Medios En Venezuela es allanado el domicilio del dueño de Globovisión, mientras se acentúa la tendencia autoritaria.

Monovisión

Acosada isla de edición de Globovisión. Según la CIDH, el canal ha sufrido 458 acciones de hostigamiento desde el 2001.

La ONG Human Rights Watch denunció al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela de “abusar de sus ambiguas facultades regulatorias para perseguir a sus críticos”, en particular al canal Globovisión, investigado por el gobierno por la cobertura televisiva del temblor del 4 de mayo pasado que hubiera podido, según las autoridades, “generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población”, el 21 de mayo pasado.

La respuesta de Chávez no se hizo esperar. Calificó a Alberto Ravell, director de Globovisión, de “loco con un cañón”, y esa misma noche, la policía venezolana allanó la casa del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, supuestamente para investigar un lote importante de vehículos que se “encuentran en estado de ocultamiento”, mientras el mandatario venezolano reiteró su amenaza de clausurar definitivamente el canal.

Se trató de un acto más en las 458 acciones de hostigamiento –incluidos agresiones y ataques con bombas lacrimógenas– contra Globovisión y sus empleados censadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2001.

Fuga Para Adelante

Desde la victoria del Sí a la modificación de la Constitución para instaurar la reelección indefinida, el 15 de febrero pasado, el gobierno chavista ha dado prueba de un activismo permanente. Así, paradójicamente, la reforma constitucional, que en teoría debía dar a Hugo Chávez el tiempo suficiente para construir el “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, lo ha empujado a acelerar la historia. Pero Chávez corre el riesgo de perder el control de su vehículo e irse directo al precipicio, si sigue conduciendo a esa velocidad en un camino cada vez más estrecho debido a la polarización política.

El activismo chavista de las últimas semanas fue ante todo económico. De hecho, desde la promulgación, el 7 de mayo, de una ley que reserva al Estado el manejo total o parcial de las empresas ligadas al sector petróleo, el gobierno de Chávez no perdió ni un segundo: el 8 de mayo, el presidente dio en el lago de Maracaibo, principal cuenca petrolífera y bastión de la oposición, el pistoletazo de salida de una “batalla naval de liberación” que sigue causando estragos. Se trata de una batalla feroz: en apenas dos semanas, el gobierno nacionalizó nada menos que 76 empresas del sector petrolífero, expropiando de paso a las lanchas, a los terminales y a los diques que desde entonces son “propiedad del pueblo”.

Asimismo, Chávez prosiguió la estatización de los sectores económicos estratégicos iniciada a fines del 2007 con el “plan socialista de la Nación”. Después de haber nacionalizado las telecomunicaciones, la electricidad, y la principal compañía siderúrgica en el 2008, Chávez ha puesto fierro a fondo en las ultimas semanas: el jueves 21, en la ciudad minera de Guayana, ordenó la nacionalización de cinco empresas siderometalúrgicas (Matesi del consorcio ítalo-argentino Techint, Comsigua, Orinoco Iron, Venprecar y Tavsa); al día siguiente anunció la firma del contrato de compra-venta del Banco de Venezuela al grupo español Santander por unos US$ 1,050 millones y prometió añadir unas otras empresas a la lista de las nacionalizaciones.

Según el régimen chavista, el objetivo de la estatización es construir un complejo industrial destinado a ser la “maciza plataforma del socialismo del siglo XXI”. No obstante, no faltan quienes consideran que el proceso de control de los sectores básicos de la economía contribuye a la progresiva edificación de un capitalismo de Estado, pero no propone una alternativa para superar el modelo rentista subyacente en Venezuela, ni una de desarrollo.

Más preocupante aún, la tanda estatizadora viene acompañada de una radicalización ideológica y el hostigamiento sistemático a los sectores críticos, la oposición política y los medios cuya línea editorial es abiertamente contraria al poder.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió del recrudecimiento autoritario del chavismo, incluyendo por el séptimo año consecutivo a Venezuela en su Informe Anual sobre los países cuyas prácticas en términos de derechos humanos son preocupantes, el 25 de febrero pasado. La CIDH subrayó el “ambiente hostil” para la disensión política que reina en el país, los obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, y la intimidación contra sectores de la sociedad abiertamente críticos, lo cual contribuye por ende a un debilitamiento del estado de derecho.

El allanamiento al domicilio de Zuloaga de Globovisión se enmarca dentro de esa tendencia.

Por otro lado, la radicalización ideológica del chavismo se expresa también en la puesta en marcha del “Plan Revolucionario de Lectura”, (PRL) cuyo objetivo oficial es “reafirmar los valores conducentes a la consolidación del hombre nuevo y la mujer nueva”, “desmontar el imaginario del capitalismo” y “recontextualizar la historia”. Para ello, el gobierno de Chávez pretende introducir en la formación de los niños la lectura de libros como Inventamos o erramos de Simón Rodríguez, Discursos de Chávez, de Leonardo Ruiz o ¿Por qué soy chavista?, del ex ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruco Sesto.

El hostigamiento a la oposición y a los sectores de la sociedad críticos, así como el plan de lectura de acento totalitario, testimonian la radicalización política que, en definitiva, está desnaturalizando los mismos principios que supuestamente promueve la “revolución bolivariana”: la centralización del poder se opone fundamentalmente a la construcción de espacios de debate y de la propia “democracia participativa” tan cara al chavismo, mientras que la represión de la disensión política impide el surgimiento de liderazgos alternativos al actual presidente. Es más, la radicalización implica una infravaloración del proceso en sí mismo. De hecho, un político convencido de la veracidad de sus argumentos y de la pertinencia de su proyecto no teme discutir con la oposición y busca convencer, no obligar. Acallando toda veleidad crítica e imponiendo las decisiones de manera autoritaria, el propio Chávez está delegitimizando “su” revolución. (Pierre Boisson)