de 711 folios establece una línea de tiempo y de análisis de los hechos que va mucho más allá, y que le permitió al tribunal sentenciar al ex presidente como cabeza de un aparato organizado de poder que perpetró delitos en el marco de una estrategia de Estado.

La sentencia marcó un precedente histórico no solo para el Perú, sino para los autócratas que todavía gobiernan en el mundo. Confirmó el gran profesionalismo del tribunal presidido por San Martín y pulverizó la estrategia de Defensa del abogado César Nakazaki, quien se empeñó en inventarse un universo formalista donde las órdenes para cometer los asesinatos solo podían expresarse en directivas escritas y tener correspondencia en la legislación.

Los severos jueces no respondieron con una pizca de ingenuidad.

La sentencia, que fue colgada de inmediato en la página web del Poder Judicial, se extiende puntillosamente en el sangriento derrotero del Grupo Colina. Es en esa secuencia de quince meses, y no de bárbaros hechos aislados, donde se enmarca la política de guerra sucia cuyos hitos fueron Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, y La Cantuta, el 17 de julio de 1992.

Allí están los asesinatos de la familia Rodríguez el 23 de enero de 1992 (cinco personas, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses), de Pativilca el 29 de enero (seis personas), de la Carretera Central en febrero (un estudiante), de Pamplona Alta en marzo (una persona), de los campesinos de El Santa el 2 de mayo (nueve personas. Una de los familiares sobrevivientes, Marisol Barrientos, protagonizó uno de los testimonios más conmovedores de las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuando recordó vívidamente el rostro descubierto de Santiago Martín Rivas), de la familia Ventocilla en Huacho (seis personas) y el periodista Pedro Yauri el 25 de junio, de Santiago Gómez Palomino el 9 de julio y el asesinato de una persona en Chanchamayo en noviembre, que San Martín identificó como la última acción de Colina. En total, el tribunal responsabiliza al escuadrón de la muerte del asesinato de aproximadamente 50 personas.

“Es razonable inferir que tan vasto plan criminal, y el compromiso institucional que significó, sólo pudo llevarse a cabo con la decidida participación del Jefe de Estado en funciones”, concluyó el juez San Martín. Subrayó además que ha quedado acreditado que las víctimas de Barrios Altos, entre las que se contó un niño de ocho años, y La Cantuta no eran miembros de Sendero Luminoso. Ante la prensa esto volvió a ser reivindicado por Gisella Ortiz, la vocera de los deudos que vio así satisfecho el derecho de respetar la memoria de sus familiares. La atingencia es significativa porque remarca que las acciones del Grupo Colina, más que inscritas en una estrategia conducente a terminar con el terrorismo, entorpecieron y mancharon el desempeño de las fuerzas del orden, dolorosamente madurado y corregido a lo largo de tres gobiernos.

El documento también abunda en la cadena encubridora repasada en la última edición de CARETAS. San Martín responsabilizó a Fujimori por un “elaborado mecanismo de encubrimiento que incluyó al SIN, el Ejército y el Legislativo, coordinados para conseguir la impunidad”. El último eslabón de esta cadena, definida en buena medida tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, fue la promulgación de la Ley de Amnistía, que a decir del magistrado “archivó todos los casos de violaciones de Derechos Humanos y logró la impunidad de las más altas esferas”.

En España y América Latina aluden a las comilonas de una festividad ibérica para decir que “a todo cerdo le llega su San Martín”. Significa que todas las personas responderán tarde o temprano por sus actos. La sentencia le cobra a Fujimori todos los pecados pero sus partidarios también parecen ver en ella una rendija de redención.

Como era de esperarse, Fujimori interpuso recurso de nulidad de la sentencia. Por el contrario, el Ministerio Público, representado por el fiscal supremo José Peláez, se declaró conforme con todos sus extremos. Cabe la posibilidad que en la apelación la sentencia se vea reducida. Si en cambio es confirmada por la Corte Suprema, la de Keiko Fujimori será una curiosa campaña presidencial cuyo único objetivo final será el indulto del padre.

Consultado, el ex procurador anticorrupción César Azabache apuntó a que, si bien en sus considerandos San Martín calificó los crímenes como de lesa humanidad, el texto de la sentencia no lo tipifica en la categoría que correspondería en ese caso, que es la de genocidio, sino como homicidio calificado que es un delito común. Esto significa que la pena impuesta es plausible del beneficio de por buena conducta. El propio abogado de la parte civil, Carlos Rivera, reconoció a la salida de la audiencia que Fujimori no saldría el 10 de febrero del 2032, como calculó San Martín, sino en la mitad de tiempo. Cabe añadir que esta semana la Corte Suprema ratificó la sentencia previa de seis años que Fujimori recibió por el allanamiento ilegal a la casa de Vladimiro Montesinos.

Para el jurista Diego García Sayán, que además es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la referencia de “lesa humanidad” hecha por San Martín proscribiría de todos modos la posibilidad del indulto o la amnistía. También recuerda la importancia de las menciones que la sentencia hace de ese tribunal internacional, pues es la instancia que dejó sin efecto la Ley de Amnistía (ver artículo de García Sayán en esta edición).

Otra enterada fuente consultada recuerda que sigue vigente un decreto legislativo que reduce al mínimo los beneficios otorgados por secuestro agravado, que es el delito por el que también se culpa a Fujimori en los casos del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

En los próximos días el debate ayudará a leer la letra pequeña. Con todo, los beneficios siguen siendo un triste consuelo para quien tiene la edad y consecuentes achaques del ex presidente. Pero su hija Keiko, a quien ha declarado su heredera política junto con su hermano Kenji y que salió al frente para rechazar la sentencia, sacó a pesar de todo el lado bueno de la situación. “No podrán debilitarnos políticamente”, prometió. “Es más, nos sentimos fortalecidos. El fujimorismo seguirá avanzando, hoy estamos primeros en las encuestas y seguiremos así”.

Los partidarios del ex presidente tienen en la condena un argumento político muy apreciado en el Perú: el martirologio.

Dos encuestas publicadas en los últimos días arrojan luces sobre la percepción ciudadana sobre el juicio. En el muestreo de Apoyo, hecho a nivel nacional, un 23% prefería que Fujimori fuera declarado inocente. Resulta muy interesante que una mayoría, el 40%, se inclinaba por una sentencia de “culpable con pocos años”. El 30% se mostró favorable a una pena de muchos años.

La encuesta realizada por el Insitituto de Opinión Pública de la Universidad Católica muestra que el 67% de limeños considera a Fujimori culpable y el 25%, inocente. De similar modo, un 72% creía que sería condenado como culpable, pero solo por algunos cargos.

Otras respuestas proveen interesantes entrelíneas. Un 31% se declara a favor de las ideas fujimoristas y un 40% considera el juicio parte de una venganza política de los enemigos del fujimorismo. En aparente contradicción, el 75% reconoce que durante el proceso se respetaron los Derechos Humanos del ex presidente y el 67% considera que la actuación de los jueces fue imparcial.

Resulta clave que un total de 44% considere que una sentencia de culpabilidad de Alberto Fujimori sería lo más conveniente para el futuro político de su hija Keiko (30% dijo que de “culpable con pocos años” y un aún significativo 14% de “culpable con muchos años).

Pero es de esperar que luego de la oleada de compasión venga un bajonazo de marea, pues el siguiente juicio contra Alberto Fujimori es el del caso de los US$ 15 millones de pago de “CTS” a Vladimiro Montesinos. Así como el proceso oral que acaba de concluir escudriñó toda la terrible historia de los crímenes del Grupo Colina, lo que se viene explorará la cleptocracia que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos instauraron durante sus años en el poder. De nuevo se manifestará lo que se podría llamar el síndrome Pinochet. Los crímenes contra los Derechos Humanos cometidos por el dictador chileno no lograron establecer un consenso de repudio con tanta facilidad como sí ocurrió cuando fueron descubiertas sus cuentas millonarias en el Banco Riggs.

Los cálculos del saqueo practicado con el erario público durante la década fujimorista, según la Procuraduría Anticorrupción, llegan a los US$ 2 mil millones. Los montos recuperados por la Justicia son relativamente exiguos. El Fondo Especial de Administración de los Dineros Obtenidos Ilícitamente, Fedadoi, ha recibido apenas un poco menos de US$ 130 millones.

¿Ese es el modelo económico del que se puede jactar el fujimorismo? ¿Aquel que esquilmó un Estado al que le faltan recursos? Si se le suma un indesligable modus operandi político que copó todos los estamentos del poder y que se extendió incluso más allá, a los medios de comunicación y otras instituciones que no terminan de recuperarse tras casi diez años, su legado termina de perfilar una silueta desoladora. Los herederos de Fujimori tienen ahí un desafío francamente formidable.

El presidente Alan García, que se cuidó de opinar sobre la inminente sentencia, sí respondió el lunes 6 a los intentos fujimoristas por medir con un mismo rasero a los tres mandatarios que gobernaron durante los años del terrorismo.

“Nosotros fuimos, nadie lo duda, un gobierno plenamente democrático”, aclaró García. Nosotros no interrumpimos la vida democrática del país. El problema es que un hecho que aparentemente se parece (se refería a masacres como la de Acomarcca), cambia cualitativamente de sentido cuando se interrumpe la democracia y aparece una fórmula dictatorial en la que todo depende de una persona... Entonces, resulta más difícil demostrar si la persona sabía o no sabía, si era directamente responsable o no. La virtud de la democracia es que usted tiene los medios de comunicación, que son los primeros fiscales en nombre de la opinión pública, tiene el Parlamento que puede hacer sus investigaciones, tiene un Poder Judicial independiente, pero si usted no tiene nada de eso, toda la culpa viene hacia usted. Para eso existe la democracia, que también es una forma para defender a los gobiernos que pueden trabajar porque tienen sistemas de fiscalización permanentes que evitan los excesos”.

Antes, el viernes 3, el ex presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres, recordó que, si bien el informe final de la CVR encontró responsabilidad “política y moral” en Alan García y Fernando Belaunde, el caso de Alberto Fujimori era el único donde se estableció además “responsabilidad penal”.

Las contundentes respuestas se adelantaron de alguna manera al espíritu de la sentencia dada a conocer el martes. Un documento que los tres magistrados comenzaron a redactar casi cinco meses antes, en noviembre del año pasado.

Entonces ya había transcurrido casi un año de proceso. Los primeros capítulos trabajados fueron los de los antecedentes procesales del juicio y sus incidencias. Luego, a inicios de enero, cuando culminó la presentación de las pruebas, comenzaron a escribirse las partes de la valoración de éstas y los fundamentos.

Es normal, contrario a lo que han expresado juristas como Javier Valle Riestra, que se comience a escribir la sentencia antes de su pronunciamiento. No puede ser de otro modo si se quiere cumplir con el plazo de solo cinco días luego de finalizar el juicio oral, otorgado por el Código de Procedimientos Penales. Eran 70 mil folios los que se acumularon a lo largo del juicio.

Fue protagónico el papel del magistrado César San Martín. Durante todo el proceso, tomó nota de las audiencias en su computadora Laptop. Es conocido entre sus colegas por la facilidad para categorizar la información, resumirla y establecer los puntos principales con solo escucharla. Es preciso y rápido. Para elaborar la sentencia echó manos a estos resúmenes.

Según fuentes del Poder Judicial, el magistrado Víctor Prado estuvo encargado de la elaboración de la parte de antecedentes jurídicos y la jurisprudencia relativa al caso. San Martín se encargó de la sustentación doctrinaria. Es reconocido como uno de los mejores procesalistas penales y sus libros de derecho procesal penal son de referencia obligada. Además se encuentra al día con las últimas tendencias jurídicas, sobre todo las españolas. Difícil estereotipar a este limeño de 54 años, además. Si bien fue cesado luego del autogolpe, antes debió salir del país porque, siendo presidente de la Sala de Terrorismo, su esposa fue víctima de un atentado.

Luego de concluir que Alberto Fujimori sería condenado, el último fin de semana los magistrados San Martín, Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, deliberaron si elegían la figura penal de autoría mediata o la doctrina de la “ignorancia deliberada”, usada ampliamente en España y que viene de la figura penal anglosajona “willful ignorance”. Se decantaron totalmente por la primera.

Michael Reed es directivo del Centro Para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), la única organización internacional que se sopló cada una de las audiencias. Cuando, antes de darse a conocer la sentencia, CARETAS le preguntó por lo que era digno de destacarse en el juicio, respondió que “cómo el tribunal y todas las partes demostraron paciencia absoluta para aceptar el examen de más de cien testigos y peritos. En situaciones así la gente se exaspera y se vuelve intolerante. Lo segundo es la estrategia de comunicación del tribunal, de transparencia y apertura. Muy pocas cortes en el mundo la tienen. Cuando el tribunal se llegó a sentir manipulado, colgaban un comunicado en la página web. Igual que los resúmenes de cada audiencia, publicados a pocas horas de lo acontecido”. Para Reed el juicio fue sencillamente “extraordinario”.

Con la experiencia, el Perú político cambiará seguramente de semblante. Pero más que euforia o rabia, debería ser parecido al gesto grave y reflexivo que tuvo San Martín mientras la secretaria del juzgado leía los apartes de la sentencia.