Actualidad Tala ilegal y las tierras destinadas a biocombustibles estarán en el centro del nuevo debate de las leyes.

A Tocar Madera

Los apus reunidos en la PCM el martes 16. De allí salió proyecto de derogatoria.

Truncado el tortuoso camino de los decretos legislativos, queda por construir una agenda basada en el sentido común para arribar a leyes que cumplan con los compromisos internacionales del país, pero además mantengan el criterio unitario del Estado y permitan la explotación sostenible de los recursos en un país que mantiene altos niveles de pobreza.

El pecado original, que luego el gobierno intentó corregir, fue pasar por encima de la consulta a los pueblos indígenas contemplada por la OIT (ver cuadro). Esto fue advertido tempranamente por esta revista en julio del año pasado. Pero lo que debió ser un debate racional terminó con argumentos simplificados hasta el falseamiento.

Sigue siendo un misterio cuál será el carácter de la interlocución indígena. Es indudable que el objetivo maximalista de la derogatoria contribuyó a la tragedia de la semana pasada. CARETAS accedió a la justificación de programas de Aidesep en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En dos de ellos, financiados por las ONG Rainforest (US$ 10 mil) y Oxfam (US$ 30 mil), los objetivos puntuales son “que las fuerzas políticas acumuladas sean suficientes para lograr la derogatoria de los decretos legislativos” y “construir una fuerza social y política capaz de lograr la modificatoria de las normas antiindígenas”.

A la luz de los hechos de Bagua, esto es gasolina para los sectores más reaccionarios a la labor de las ONG, herramientas fundamentales para la sociedad civil contemporánea. Se trata de un ejemplo de intromisión que cruzó la raya y recortó las posibilidades de negociación con el Estado.

Sin caer en la caricatura de los “ciudadanos de segunda clase”, es obvio que el próximo debate para consensuar las leyes lidiará con grupos étnicos que, incluso entre sí, presentan hondas diferencias de lenguas e intereses. Su extrema dispersión (ver mapa), fenómenos como el mestizaje y la colonización hacen la situación más difícil. Pero a pesar de todas las dificultades ya hay actores con propuestas sobre la mesa.

Tala ilegal de madera es una de las principales causas de deforestación en la selva.

LAS ORGANIZACIONES conservacionistas tienen en la mira la batalla por los biocombustibles. Según este análisis, las modificiones hechas a los decretos 1090 y 1064 no corrigen un punto crítico, por el que se favorece excepciones de cambio de uso de las tierras cuando de por medio estén proyectos de interés nacional. Las carreteras son lo primero que viene a la mente, pero un decreto supremo del año pasado emitido por el sector Agricultura, entonces con Ismael Benavides a la cabeza, dispuso que la caña brava y el bambú para biocombustibles fueran declarados de interés nacional.

Los ambientalistas proponen eliminar las excepciones y dejar el texto hasta la prohibición del cambio de uso de patrimonio forestal, cualquiera sea su categoría.

Las demás objeciones al 1090 y sus modificaciones siguen basadas en lo que estas organizaciones consideran como factores de tolerancia con la tala ilegal y la exportación de esta madera (CARETAS 2036).

Desde un principio, el gobierno y la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, señalaron que, por el contrario, los decretos legislativos y sus modificaciones ponían en cintura la tala ilegal (CARETAS 2037). Tal y como lo exige el TLC con Estados Unidos.

Ante lo que parece ser la ausencia de propuestas concretas en la agenda indígena, empeñada en la derogatoria de los decretos pero no muy abundante en alternativas, es muy probable que en la próxima discusión de las leyes se logre despejar si las observaciones tienen sustento o le buscan cinco pies al gato.

Lo que definitivamente no es una ficción es el debate en torno a los biocombustibles. Desde hace un buen tiempo se apunta al peligro ecológico de la voracidad por tierras deforestadas que caracteriza a estos cultivos.

LA ADVERTENCIA toma sorprendente cuerpo en el número del 26 de mayo de la revista The Economist, que alerta de la masiva compra de terrenos en el mundo para fines de lo que llama la tercera ola del outsourcing: los cultivos agrícolas.

El nuevo componente del fenómeno consiste en el interés de inversionistas que son importadores de alimentos y exportadores de capital. Ante la sorprendente disparada de los commodities alimenticios de los últimos dos años, que además motivó restricciones en las importaciones por parte de los países productores, los países ricos carentes de tierra simplemente la compran en grandes extensiones por fuera de sus fronteras. Según el Instituto Internacional para la Investigación de Políticas Alimenticias (IFPRI por sus siglas en inglés), desde el 2006 han sido vendidas o están en proceso de negociación entre 15 y 20 millones de hectáreas en los países pobres. Equivale a toda la tierra agrícola de Francia.

A diferencia de anteriores experiencias centradas en productos como café, té y bananas, estas trabajan con bases para biocombustibles como trigo, maíz y arroz. Y ya no prima la compra a terratenientes privados sino que las transacciones son de gobierno a gobierno.

África es el centro del negocio y países como Zambia, el Congo y Sudán figuran a la cabeza con venta de hectáreas que van entre 1.5 y 3 millones de hectáreas por país. Las paradojas llegan al punto que en la hambrienta Etiopía el Programa Mundial de Alimentos invierte en asistencia casi lo mismo (más de US$ 100 millones) que Arabia Saudita le paga al gobierno para exportar toda la producción de las tierras que ha comprado.

El mapa indica que, en Sudamérica, la tendencia ya tocó la puerta de Brasil, que figura con 100 mil hectáreas vendidas bajo esta modalidad.

El Perú no aparece, pero un correo electrónico intercambiado esta semana entre las organizaciones ambientalistas alerta que el viceministerio de Energía y Minas “podría estar otorgando 3 millones de hectáreas de bosques primarios para la instalación de monocultivos agroindustriales para biocombustibles” en el marco del proceso de la construcción de la carretera IIRSA.

Inversionistas ya conocidos en el Perú interesados en biocombustibles pertenecen al grupo Romero.

AHORA BIEN, no sería de sentido común satanizar cualquier posibilidad de biocombustibles en la Amazonía. Los ambientalistas consultados, que solicitaron el anonimato por trabajar con organizaciones financiadas por entidades internacionales, señalan que el problema es aprovechar correctamente las tierras que ya han sido deforestadas. Se calcula que, de los 78 millones de hectáreas de la Amazonía, unos 8 millones ya están en esa condición. Hay que recordar que, además de la tala ilegal, un factor determinante para arrasar esas tierras es el cultivo de coca, depredadora por excelencia. A quien menos le conviene un Estado activo en la Amazonía es a esos intereses.

Pero la fuente consultada advierte que “para biocombustibles se quiere utilizar áreas que comprometen las restingas de los ríos, donde viven comunidades y ribereños. En ese caso no solo se usurparían derechos sociales, sino que también se secarían las partes altas de los ríos, con el correspondiente desequilibrio ecológico”.

Varias voces, como la del ex premier Carlos Ferrero, vienen señalando la necesidad de un catastro exhaustivo que, para la fuente consultada, tendría que determinar “las áreas netamente deforestadas que ya no se recuperarán para destinarlas a los biocombustibles”. Ahora le tocará al Estado sincerar sus planes.