Seguridad Jefe del Ejército, general Otto Guibovich, tiene otro plan para el VRAE.

Plan en Maceración

El jefe del Ejército Otto Guigovich y el Premier Yehude Simon en la Feria de Armas.

El nuevo plan Vrae presentado por el premier Yehude Simon en su exposición del viernes 26 ante el pleno del Congreso fue recibido con bostezos, y el paulatino y descarado retiro de parlamentarios de todas las bancadas, incluso la oficialista, del hemiciclo a medida que pasaban las horas.

En determinado momento apenas permanecían en sus curules 25 parlamentarios escuchando las exposiciones de Simon, el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. El plan es una respuesta política a las severas críticas sobre la estrategia del gobierno en la zona tras la emboscada senderista de Sendero Luminoso en Sanabamba, donde murieron 14 soldados.

“Es muy general, burocrático y más de lo mismo”, fustigó el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.

El nuevo plan VRAE supuestamente debía abordar en forma integral la compleja problemática de seguridad y desarrollo en la zona. Pero se limitó a proponer la creación de una comisión intergubernamental responsable de la ejecución de las acciones, orientadas en su mayoría a fortalecer las capacidades de control de la subversión y el narcotráfico, y la de articular las agendas públicas de los muchos actores en el escenario: un total de 66. Sin embargo, los ministros no revelaron nuevas cifras presupuestales ni la intención de dar un golpe de timón a la costosa ofensiva militar en el Vizcatán contra SL.

El Comandante General del Ejército, Otto Guibovich, se encargó de ponerle rocoto al asunto el martes 2. El militar publicó un artículo en la página editorial del diario El Comercio respecto al plan VRAE que tituló “Buscando otras soluciones”, en el que expresa su oposición a la erradicación forzada de los cultivos de coca, y plantea como alternativa una fórmula que denomina “subvención por erradicación”. “Se trata de un esquema en el que los agricultores puedan autoerradicar los plantíos de coca y recibir durante un periodo que estimamos de dos años una subvención del Estado, por el trabajo a realizar y por el tiempo que les tome iniciar un nuevo proceso de cultivos alternativos”.

Por cierto, un esquema de esa naturaleza no fue parte del plan expuesto por Simon ante el Congreso apenas 72 horas antes. El general Guibovich fue parte del consejo consultivo que se creó en las últimas semanas para armar el nuevo plan Vrae junto con el general PNP Marco Miyashiro, en representación de Interior, y el jefe de Devida, Rómulo Pizarro, entre otros. Hay quienes se preguntan si la de Guibovich significa una postura divergente a la de Simon y a la del ministro de Defensa. Se sabe que la propuesta fue desestimada en el Consejo de Ministros.

La erradicación voluntaria de cocales fue aplicada durante la gestión de Nils Ericsson en Devida, entre el 2002 y el 2006, a pesar del escepticismo de la Agencia para el Desarrollo de EE.UU. (USAID), principal fuente cooperante en la lucha contra las drogas. La erradicación voluntaria se implementó paralelamente al desbroce forzado de cocales en aquellas comunidades no dispuestas a pasar por el aro. Durante esos años, el número de hectáreas erradicadas, por las buenas o por las malas, superó la meta de 8,000 hectáreas anuales.

Hasta el día de hoy se discute si la decisión voluntaria de la comunidades de sacrificar sus plantíos de coca fue aprovechada cínicamente por los cocaleros para embolsicarse los beneficios gubernamentales ofrecidos, sólo para volver a las andadas al poco tiempo. De hecho, con Pizarro en Devida se eliminó el voluntarismo.

“La erradicación forzada de coca reafirmaría a los cocaleros como parte del problema y sería fácil perder la adhesión de aquellos cercanos a las fuerzas del orden y al Estado, o volcarlas al otro extremo si es que su posición es ambigua o neutra”, escribió el general EP Guibovich el martes último.

La distinción entre cocaleros, entendidos como agricultores pobres empujados a la producción de coca como consecuencia de la falta de mercado para productos legales, y los narcotraficantes y subversivos a quienes combatían la Policía y las FFAA en la cuenca del Huallaga, la implementó el general EP Alberto Arciniega, jefe político–militar a finales de la década de 1990. Ahora el escenario de convulsión se ha trasladado a las remotas e inhóspitas selvas del Apurímac y el Ene.

Pero ninguna de las estrategias anteriores llegó al extremo de plantear una subvención del Estado de esta magnitud. Sólo en el Vrae se tienen 16,000 hectáreas de cocales y 40,000 productores.

El mes pasado, el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala propuso que el Estado compre toda la coca producida durante un año, lo que desabastecería al narcotráfico, un conejo que el comandante sacó del sombrero. Claramente la alternativa planteada por el comandante general del Ejército es más sofisticada. Sin embargo, la inicial reacción de especialistas consultados fue contraria.

“Si el Estado subvenciona se incrementaría la oferta por la coca y el despelote sería mayor. No hay lógica ahí”, afirmó Jaime Antezana.

“El mercado de la coca no va a desaparecer”, sostuvo Rubén Vargas, de InfoRegión. “El precio de la coca está disparándose, entre US$ 45 y US$ 50 la arroba. Nunca antes se vio ese precio. Mientras exista una demanda, el campesino no va a abandonar los cocales por nada”, pronosticó.

Igualmente crítico fue Flavio Mirella, representante de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (ONUDD) para el Perú y Ecuador. “Si los cocaleros reciben dinero en efectivo, podría provocar la expansión de los cocales como ocurrió en la década de 1980, incluso empujar el cultivo de la coca hacia áreas naturales y protegidas”, explicó.

Pero no hay que ser estratega para adivinar que una política de sustitución de cultivos basada en el palo, sin zanahoria, está condenada al fracaso. A su vez, no hay plan de desarrollo agrario efectivo que no cuente con vasta plataforma crediticia y de respaldo técnico. Que se recuerde, es la primera vez que el jefe del Ejército en actividad expone en las páginas de los diarios sus puntos de vista sobre temas propios de la defensa. En todo caso, el “Plan Guibovich” tuvo la virtud de despertar de su letargo a los congresistas. “Todos tenemos la misión de colaborar, de proponer ideas”, explicó Guibovich las motivaciones que lo llevaron a pronunciarse públicamente.

Chimbotano, 55, Guibovich es un jefe del Ejército de singulares características, graduado en filosofía e inglés en la Maastrich Shcool of Management y en la ancestral Universidad de Cambridge, en Inglaterra, que lo desmarcan de sus antecesores. En resumidas cuentas, se trata de un militar ilustrado, con formación de comando. Sin duda, cuando asumió el mando del Ejército en diciembre pasado, Guibovich fue enfático al subordinar las FFAA a la democracia.

“El enfoque general del Estado para el Vrae, que en teoría contempla una acción integral contra el terrorismo, el narcotráfico y una acción social contra la pobreza extrema, es correcto”, aseguró el jefe del Ejército. “Pero es importante diseñar estrategias en cada uno de los campos y niveles para tener resultados”.

Las FFAA han desplegado 2,000 hombres en el Frente Vrae desde el año pasado, en una ofensiva sin precedentes contra los remantes de Sendero Luminoso enquistados en las inhóspitas montañas del Vizcatán. Los reveses sufridos por las FFAA fuerzan a una redefinición. En la lucha contra los enemigos del Estado “no se puede perder de ninguna manera la adhesión de la población bajo ninguna circunstancia”, sostuvo Guibovich a CARETAS. “Debemos hacer una gran alianza con los cocaleros. Que se sientan parte de la solución y no del problema, como hasta ahora”. Es evidente que el Plan Vrae de Simon está aún más verde que las cumbres del Vizcatán.