Esta Vez

Esta vez ha sido sorprendente y criticable la actitud de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos frente a los cruentos sucesos de la semana pasada.

Adelantando juicios condenatorios sobre “el uso excesivo de la fuerza”, no explican cómo es que, si ésta se ejerció en Bagua, murieron 23 policías armados, desapareció el oficial que dirigía al contingente en la Curva del Diablo y las bajas entre los manifestantes suman hasta ahora solo 9.

No faltan, por cierto, las especulaciones sobre otras muertes, y hasta hay quien se queja de la incapacidad de la Defensoría del Pueblo de encontrar más cadáveres, pero los fiscales del Ministerio Público tampoco lo han logrado hasta el cierre de esta edición, y tanto Abilio Arroyo como Luis Julián, enviados especiales de CARETAS a la zona, son testigos de sus afanes.

Ciertos comunicados, por lo tanto, parecen conducentes a darles la razón a los elementos trogloditas que condenan a las ONGs de DD.HH. como entidades cuyos juicios responden a libretos e intereses preconcebidos.

Eso es lamentable y peligroso.

CARETAS critica los pronunciamientos poco rigurosos, que no destacan adecuadamente las feroces atrocidades cometidas contra los policías después de tantos intentos de negociación pacientes y riesgosos, y que por otro lado hasta objetan el uso de gas lacrimógeno disparado desde helicópteros.

CARETAS reprocha esas incongruencias en defensa precisamente del prestigio de los movimientos que deben cautelar los derechos humanos de todos.

Esta vez hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha asumido una actitud autista y emitido un comunicado salpicado de suposiciones, como la que indica que “el acto de protesta (N. de R.: es decir, la toma de un oleoducto que abastece el 30% de energía del país y el bloqueo desde abril de carreteras que amenazaba con la inanición de casi un cuarto de millón de pobladores en San Martín) había sido organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana tras la adopción de decretos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios” (sic).

Dada la dramática situación, la ilustre CIDH bien pudo haberse informado mejor antes de añadir curare en ese condicional mal apuntado.

Los decretos en cuestión más bien promueven la consolidación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas sobre 12 millones de hectáreas dentro de los límites que atañen a todos los peruanos.

En Internet se encuentra una buena cantidad de blogs que hablan de un “genocidio” indígena, y WOLA en Washington se refiere al “pacífico” bloqueo de carreteras y puertos lacustres que precedió al enfrentamiento y persiste parcialmente hasta ahora.

Paciencia. ¿Un cerco puede ser pacífico?

En esta edición CARETAS relata y analiza extensamente los sucesos que marcan la actual coyuntura, los intentos de diálogo y consulta específica frustrados por Alberto Pizango de Aidesep, las derivaciones políticas del caso, la injerencia de actores externos y la preocupante proyección de los acontecimientos.

Pero aquí, esta vez y ahora, la revista discrepa frontalmente de la actitud de organizaciones que usualmente son sus aliadas.