Seguridad Chile sigue armándose a pesar de estar en recesión y con desempleo al alza.

Muestran los Dientes

Chile ya cuenta con 46 F-16 pero la presidenta Michelle Bachelet justificó la reciente adquisición de 16 más.

El candidato a la presidencia del Partido Humanista chileno, Tomás Hirsch, puso el dedo en la llaga ante el anuncio de la adquisición de una nueva flota de 16 cazas F-16 a Holanda por un monto de US$ 278 millones.

Si bien no representa una opción puntera en las preferencias, recurrió a otros sondeos mucho más contundentes para expresar su punto de vista. “Que el gobierno haga un esfuerzo serio para modificar la ley del cobre, ese es un anhelo de todo el país. Todas las encuestas muestran que más de un 80% de los chilenos no quiere que se siga entregando el 10% del cobre para gasto militar de las Fuerzas Armadas. En vez de estar comprando aviones, que el gobierno presente un proyecto de ley y que ponga en jaque a aquellos parlamentarios que no están dispuestos a que ese 10% se utilice en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en mejores pensiones, en aporte a las regiones”.

Tal sensatez responde sencillamente a la realidad. Un país que, a pesar de sus avances, adolece de necesidades insatisfechas y mantiene un porcentaje de pobres que podría ser bastante mayor al que reflejan las cifras oficiales (CARETAS 2073), ostenta un gasto militar que podría romper todo el equilibrio militar en la región, incluyendo al gigantesco Brasil.

Todo mientras, de acuerdo al ex presidente del Banco Central de Chile, Carlos Massad, el país ingresará de manera inminente a una recesión y el desempleo en Santiago roza el 13%.

La ley del cobre ha representado en años recientes una catarata de dólares para las Fuerzas Armadas chilenas. Entre el 2000 y el 2003 recibieron por ese concepto unos US$ 250 millones anuales. En el 2004, US$ 598 millones y un año más tarde, US$ 826 millones. La imparable estela de los precios cupríferos alcanzó el récord de US$ 1,200 millones en el 2006.

Resuenan las recientes palabras del ex presidente costarricense Óscar Arias en la Cumbre de Trinidad y Tobago. El también Nobel de la Paz reclamó porque “no puede ser que América Latina se gaste US$ 50,000 millones en armas y soldados. Yo me pregunto: ¿quién es el enemigo nuestro? Es la falta de educación, el analfabetismo”.

El presidente Alan García recogió el guante y volteó la tortilla. Aseguró que el país “no apela a las armas, sino a las razones jurídicas” para resolver el diferendo de límites marítimos. Jorge Pizarro, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del senado de Chile, respondió que se trataba de “declaraciones antojadizas” y “palos de ciego”. Su homóloga Michelle Bachelet alegó que “las tareas de la defensa nacional, a mi juicio y siempre lo he postulado, son parte de los deberes intransferibles del Estado y la defensa es tal vez uno de los bienes públicos por excelencia”.

El canciller José Antonio García Belaunde recalcó que Chile precipita una “carrera armamentista” y el congresista aprista Luis Gonzales Posada advirtió que ésta colisiona con la Carta de la OEA, puesto que en su artículo N° 2, plantea como compromiso alcanzar una efectiva limitación para los armamentos convencionales y así “dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros del sistema interamericano”. Pero recurrir a esa instancia, como propuso el “cabezón”, no parece viable.

En el Perú la propuesta parlamentaria para asegurar el 5% del canon minero a las Fuerzas Armadas tomó un nuevo vuelo. Lamentablemente, de manera equívoca. Inicialmente respondió a los ataques senderistas en el VRAE, pero terminó adaptándose a los nuevos anuncios chilenos.

El proyecto de ley ya fue aprobado por la Comisión de Defensa y esperaba su trámite en la de Economía antes de pasar al pleno. Ha trascendido que al presidente García, al igual que al ministro de Economía Luis Carranza, no le gusta en absoluto la idea.

Consultado, el general EP (r) Felipe Gutiérrez, que se desempeñó como representante de la Contraloría en la institución, tampoco observa viable la medida mientras no se establezca una política de transparencia mucho más acentuada en las FF.AA. “Es necesario primero la creación e implantación de entidades que permitan realizar auditorías de gestión financiera y presupuestal que garanticen la correcta ejecución del uso de los fondos asignados por el Estado”, señala. “Una de las lecciones aprendidas de las investigaciones efectuadas a las gestiones en la compra de material durante la década del 90 al 2000 fue que los funcionarios del más alto nivel saquearon los fondos del Estado como si fuera una actividad normal”.

El premier Yehude Simon, que a diferencia del Presidente sí se ha mostrado expresamente a favor de la ley del 5%, apuntó a la necesidad de recuperar la “capacidad disuasiva” y el “equilibrio estratégico”, El también general EP (r) Daniel Mora, ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, propuso el martes 5 en el programa de Jaime de Althaus un sinceramiento que desemboque en unas Fuerzas Armadas pequeñas y altamente profesionales. Quizás ese sea el camino más lógico.