Internacional Golpe de Estado es inadmisible, pero pone en jaque el abuso plebiscitario alentado por el chavismo.

Honduras Tocó Fondo

Presidente Zelaya pasó por encima del Congreso y el Poder Judicial, que se opusieron a consulta para reformar la Constitución y permitir la reelección.

Con la expulsión del país del Presidente hondureño Manuel Zelaya por parte del Ejército, el 28 de junio pasado, se abre una crisis de dimensiones insospechadas en un hemisferio que se había desacostumbrado a este tipo de incidentes. Las tensiones entre partidarios y opositores a Zelaya abren la posibilidad de choques en una sociedad en que la violencia puede manifestarse con facilidad.

Las tensiones habían crecido en el país centroamericano con motivo de la insistencia del presidente Zelaya de realizar una consulta popular para modificar la Constitución e incorporar una norma que permitiera la reelección presidencial; aunque él insistía que esa norma no se le aplicaría a él, otros sostenían que era un ardid para lograr la reelección. Muchos adjudican la posición de Zelaya a la influencia del presidente Hugo Chávez de Venezuela, tal como había ocurrido ya con los presidentes Evo Morales y Rafael Correa de Bolivia y Ecuador, respectivamente. La crisis institucional generada por esta insistencia desembocó en un desenlace que equivalió a cazar palomas a cañonazos.

La resistencia a la consulta había conducido a que la Corte de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo decidiera, el 17 de junio pasado, mantener la sentencia que prohibía la realización de la consulta. El 23 de junio, el Congreso hondureño adoptó una nueva Ley de Referéndum y Plebiscitos para impedir la consulta de Zelaya. No obstante ello, el presidente ordenó al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Romeo Vásquez, que custodiara las urnas de la controvertida consulta, lo cual provocó la negativa del militar y su destitución por parte del presidente Zelaya. La Corte Suprema ordenó reponerlo en su cargo. Ello condujo a un agudo conflicto de poderes, con grave impacto en el ordenamiento jurídico e institucional de Honduras: por una parte, el presidente Zelaya y diversos sectores sociales, por el otro lado, la Corte Suprema, el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General, el Ministerio Público, los dos principales partidos políticos tradicionales y las iglesias Católica y Evangélica. En este contexto, se aduce que la Corte Suprema dio la orden al Ejército de detener al presidente Zelaya por alterar el orden jurídico nacional. El mismo 28 de junio, fue juramentado como presidente provisional el presidente del Congreso, Roberto Micheletti.

El arresto y expulsión del país del presidente Zelaya por tropas del Ejército constituye un hecho de extrema gravedad. Se ha señalado que existen numerosos antecedentes en el hemisferio que cubrieron con la hoja de parra de una oportuna renuncia la inevitable remoción de presidentes que no se podían sostener en sus cargos: Jorge Serrano en Guatemala (1993), Abdalá Bucaram, removido por incapacidad por el Congreso de Ecuador (1997), Jamil Mahuad en Ecuador (2000), Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (2003) y Lucio Gutiérrez, también en Ecuador (2005). En este caso, sin embargo, no se esperó una eventual renuncia y es la remoción forzada lo que ha provocado una crisis internacional de proporciones.

En efecto, la Organización de los Estados Americanos ha asumido desde el inicio una actitud militante a favor de la restitución de Zelaya en la presidencia. La ONU ha ido por igual camino. El ALBA, organismo creado y liderado por Chávez, ha motorizado y capitalizado políticamente la crisis hondureña. No son pocos los que consideran una desfachatez que el comandante Chávez, golpista en 1992, que ha inundado en petrodólares su reelección indefinida, que persigue opositores y hostiga órganos de expresión independientes mientras sustrae funciones a las autoridades democráticamente elegidas en Venezuela, se haya convertido en un apóstol de la democracia. Un presidente Chávez que ni siquiera cumple los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, también resulta excesivo y violatorio de cualquier ordenamiento constitucional la remoción de un presidente en los términos en que fue expelido Zelaya. Sienta un pésimo precedente en un hemisferio que se viene esforzando en fortalecer el sistema democrático y la vigencia de los derechos humanos. Los dirigentes de buena fe deberían aprovechar esta oportunidad para realizar una verdadera defensa de del sistema democrático, especialmente del ejercicio del conjunto de derechos humanos que constituyen su praxis fundamental: derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, a los derechos políticos y al respeto al Estado de Derecho.

Es por ello que en esta coyuntura el talento diplomático deberá reafirmar los valores fundamentales del Sistema Interamericano y desarrollar las prácticas que han dado resultados positivos en otras oportunidades. El quid del asunto ha estado, en buena parte, en salvarle la cara a cada uno de los actores fundamentales. En este caso, es importante intentar realizar una contribución para resolver la crisis institucional de conflicto de poderes en Honduras y acomodar en ese ámbito el regreso de Zelaya como parte de la solución, respetando el papel que le toca jugar al Congreso y a la Corte Suprema de Honduras. El pueblo de Honduras merece respeto y el principio de no intervención sigue siendo una de las piedras angulares del ordenamiento interamericano. Sin estas guías de conducta, no habrá solución duradera y sólida al conflicto planteado.