Justicia La odisea amazónica del vocal superior Hugo Molina.

Balas de Bagua

El Módulo de Justicia quedó en escombros. Se quemaron 1,500 expedientes.

Hugo Molina Valencia salió de la comisaría de Bagua con las manos en alto. La turba de unas 1,800 personas rodeaba a 11 policías y en el ambiente no cabía siquiera un pestañeo. Mientras caminaba a paso lento este vocal superior de la Sala Mixta de Bagua sintió que un fuego abrasó sus piernas. Los perdigones anónimos que lo alcanzaron la mañana del 5 de junio presagiaron la sangre que teñiría la selva en las horas siguientes.

Entonces salía de persuadir al comisario. “Conversa con Lima”, le pidió. “Cómo vas a hacer acá si estás rodeado”. La situación era descontrolada. La noche anterior las autoridades de EsSalud le avisaron del inminente desalojo. “Cuando me entero dije, acá va a haber muertos. Tengo un año y medio en Bagua y conozco la personalidad de los nativos”.

No solamente el Congreso acababa de patear hacia adelante la derogatoria de los decretos legislativos que estuvieron en el centro del debate. Molina observó que los lugareños recorrían la plaza de Bagua con los oídos pegados a sus radios portátiles. La pradera llegaba al punto de ebullición y solo hacía falta una chispa para encenderla.

Aunque por pertenecer a un poder del Estado se cuida de hacer juicios de valor, reconoce que evidentemente “fueron muy pocos los efectivos policiales” que participaron en el operativo.

Este juez explica que fueron delincuentes comunes y asaltantes los que dirigieron la destrucción de las oficinas del Estado que siguió al fatídico operativo de desalojo de la Carretera Fernando Belaunde. “¿Qué objetivo puede tener el lumpen?”, se pregunta. “Convertirlo todo en tierra de nadie”.

Uno de los objetivos principales fue el Módulo de Justicia. “Parecía una pachamanca”, compara, “una huatia totalmente quemada”. Unos 1,500 expedientes judiciales fueron reducidos a cenizas. “Yo salí con la ropa que tenía puesta. La sala mixta quedó en escombros”. Las oficinas de la Fiscalía, de la presidencia regional, el local de Cofopri, la sede del Pronaa y del partido aprista también quedaron en muy malas condiciones.

El juez Molina, que volvió unos días a Lima para pedir seguridad adicional al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, explica que en Bagua “es fuerte la incidencia del robo agravado. Los asaltos en carretera son cosa de todos los días”.

El magistrado añade que allí las amenazas de muerte hay que tomarlas muy en serio. “En una audiencia le pregunté a un procesado por qué mató a su vecino, si prácticamente era su pariente. El respondió: Él ya me había amenazado y yo tenía que ‘aprimerarlo’”. Comenta que para entender mejor la situación de la localidad, se dejó la barba y salió vestido de paisano a recorrer los distritos más violentos. Se llaman La Peca y El Parco. “No hay presencia del Estado”, concluye.

Molina también comenta sobre un aspecto convertido en tabú las últimas dos semanas: la sevicia con la que los indígenas asesinaron a los policías de la Estación 6. “El ciudadano aguajún no se rinde”, resume. “O vencen o mueren. La actitud negociadora de los policías, que no tiene nada de malo para nosotros, pudo ser interpretada como una falta de valor. Ello es castigado con el degollamiento y la remoción de los ojos”.

Son dos los jueces que llevan los casos por las muertes del 5 de junio. Francisco Miranda tiene a 25 procesados en Utcubamba por los hechos de la Curva del Diablo que dejaron 12 policías y 10 civiles muertos. El juez Nolberto Cabrera procesa en Bagua a siete indígenas por el asesinato de los otros 12 efectivos en la Estación 6.

Molina, mientras tanto, volvió a Bagua para supervisar el trabajo judicial. “Hemos retrocedido treinta, cuarenta años”, lamenta el juez procedente del Rímac. En el edificio derruido de la Sala Mixta encontró una esquina todavía en pie. Allí ha puesto su escritorio.