Corrupción A pesar de presión de Palacio para evitarlo, voz cantante de los petroaudios vuelve a casa bajo arresto domiciliario.

Rómulo el Incómodo

Martes 7, a las 14.33 hrs. En el baño del departamento de su hijo. Pasó casi ocho meses en penal San Jorge.

La avalancha de portadas de los diarios parecían transmitir un claro guión: el gobierno digitó la salida de Rómulo León del penal San Jorge luego de ocho meses de reclusión. Otorgarle el arresto domiciliario, según ese orden de ideas, era el paso previo a la total impunidad que conviene a Palacio.

Pero la conspiración perfecta narrada por los titulares comenzó a mostrar incómodas contradicciones. Fue el saliente premier Yehude Simon quien salió a criticar la decisión. “Yo creo que el gran perdedor de todo esto es el Poder Judicial e indudablemente el país (...), porque este proceso tiene un retraso criminal”, declaró.

La respuesta del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, llegó horas después y luego de respaldar a la Sala presidida por Iván Sequeiros, devolvió la flor. “Está fatigado y nervioso”, dijo sobre Simon. Villa Stein, por cierto, ha mostrado vehemente independencia frente al gobierno y también apoyó a la jueza María Martínez cuando, controversialmente, ésta sacó al Ministerio Público del camino en el caso del “chuponeo” relacionado con el de León y los “petroaudios”.

El propio Alan García cuestionó el martes 8 la decisión judicial con respecto a León. Esa misma mañana fue trasladado al departamento de su hijo, luego de cinco días de darse a conocer la resolución judicial.

El documento señala que, si bien se fugó al día siguiente de haber visto la luz el escándalo de los petroaudios, se entregó de forma voluntaria a sabiendas de que ya existía contra él una orden de detención que lo enviaría inevitablemente a un centro penitenciario.

Asimismo, sobre el peligro de obstrucción probatoria (otra de las razones que justificaron la detención de León), la Sala señala que la lentitud con que se lleva el proceso ya no es culpa del procesado sino del que lo juzga, en este caso el juez Jorge Barreto. Cabe destacar que el ex ministro de Pesquería viene solicitando hace meses que se abra su CPU aun si la judicatura no contrata a un perito informático forense.

El martes por la noche el ex presidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta, dijo al periodista Jaime de Althaus que a León no debió dársele el arresto domiciliario, porque la figura corresponde de forma excepcional a personas con más de 65 años, como su coprocesado Alberto Quimper. Sin embargo, la Sala recuerda que el Tribunal Constitucional estableció que es una de “las diversas formas a las que de manera alternativa, el juzgador puede apelar con el objeto de evitar la detención judicial preventiva”.

En otra muestra de autonomía, la OCMA ya investiga a los magistrados que emitieron la resolución.

DE OTRO LADO, Barreto podrá ser un magistrado poco dado a dejarse influenciar por la presión externa, pero aquí también le ha caído palo desde el máximo despacho del Poder Judicial. “Es como si un paciente estuviera mal y recién se pida medicinas a los 7 meses”, ironizó a fines de mayo Villa Stein cuando Barreto pidió la contratación de peritos informáticos a punto de vencerse el plazo de investigación. Como consecuencia, el caso fue declarado complejo.

El caso de los petroaudios se inició en octubre. Son 16 los procesados acusados por los delitos de cohecho pasivo, negociación incompatible y tráfico de influencias cuyas penas máximas oscilan entre los 6 y 8 años. Hasta el momento Barreto solo ha contratado a dos peritos que analizan si las bases del proceso de selección favorecieron a alguien. Queda por contratar a los otros dos peritos que revisen si el proceso de selección en sí mismo benefició a alguna de las partes. Y aún no se contrata al perito informático forense que determine cuál es el real contenido del CPU de Rómulo León.

En contraste, el proceso por espionaje telefónico empezó en febrero. Son 7 los procesados, de los cuales seis están presos. La jueza Martínez solicitó al PJ la contratación de dos peritos informáticos y dos veedores del Colegio de Ingenieros. Además, se compraron 4 softwares incase (que permite recuperar archivos eliminados) y ya se verificó y deslacró todo el material incautado (29 CPU’s, tres laptops, 26 discos duros, 672 cd’s, 26 USB’s y 246 disquetes).

León, mientras tanto, rompió su breve huelga de hambre, motivada por la demora para hacer efectivo su arresto domiciliario, con una sopa de pollo, una bebida energizante y una torta de chocolate. Fue su primer dulce bocado en mucho tiempo. (Roberto More)