Justicia A una semana de histórica sentencia, presidente del Poder Judicial defiende fueros de magistrados del caso Fujimori.

Caso Fujimori: Esto no ha Terminado

César San Martín, Javier Villa Stein y Duberly Rodríguez a las seis de la tarde del martes 14 en la sede del Palacio de Justicia.

“El Poder Judicial es monolítico”, aseguró su presidente, Javier Villa Stein, en la tarde del martes 14. Lo flanqueaban dos magistrados de la Corte Suprema cuya presencia en la conferencia de prensa fue silenciosa pero sumamente significativa. Se trataba de César San Martín, quien acaba de presidir la sala que sentenció a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori, y Duberly Rodríguez, al frente de la que resolverá la apelación interpuesta por la defensa del ex presidente.

Villa Stein aclaró que, por razones procesales, ninguno de los otros dos jueces podría declarar. Sin embargo, la conocida gestualidad de San Martín dejó entrever algunas opiniones ante las preguntas que los periodistas hicieron sobre las críticas que otros juristas han hecho de la sentencia. Rodríguez, en cambio, mantuvo el estoicismo de una piedra.

La CONFERENCIA DE PRENSA fue precipitada por lo que el propio Villa Stein calificó de inminente “choque de trenes” entre el Poder Judicial y el Congreso. A las tres de la tarde del 7 de abril, a las pocas horas de la sentencia a Fujimori, la Comisión de Justicia del Parlamento aprobó el dictamen de la nueva Ley de la Carrera Judicial, con la asistencia de apenas seis parlamentarios.

El propio proponente del proyecto, Raúl Castro, de Unidad Nacional, no estuvo presente. El polémico dictamen quedó así expedito para ser aprobado por el Pleno. El gran problema es que no incorpora ninguna de las recomendaciones presentadas por el propio Poder Judicial. Además, entre sus polémicas iniciativas plantea la destitución de magistrados por demora en los expedientes. “Pero lo grave es que no define qué es demora”, sostuvo Villa Stein. “Un caso puede dilatarse por mil razones, entre ellas de responsabilidad del fiscal y, sin embargo, los jueces pagaríamos los platos rotos”.

Resulta elocuente que el dictamen cuente con el respaldo de un sector del aprismo. En los corrillos del PJ ya se especula que podría tratarse de una represalia a la defensa del fuero hecha no solo en el caso Fujimori, sino también en el controversial proceso de “chuponeo” que tiene enfrentado al Palacio de Justicia con el Ministerio Público (ver más en Mar de Fondo).

La sentencia impuesta al ex mandatario ha sido respondida con una andanada de críticas en varios medios de comunicación (ver nota aparte). Para Villa Stein, la ofensiva “frisa la intolerancia y el ataque a las personas”. Ha trascendido que los jueces comienzan a observar lo que ocurre como un proceso de demolición, donde se busca aislar la figura de San Martín y mostrarla pulverizada al resto del Poder Judicial a modo de ejemplo de lo que le podría pasar a cualquier magistrado que proceda con independencia.

Villa Stein y los miembros de la Suprema han respondido con una estrategia de blindaje mutuo para evitar lo que ya califican de una campaña de arrasamiento. “No permitiremos que se ponga en tela de juicio la buena fe con la que procedió la Sala Penal Especial”, dijo Villa Stein. “Estamos de pie”.

De las observaciones formuladas a la sentencia, destaca la que hizo el abogado Francisco Chirinos Soto en el tabloide fujimorista La Razón. Sostiene Chirinos Soto que San Martín “abrió las puertas del imaginario recinto cerrado y a él ingresaron veinte personas para participar en el examen del expediente y de las pruebas y en la elaboración de la sentencia”. Chirinos Soto advierte que las deliberaciones entre los magistrados de la sala deben ser a puerta cerrada y que “el irregular acontecimiento trae consigo una irremediable nulidad de la sentencia”.

Pero cuando San Martín agradeció al “equipo de más de veinte personas” el día de la histórica sentencia se refería sencillamente a quienes trabajaron directamente con los jueces durante un proceso tan complejo. Cada uno tuvo tres asistentes y a ellos se añaden unas 15 personas más que ayudaron a organizar la avalancha de aproximadamente 70 mil folios que produjo el juicio. En varias ocasiones los miembros de ese equipo se amanecieron trabajando con San Martín y los jueces Hugo Príncipe y Víctor Prado.

Por eso mismo al colectivo le resulta ofensivo el rumor sobre una supuesta redacción “externa” de la sentencia.

Otro cuestionamiento recurrente ha sido el de la inexistencia de atenuantes en la pena. Básicamente, tomar en cuenta la crítica coyuntura política vivida por el país cuando Fujimori asumió el poder y la derrota al terrorismo infringida durante su gobierno. Pero, para el razonamiento de los magistrados, esa caótica y grave situación no se conecta, ni atempera la espiral criminal del Grupo Colina.

Esto lleva a la mención hecha en la sentencia sobre la inocencia de las 29 víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que según el documento no pertenecieron a Sendero Luminoso. Periodistas como Aldo Mariátegui del diario Correo se han empeñado en recurrir a fuentes como el libro del investigador Ricardo Uceda, “Muerte en el Pentagonito”, para demostrar lo contrario, sobre todo en el caso de La Cantuta. Ese trabajo tuvo de fuente principal al “Colina” Jesús Sosa.

Pero Gisella Ortiz, vocera de las víctimas y hermana de uno de los asesinados en la universidad, explica que “de todos los muchachos que murieron unos eran más pasionales que otros. Mi hermano Enrique, que perteneció a Patria Roja solo durante el primer año de estudios, cuestionaba a Sendero por sus atentados. Se afligía cuando en Chosica volaron dos bancos y se lamentaba por las víctimas. No tenía ni siquiera una simpatía. Que la Sala diga que nuestros familiares no eran terroristas deja sin terreno a los fujimoristas, porque esa es la justificación del crimen que enarbolaban”.

A lo dicho por Sosa, Ortiz opone las declaraciones del también ex Colina José Tena Jacinto en el juicio seguido a ese destacamento. Tena estuvo infiltrado en La Cantuta desde 1988 hasta 1992 y señaló que las víctimas no formaban parte de sus reportes de inteligencia.

El razonamiento de Ortiz, que asegura que su hermano murió sin conocer Miraflores y que nadie señaló a las víctimas de La Cantuta cuando los terroristas de Tarata fueron presentados con trajes a rayas, es frontal. “Si él hubiera sido de Sendero así sea ideológicamente”, reflexiona, “yo hubiera descansado luego de encontrar sus restos porque habría pensado que murió en su ley, en lo que creía. Pero esto es una situación injusta. No merecían acabar así, eran muchachos humildes, pero no terroristas”.

A ello se añade el drama de los sobrevivientes de Barrios Altos que, lejos de verse reivindicados por el régimen, sufrieron de discriminación y cárcel. Alfonso Rodas, que recibió ocho impactos de bala, pasó más de un año en la cárcel luego del autogolpe de 1992. Fue finalmente absuelto por un tribunal sin rostro.

Rosa Rojas, viuda de Manuel Rojas y madre del niño Javier de ocho años, que también murió en el “operativo”, debió soportar la indignidad de ver en televisión reportajes donde se acusaba a su marido de haber pertenecido a Sendero sin ninguna prueba.
San Martín tomó en cuenta todos esos elementos, además del testimonio ofrecido en ese sentido durante el juicio por Benedicto Jiménez, ex hombre fuerte del Gein, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le exigen al Estado reparaciones y disculpas públicas para las víctimas. Las decisiones del tribunal internacional fueron parámetros legales fundamentales en el caso Fujimori.

Los jueces consideraron que entre el grupo de 29 asesinados, unos seis podrían haber mantenido cercanía con Sendero. Pero ninguna prueba lo acreditó y primó la presunción de inocencia.

Entevistado por Perú.21, Santiago Fujimori cuestionó el hecho que San Martín, tras ser cesado como juez en el autogolpe del 5 de abril, trabajó como asesor del entonces ministro de Justicia, Fernando Vega Santa Gadea, hasta finales de 1995. Durante ese período habría “corregido” la legislación antiterrorista. Lo cierto es que San Martín trabajó esos años en la reforma del Poder Judicial, primero adscrito al PNUD, y luego como parte del contingente de especialistas del Ministerio de Justicia, luego del descalabro que en la materia significaron los primeros años del gobierno de Fujimori.

Más de trece años después, el equipo legal del ex mandatario tiene al frente otro desastre y se encuentra desarrollando el recurso de nulidad de la sentencia. La principal urgencia para ellos es desaparecer el cargo por secuestro, pues si este persiste no podría gozar de los beneficios penitenciarios de los delitos comunes. Tampoco podría gozar del beneficio de indulto, conmutación de pena ni derecho de gracia presidencial. Esto se debe a que desde el 14 de junio del 2006 el Decreto Legislativo 28760 recortó los beneficios de este delito. Son las mismas limitaciones para los condenados por terrorismo bajo el Decreto Legislativo 927, del 20 de febrero del 2003.

Hoy, más que nunca, es cuando precisamente el Poder Judicial debe mostrar la mayor severidad posible con el terrorismo. La propuesta de Villa Stein para implementar salas que resuelvan crímenes en el VRAE debería servir no solamente para procesar con celeridad a los agentes del Estado responsables de excesos sino también hechos como la masacre del último jueves santo.

Y, valgan verdades, a quien no le ha temblado la mano para juzgar con severidad a los terroristas en años recientes es al magistrado Duberly Rodríguez, que preside la sala responsable de resolver la apelación de Fujimori. CARETAS 2073 advirtió de su pasado como diputado de izquierda radical durante la mitad de los 80, pero quienes han seguido de cerca su trabajo aseguran que desde que entró al Poder Judicial, en 1996, no podrá encontrarse una sentencia contaminada de prejuicios políticos. Fue el juez que el año pasado impulsó la autoría mediata de Abimael Guzmán –a diferencia del propio Villa Stein, que se inclinaba por la coautoría, una figura que, trascendió, también veía más próxima para el caso Fujimori– y logró imponer su criterio, con lo que el líder senderista terminó con dos cadenas perpetuas. Y Rodríguez también ratificó la dura condena de 15 y 17 años contra los militares que asesinaron al correponsal de CARETAS en Ayacucho, Hugo Bustíos. El segundo tiempo se jugará en su cancha.